DIputados tachirenses que conforman la comisión de la AN encargada de investigar las protestas registradas en el IUT , señalaron que entrevistarán estudiantes, familiares de funcionarios de la fuerza pública y docentes universitarioS  para aclarar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos 

Diputados tachirenses que conforman la comisión de la Asamblea Nacional encargada de investigar las protestas registradas en el Instituto Universitario Tecnológico Los Andes, en las que fueron asesinados dos agentes policiales de Politáchira y la Policía Nacional Bolivariana, señalaron que entrevistarán estudiantes, familiares de funcionarios de la fuerza pública, docentes universitarios, vecinos, agentes policiales y comerciantes para aclarar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Según los parlamentarios, siete personas iban a bordo del microbús de Expresos Barinas que fue secuestrado en el terminal de pasajeros de San Cristóbal junto a una decena de unidades más y conducido contra el cordón de seguridad policial, matando en el sitio a Nicolle Pérez Soler (Politachira) y Otto Armando Márquez (PNB). Los estudiantes José Sulbarán y Jorge Domínguez fueron privados de libertad en audiencia el pasado viernes y se ordenó como reclusión el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira pero esto no ocurrió.

“Ni siquiera están en los calabozos donde están los otros delincuentes y eso ni porque mataron a dos policías. Están en Politáchira, llegan a visitarlos quien quiera, incluso mismos estudiantes del IUT a cualquier hora del día, están privilegiados como si hubiesen hecho algo heroico”, dijo Franklin Duarte, diputado suplente por el circuito de la frontera, quien envió un mensaje de tranquilidad a los funcionarios policiales ante este hecho.

Sergio Vergara señaló que desde el día anterior se habían hecho reuniones para llevar a cabo las manifestaciones en el IUT y que el día de los acontecimientos, varios periodistas fueron convocados a una rueda de prensa que sería ofrecida por directivos del instituto sobre los motivos de la protesta.

“No entendemos por qué esta unidad salió para retornar inmediatamente al recinto estudiantil. Simplemente para causar este daño irreparable a dos familias tachirenses. La idea es impedir que lo que está sucediendo, que es una persecución a periodistas, a policías y a quienes queremos conocer la verdad, se detenga. Detrás de esos jóvenes hay unos actores que impulsaron la protesta”, dijo Vergara.

El diputado tachirense del Psuv, Ricardo Sanguino, aseguro que en la Asamblea Nacional no se había nombrado ninguna comisión que se encargara de investigar los hechos de protesta en el IUT, ni se llevó a discusión el caso en la comisión de Relaciones de Interior y Justicia. En tal sentido señalaron los legisladores que esta comisión fue creada a través de la presidencia del parlamento.

“Lo importante aquí es si la verdad está saliendo a la luz pública”, agregó Vergara.

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El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos aseguró que «hay otros países en el continente que se encuentran en una peor situación en temas de salud»

El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, consideró que es «irresponsable» hablar de que hay una crisis humanitaria en su país y señaló que hay naciones del continente en una situación «muchísimo más grave».

Álvarez expresó así ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su malestar por que la mayoría opositora del Parlamento venezolano decretara a finales de enero que el país vive una «crisis humanitaria de salud».

«Se ha empezado a hablar de que estamos en crisis humanitaria y lo manejan de manera muy alegre e irresponsable sin saber qué es una crisis humanitaria, que no es lo que está ocurriendo», afirmó el diplomático.

«Es una gran irresponsabilidad decir eso, solamente tocaría ir a los sectores pobres de Argentina y cualquier país de Centroamérica y estaríamos en presencia de una situación muchísimo más grave», agregó.

Álvarez se pronunció en este sentido en una audiencia pública en la CIDH solicitada por organizaciones de la sociedad civil para denunciar el desabastecimiento de medicamentos y la marcha de un gran número de médicos venezolanos a otros países.

Florisabel Zambrano, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud, fue la única de los cuatro activistas que pudo viajar a Washington para la audiencia por problemas a la hora de recibir los visados.

Zambrano, que se mostró de acuerdo en que «no hay una crisis humanitaria» en Venezuela, pidió tanto al Gobierno como a la oposición que preserven los avances en salud logrados durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez.

Así, denunció el desabastecimiento de medicamentos, el alto precio de las medicinas y la «fuga de cerebros» médicos a otros países donde tienen mejores condiciones económicas.

«Hay una desorganización, el Estado debe detectar cuánto es necesario comprar, identificar cuáles son las mafias que impiden que los medicamentos lleguen a los ciudadanos, trabajar para acabar con la corrupción y vigilar el proceso de reparto de medicamentos», explicó Zambrano luego de la audiencia.

«No estamos en una crisis humanitaria, debemos solucionar este problema de desorganización dentro del país», agregó.

Por su parte, el embajador venezolano defendió que no existe una falta de accesibilidad sino que hay un problema de disponibilidad, «que nadie niega y que es producto de muchas cosas».

La CIDH evitó dar su opinión sobre la situación de la Medicina en Venezuela y se limitó a hacer algunas preguntas al Estado sobre las medidas tomadas al respecto.

La Comisión, órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, acogió cuatro audiencias sobre Venezuela en la primera jornada de audiencias públicas de su 157 periodo de sesiones.

En febrero, el presidente de la Comisión de Salud del Parlamento venezolano, José Manuel Olivares, solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayuda humanitaria para su país y una visita técnica que certifique la «crisis humanitaria de salud» decretada a finales de enero por la Asamblea Nacional (AN).

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El organismo explicó que García Torrealba tenía tres meses de reposo cuando ocurrió el hecho, por lo que aseguraron que sus acciones están “aisladas a la OCN Caracas y al Cicpc”

Interpol Venezuela emitió un comunicado desmintiendo informaciones difundidas por agencias de noticias y diversos medios de comunicación en que señalan que “un jefe de la Interpol Venezuela” fue acusado por el caso de la avioneta con cocaína detenida en República Dominicana, habiendo venezolanos implicados en el hecho.

Eliécer García Torrealba, quien fue señalado por la prensa de ser jefe detective de la Interpol, en verdad es detective del Cicpc,  según reza el comunicado.

Asimismo, el organismo explicó que García Torrealba tenía tres meses de reposo cuando ocurrió el hecho, por lo que aseguraron que sus acciones están “ aisladas a la OCN Caracas y al Cicpc”.

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El presidente de la Comisión de Política Exterior, considera que es necesaro un cambio de gobierno para poder solventar el problema por el que está pasando Venezuela

El diputadoo de Voluntad Popular, Luis Florido comentó que, hace unas semanas, España realizó un ofrecimiento de ayuda humanitaria para Venezuela.

“La comisión lo discutió y se exhortó al gobierno aceptar esa ayuda, hemos visto cómo las personas están afectadas por la escasez de medicinas, han muerto venezolanos por problemas cerebrovasculares y el gobierno debe asumir este tema con responsabilidad”.

“Todos los gobiernos nos dijeron que se requería la solicitud por parte del gobierno venezolano, pero se mantenían dispuestos ayudar”, explicó.

Para el presidente de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía esta coyuntura no se resuelve exhortando al Ejecutivo, sino que considera necesario un cambio de gobierno. “Esa es la forma de resolver este problema, tenemos un gobierno soberbio que no escucha al pueblo”, agregó.

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