Como en todo viernes de temporada alta, las terminales del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía lucían ayer abarrotada de pasajeros. Filas de usuarios esperando ser chequeados y otros sentados en escaleras o sillas, aguardando la hora de su vuelo y maleteros en constante movimiento. En medio de todo esto, algo inusual destacaba, el movimiento constante de inmensos tobos azules y naranjas en medio de los terminales rumbo a los cuartos de baño ubicados tanto en el área pública como de tránsito, para garantizar, por lo menos, su limpieza. Y es que este viernes, la crisis de agua que atraviesa todo el estado Vargas, desde principios de año, se hizo evidente en el principal aeropuerto del país.

A través de la cuenta oficial del Aeropuerto de Maiquetía @SVMI, la vocería del ente informó que «el servicio de agua potable era restringido», responsabilizando de la falla a la falta de suministro a través del Sistema Litoral de Hidrocapital.

«El suministro de agua está restringido desde hace meses. Unos baños permanecen cerrados y así, pero hoy llegamos a un punto que no hay agua para ser suministrada a través de los grifos, así que nos tenemos que resolver con tobos», cuenta una empleada de mantenimiento de una empresa concesionaria que presta servicio en Maiquetía, que no desea ser identificada.

Logística de última hora

Los coordinadores del personal de mantenimiento se comunican a través de equipos de radios, para organizar la distribución de los contenedores de agua hasta los baños más concurridos.

Otros cuartos sanitarios fueron clausurados por la contingencia, mientras que en los operativos, el piso era cubierto con cartón, para evitar que el agua derramada ocasionara algún incidente y se le sugería a cada usuario que colaborara con el mantenimiento usando un tobo de agua, tras salir del sanitario. Muchos pasajeros expresaron su malestar.

«Esto no puede estar pasando en una temporada alta, ni en un aeropuerto tan importante. Cada vez el servicio es peor y el cobro de impuestos es mayor. El personal de limpieza intenta mantener el orden, pero predomina la hediondez por la falta de agua», comentó Rosa Jaen, quien viajaba a Porlamar.

Los concesionarios, vendedores de comida, indicaron que estaban trabajando con agua potable externa. El Aeropuerto de Maiquetía posee un tanque de almacenamiento de agua de 7 millones de litros, con capacidad para abastecer las terminales del área nacional, internacional y auxiliar, de forma autónoma por un lapso de unos siete días.

NADESKA NORIEGA ÁVILA

EL UNIVERSAL

De las 890 familias damnificadas que llegaron al refugio del que sería el Sambil de Candelaria en 2010, cien todavía ocupan la estructura y aspiran ser reubicadas lo antes posible.

«El presidente Nicolás Maduro dio instrucciones para que estas familias sean trasladadas a una vivienda y pensamos que no deberían pasar más de dos meses hasta que esto ocurra», dijo Luis Manuel Cortéz, jefe de seguridad del colectivo Catedral Combativa EPP, que está a cargo de la seguridad interna del refugio.

Hace más de un mes, el ministro para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, y el director del Atención al Ciudadano del comité de trabajo del Ministerio de Comercio, Nelson Milano, visitaron las instalaciones del refugio.

Según las voceras del Sambil Candelaria estas autoridades constataron el trabajo organizado de las cien familias que habitan el refugio, quienes dejaron clara su petición de ser reubicadas en Distrito Capital para estar cerca de sus trabajos y de las escuelas de sus hijos.

«Hay un grupo de familias que ya están pre-adjudicadas para el urbanismo Mandela de Misión Vivienda ubicado en Santa Mónica, pero hay otras que todavía no saben que opción les tocará», informó Yenifer Irigoyen, quien vive en el refugio desde 2010.

Las residentes del ex Sambil Candelaria hacen un llamado al ministro de Comercio, Dante Rivas, encargado del refugio, para que se acerque al lugar y se organice una mesa de trabajo, «como las que anteriormente se hacían con la exministra de Comercio, Edmmé Betancourt, en su despacho, para así poder definir el destino de las personas que habitan allí», dijo Mariana Castro, una de las voceras.

Opiniones encontradas

De las cien familias que ocupan la estructura del ex Sambil Candelaria, 38 son propietarias que están registradas desde que el sitio se convirtió en refugio. Otras 36 pertenecen al desglose o disgregado (familias que surgieron en la estructura: hijos que se casaron o tuvieron hijos). Y 24 están catalogadas como «caso social», personas en situación de calle que también llegaron a la edificación en 2010 con la anuencia de las autoridades y que están censadas.

Niobis Plata pertenece a este último grupo y pide a las autoridades no ser excluida pues a ellos les hicieron un estudio socioeconómico y les prometieron vivienda. «No entramos arbitrariamente». A pesar de esto, José Reyes, coordinador del refugio, declaró que solo aguardan adjudicación las 38 familias propietarias, sin tomar en cuenta a las demás.

Las damnificadas del Sambil rechazan señalamientos que apuntan al tráfico de drogas desde esa instalaciones, aseguran que no son delincuentes: «En algún momento ocurrieron hechos irregulares pero ahora las cosas están muy tranquilas, hace mucho tiempo que no tenemos ninguna situación irregular», dijo uno de los damnificados.

Las voceras del refugio informaron que ochenta por ciento de las personas que habitan esta edificación son madres solteras que trabajan e incluso con entes del gobierno y sus hijos son universitarios, bachilleres, de educación primaria y profesionales.

DELIA MENESES

  EL UNIVERSAL

«Es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia, y va a pagar ante la justicia. Tiene que pagar y va a pagar». Para la defensa del dirigente opositor Leopoldo López estas palabras pronunciadas el miércoles por el presidente Nicolás Maduro representan una clara intromisión en el Poder Judicial y por ello solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tome medidas.

Ayer, el abogado del líder fundador de Voluntad Popular, Juan Carlos Gutiérrez, solicitó a la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, que informe a la presidenta del máximo juzgado, magistrada Gladys Gutiérrez, sobre esta interferencia del Jefe del Estado para que «le ponga freno», en aplicación del artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Luego de interponer esta acción Gutiérrez se trasladó hasta la sede principal del Ministerio Público, donde junto al directivo de Voluntad Popular y concejal metropolitano, Freddy Guevara, para denunciar que su cliente y los destituidos alcaldes de San Diego y San Cristóbal, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, respectivamente; fueron agredidos durante una requisa que presuntos agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (antigua DIM) realizaron en la cárcel de Ramo Verde (Los Teques).

«Queremos denunciar que Enzo fue esposado y golpeado. Daniel y Leopoldo también fueron agredidos, pero no hemos podido constatar su estado físico, pues su esposa Lilian (Tintori) todavía no ha podido entrar, pero si es información real. No solamente fueron agredidos sino que también fueron robados. Le robaron lo que tenían adentro (de las celdas)», aseguró Guevara.

El aislamiento sigue

Guevara prosiguió asegurando que López, Scarano y Ceballos continúan confinados en sus celdas y calificó de «trampa» las medidas anunciadas el lunes por el Ministerio Público y las autoridades de la prisión.

«La idea es que pudieran estar un tiempo afuera, les tomaran una foto y la difundieran para decir que no estaban aislados», denunció.

Por su parte, Gutiérrez pidió al Ministerio Público procesar al director de Ramo Verde, pues él debe velar por la integridad de los internos.

Las esposas de los dirigentes presos, Lilian Tintori, Patricia Gutiérrez, Rosa de Scarano y María de Lucchese responsabilizaron al Presidente de lo que les ocurra a sus cónyuges.

JUAN FRANCISCO ALONSO

 EL UNIVERSAL

Durante los cinco meses de protestas que se registran en la capital del estado Lara, la desarrollada la tarde y noche del jueves fue distinta al resto, por la crudeza en los ataques por parte de funcionarios de la Guardia Nacional contra personas que nada tuvieron que ver en los hechos.

Así lo señaló el ciudadano Rafael Mendoza, habitante de la urbanización Fundalara, al este de Barquisimeto, tras señalar que jamás había sido víctima de sesenta y ocho bombas lacrimógenas en su casa, como si se tratara de la guerra que mantiene Israel contra Palestinos en la Franja de Gaza.

Precisó que los guardias nacionales excedieron sus fuerzas en el control de la protesta y arremetieron con todo en la referida urbanización, concretamente entre las calles Capanaparo y Orinoco, dejando una estela de personas afectadas que todavía ayer viernes no podían respirar con normalidad, por los gases tóxicos lanzados sin control.

Acotó que se trató de una exageración de los castrenses lanzar la injustificada cantidad de bombas hacia el interior de las viviendas, y un flagrante irrespeto a los derechos humanos, cuando la manifestación era en plena vía pública, y además era pacífica. Una de las personas que quedó afectada y que debe llamar poderosamente la atención de las autoridades competentes es un niño de apenas un añito y medio de edad, puntualizó.

Detalló que este bebé no soportó los efectos de los gases y tuvo que ser sacado de emergencia para un centro asistencial de salud, ya que le dio un ataque de asfixia.

En este sentido, le hizo un llamado a los representantes del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente para que tomen las correspondientes cartas en el asunto, a fin de que estas acciones cesen en favor de la integridad física y por el interés superior del menor, amparado por la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente (Lopna).

Lamentó también el estado de salud en el que quedaron varias personas de la tercera edad que habitan en el lugar, quienes estuvieron envueltos en la nube de humo químico desde las 4:00 de la tarde hasta las 9:30 de la noche.

Sostuvo que en esta oportunidad, los guardias nacionales habrían utilizado otro tipo de gas más perjudicial que les prolongó por mayor tiempo los efectos de ardor, picazón y lagrimeo. «Arremetieron en nuestras casas con total ensañamiento como si fuéramos los manifestantes”, reprochó. Expuso que varios funcionarios se montaron sobre los techos y partieron un importante número de tejas.

Escrito por Richard Alexander Lameda

Foto: Edickson Durán/Archivo

 EL IMPULSO