La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) transformará el marco regulatorio para darle sustento y viabilidad al Plan Nacional de Telecomunicaciones, Tecnología e Información y Servicios Postales.

Así lo señaló el director de Conatel, Wiliam Castillo, en declaraciones este viernes desde la sede del Ministerio para Ciencia, Tecnología e Innovación, en Caracas, donde el titular de ese despacho, Manuel Fernández, expuso el contenido y propósitos de ese plan en una reunión con empresarios de los sectores públicos y privados.

Castillo sostuvo que este plan es un instrumento que va a servir para coordinadar políticas del Estado y en el caso de Conatel, ente regulador adscrito al Ministerio para la Comunicación y la Información, deberá «redefinir, relanzar y reorganizar los instrumentos normativos para darle viabilidad a este plan».

Recordó que el actual marco jurídico en materia de telecomunicaciones es del año 2000, con reformas que se han producido en estos 15 años de revolución, «pero requiere una renovación y revisión para adaptar la visión de la construcción del socialismo, del poder popular, la integración, el gobierno electrónico, la visión del acceso universal de los ciudadanos y ciudadanas en todo momento y lugar del territorio a las telecomunicaciones bajo cualquier dispositivo».

Resaltó que entre los grandes retos pendientes en esta materia está el acceso universal a las telecomunicaciones. «Como se sabe, la ley orgánica de telecomunicaciones, en el año 2000, dictó la providencia para la creación de un fondo que permita a los ciudadanos este acceso».

Mencionó que actualmente en Venezuela se están tendiendo 6.000 kilómetros de fibra óptica, hay 400 kilómetros terminados y se están construyendo más de 200 nodos para el transporte de este material, «y este año comenzarán los estudios para la red de acceso que va a permitir comunicar a los poblados a la red de transporte».

«Cuando esta red de transporte esté culminada, seguramentte antes de 2019, vamos a tener las verdaderas autopistas de información en el país; eso es fundamental. Sin esa infraestructura es imposible darle a la gente acceso a la comunicación a la más alta velocidad y en todo el país», puntualizó.

Igualmente, Castillo mencionó como elementos adicionales el desarrollo de aplicaciones, «que es una de las tareas del Estado y del sector privado, de aplicaciones venezolanas producidas con el software libre en el país; el desarrollo de los servicios de gobierno electrónico en la administración pública para facilitar los trámites al sector privado, a la economía y al ciudadano; el desarrollo de contenidos y la base de datos que le permitirán a las personas tener acceso a su música, a su historia, a su cultura e intercambiar contenidos».

Como un elemento transversal citó el desarrollo del conocimiento que implica la formación de nuevas generaciones a través de oportunidades de estudio, desarrollo de investigaciones para estudiantes, centros académicos, etc.

Fuente: GV

Durante rueda de prensa realizada en horas de la tarde de hoy, señaló que José Cruz, ex Director de Seguridad de la UCV, incumplió con sus obligaciones al llevar a cabo un procedimiento sin autorización

La destitución del Director, Sub-Director y Jefe de Operaciones de Seguridad de la UCV, por parte de la Rectora, Cecilia García Arocha, fue el motivo por el cual un grupo de trabajadores de esa dependencia, se congregó a las puertas del edificio del Rectorado para exigir la presencia de la Rectora, a quien los ex directivos pedían “diera la cara para que asumiera la decisión tomada por ella”.

García Arocha señaló, ante las acusaciones del ex Director de Seguridad, José Cruz, que “esta universidad no es represiva, aquí no queremos e históricamente nunca se ha entregado a ningún estudiante, ni siquiera cuando se encapuchaban los que todo el país conoce”.

Esto en alusión al despido del que fue objeto luego de que el pasado miércoles 12 de marzo, entregara a un grupo de estudiantes a la Guardia Nacional, sin presentar un informe a las máximas autoridades universitarias, ni mostrar pruebas de sus supuestos delitos.

“No podemos tener confianza. No queremos seguir trabajando con quien nos engañó y su cargo es de libre nombramiento y remoción, y no tengo que consultarlo a ningún sindicato”, expresó la Rectora quien agregó que los estudiantes entregados por Cruz, fueron puestos en libertad plena ayer.

Ex Directivos de Seguridad exigían presencia de Rectora García Arocha a las afueras del edificio rectoral

Por su parte, José Cruz, declaró que los jóvenes tenían en su poder envases con gasolina, cascos de la GN, capuchas y objetos punzo penetrantes, agregó que sólo uno portaba carnet de la USM. “No los secuestramos ni nada. Es una destitución sin motivo y no estamos aquí por el cargo, pedimos justicia”, aunque aclaró que después de conocer de su destitución, prefirió poner su cargo a la orden junto a los de Nelson Terán (Sub-Director) y Álvaro González (Jefe de Operaciones). Nosotros le pusimos el cargo a la orden el miércoles en la noche y estaremos aquí hasta que nos atienda”, exigía.

Agresiones al salir de acto de grado

Durante la mañana de hoy, se llevaba a cabo un acto de grado en el Aula Magna, de estudiantes de Medicina, presidido por las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Cecilia García Arocha. A la salida del mismo, los trabajadores de la Dirección de Seguridad, liderados por el ahora ex Director de Seguridad, José Cruz, y representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, SUTRA, agredieron verbalmente al equipo rectoral exigiendo respuestas ante la decisión asumida por el CU, en sesión extraordinaria el día de ayer.

La Rectora señaló que “la decisión tomada es firme”, puesto que “éstos son cargos de libre nombramiento y remoción”; sin embargo, indicó que “nunca se ha negado al diálogo y hacerle frente a la situación”.

NP

El diputado de Voluntad Popular, Lester Toledo, desmintió acusaciones de legisladores oficialistas, quienes aseguraron que el hombre que murió en Palaima el pasado fin de semana, era un paramilitar financiado por Voluntad Popular.

Familiares aseguraron en la morgue del Hospital Universitario, que se trata de Jonathan Enrique Martínez García, de 30 años de edad, era venezolano, se dedicaba a vender agua por esa zona y el año pasado había sido detenido por funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco por posesión de sustancias sicotrópicas. El hombre estaba residenciado en Mara y desde hace varios meses permanecía en la indigencia.

La autopsia reveló que Martínez estaba bajo efectos de una sustancia cuando trató de derribar una valla, la cual le impactó en la cabeza y le produjo la muerte en el sitio.

El diputado Toledo cuestionó que sus pares oficialistas arremetieran sin pruebas. El pasado martes 11, Acosta, acompañado de los parlamentarios Omer Muñoz, José Díaz, Douglas Noriega y Alfredo Bracho, dijeron que Jonathan Martínez era un paramilitar que estaba operando en el país y estaba financiado por VP.

«Tienen semanas acusándome de cuanta cosa ocurre en el Zulia, ahora que hicieron una más grave que les salió por la culata», dijo Toledo.

«José Luis Acosta es otro irresponsable más que pretendió hacer como sus otros colegas una acusación contra nosotros sin prueba alguna. A la banda de los pinochos rojos no les cree nadie», aseveró.

Expresó el dirigente nacional de Voluntad Popular que quedó expuesta la mentira y que, tal como se hizo con Leopoldo López, el chavismo quiere un chivo expiatorio en Maracaibo. «Desmontaremos todos sus embustes», expresó Toledo.

Fuente: EU

Cámaras de Comercio de Caracas, Valencia, Cumaná, Carúpano, Municipio Valdez, Mérida, Puerto Cabello y Vargas se pronuncian ante la situación del país

1. La actual situación de conflictividad social es el resultado de un conjunto de políticas económicas y sociales erradas. El socialismo del siglo XXI ha sembrado odio, división y resentimiento, sin resolver y agravar la inseguridad ciudadana, inflación y escasez. Paulatinamente ha construido un clima de impunidad y totalitarismo que ha desvirtuado las válvulas institucionales, hasta obligar a muchos ciudadanos a participar en protestas pacíficas, porque no encuentra ningún otro camino para hacerse oír.

2. Rechazamos la violencia como medio para dirimir las diferencias y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para intentar controlar las manifestaciones de calle. Rechazamos el abandono de garantías y derechos constitucionales a los detenidos por participar en manifestaciones. Exhortamos al respeto incondicional de los derechos humanos, el respeto a la vida, el debido proceso y el uso de medios lícitos y de aceptación universal para controlar manifestaciones públicas. Rechazamos categóricamente la tortura y tratos degradantes.

3. El derecho a manifestar tiene rango constitucional. Es un mecanismo pacífico y democrático para llamar la atención del gobierno y exigirle rectificación y diálogo. La sociedad venezolana exige un ambiente político sin odios ni exclusiones, una economía que permita realizar los sueños de prosperidad de cada uno, y condiciones de seguridad ciudadana que permitan pensar que la vida es una expectativa confiable y no un resultado azaroso.

4. El gobierno debe atender el clamor social y disponerse al diálogo para la rectificación, con agenda y condiciones de participación previamente acordadas, en las que el reconocimiento y el respeto estén plenamente garantizados. Un diálogo respetuoso y sereno no es la oportunidad para que el gobierno demuestre una posición de dominio. Todo lo contrario, es el gobierno quien está obligado a dar señales de rectificación y compromiso con la paz. En tal sentido debe resolverse previamente, y como señal de buena voluntad, la liberación de todos los jóvenes y estudiantes presos, y con ellos una agenda de liberación de los presos políticos. El diálogo nunca será fructífero si se mantienen las condiciones de injusticia que ha sido motivo de las protestas ciudadanas.

5. El diálogo social, para ser productivo tiene que generar soluciones y construir compromisos para el cambio. La inseguridad ciudadana tiene que atacarse en sus causas. El gobierno debe comprometerse a combatir la impunidad, trabajar para restablecer el estado de derecho y construir una agenda verificable para el desarme de los grupos paramilitares y unidades de batalla socialistas que actúan al margen de la constitución.

6. El gobierno ha promovido la ruina social a través de una economía socialista. Los controles de divisas, costos, precios y utilidades y una legislación laboral inconsulta han traído consigo la escasez, la inflación, la desinversión, la desconfianza y el desempleo. La crisis económica se ha gestado por malas decisiones y la vulneración sistemática de los derechos de propiedad de cada ciudadano. El desabastecimiento es el resultado del colapso del control cambiario y la negación sistemática de la libertad de empresa; su cerco a través de leyes, reglamentos, normas y disposiciones han agotado los inventarios de las empresas. Estamos viviendo el colapso de la economía, y esto es lo que ha provocado insatisfacción social y los problemas de gobernabilidad que hoy sufrimos todos los venezolanos. Por la escasez y la inflación protestan hoy los ciudadanos venezolanos en todo el país.

7. Preocupa que el gobierno ni rectifique ni muestre el sentido de urgencia que exige la crisis que vivimos. Es inocultable que las protestas piden soluciones a situaciones concretas, como que 5 ciudades venezolanas se encuentran entre las primeras 50 urbes de más alto índice de criminalidad y asesinatos en el mundo; y que la inseguridad económica ha colocado a Venezuela como uno de los 2 países con mayor tasa de inflación en el mundo; que la vida se ha vuelto insufrible gracias a la ineficiencia e interrupción continua de la prestación de los servicios públicos. Los ciudadanos exigen, por ejemplo, calidad en el suministro de la electricidad, agua y gas. Los venezolanos quieren rectificación para vivir civilizadamente con buenos servicios, sin colas, sin racionamientos y sin corrupción.

8. Estamos convencidos que si el modelo económico y social previsto en el Plan de la patria no se rectifica en sus premisas, provocará inexorablemente la destrucción vertiginosa de lo que queda del aparato productivo nacional y consiguientemente la destrucción de las fuentes de empleo. El gobierno debe acatar el mandato constitucional que establece límites precisos a sus atribuciones reguladoras, y le exige trabajar para promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios y la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. Sin empresa privada no es posible pretender empleos productivos, pero tampoco es posible vivir en libertad. El Plan de la patria no puede ser la bitácora para destruir la economía, desestabilizar la sociedad y desmantelar la constitución.

9. Hacemos un llamado al gobierno para que tome debida nota de lo que planteamos. La paz y el progreso solo se pueden lograr transitando el camino de la justicia y la plena vigencia del estado de derecho.

A los catorce días del mes de marzo de 2014.

Fernando Eseverri Presidente

Cámara de Caracas

Gustavo Sosa I.

Presidente

Cámara de Comercio de Valencia

Ricardo Morgado G. Presidente

Cámara de Comercio de Cumaná

Marcos Delgado

Presidente

Cámara de Comercio de Mérida

José Manuel Rodríguez Presidente

Cámara de Comercio Puerto Cabello

Eduardo Quintana

Presidente

Cámara de Comercio de La Guaira

Alberto González Presidente

Cámara de Comercio e Industrias Carúpano

Adalgiza Cabello

Presidenta

Cámara Comercio Industria y Producción Municipio Valdez

NP

Entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 2014 el gobierno nacional impuso 26 cadenas obligatorias de radio y televisión que sumaron 38 horas y 22 minutos, para un promedio de una hora y 31 minutos diarios sin acceso libre a la información.

Durante las jornadas de movilizaciones de calle en el país ocurridas entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 2014, Espacio Público registró 127 personas afectadas entre infociudadanos, locutores, periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos; quienes fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en ejercicio de su labor.

Se contabilizaron 87 casos y 162 violaciones a la libertad de expresión, que se distribuyen en las siguientes categorías: Las denuncias recibidas incluyen 22 detenciones, 30 agresiones, 18 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.

Del total personas afectadas 94 de las víctimas se agrupan en las categorías de periodistas y reporteros gráficos: locutores, fotógrafos o camarógrafos, medios de comunicación y periodistas.

Desde el 12 de febrero al 12 de marzo de 2013 Espacio Público registró 15 casos de violaciones a la libertad de expresión; los 87 casos contabilizados durante el mismo período de 2014 representan un aumento de 480% con relación al mismo período del año anterior, reseña la nota de prensa.

Además durante el año 2013 se contabilizaron 287 violaciones a la libertad de expresión; las 162 violaciones a este derecho registradas desde el 12 de febrero al 12 de marzo de 2014 equivalen al 56,44% del total de violaciones en 2013.

Entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 2014 el gobierno nacional impuso 26 cadenas obligatorias de radio y televisión que sumaron 38 horas y 22 minutos, para un promedio de una hora y 31 minutos diarios sin acceso libre a la información. En el año 2013 se registró un promedio de 49 minutos diarios de cadenas.

Antecedentes

Desde el martes 04 de febrero estudiantes del estado Táchira ejercieron su derecho a la manifestación pacífica, en contra de la inseguridad, tras numerosas denuncias de robos en las universidades y el intento de violación a una joven de la Universidad de Los Andes. A pesar de haberse registrado otras movilizaciones en Venezuela, la del estado andino fue la única reprimida, dejando como saldo cuatro estudiantes detenidos.

Las protestas estudiantiles continuaron y se multiplicaron los días sucesivos en varios estados del país, exigiendo la liberación de los estudiantes tachirenses y demandando medidas del Estado para combatir la inseguridad. En paralelo, desde el 02 de febrero, se realizaban asambleas ciudadanas convocadas y encabezadas por dirigentes de oposición, con la finalidad de escuchar la opinión de los venezolanos en cuanto a soluciones y propuestas para conseguir «la salida» a la inseguridad y a la crisis económica venezolana.

Entre las acciones a realizar, la oposición convocó una movilización de calle para conmemorar la batalla de La Victoria, fecha en que Venezuela celebra el Día de la Juventud, recordando que el 12 de febrero de 1814 un ejército compuesto mayoritariamente de estudiantes venció a los realistas durante la Guerra de Independencia.

Las protestas se realizaron en varias ciudades de Venezuela, destacando la caraqueña, donde estudiantes y sociedad civil caminaron desde la Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República. Al finalizar la movilización un grupo de manifestantes decidieron mantenerse en el lugar, mientras grupos de civiles armados y funcionarios de orden público estaban en los alrededores; seguidamente se desencadenaron encuentros violentos, dejando como resultado tres venezolanos fallecidos, cientos de heridos, y más de 100 detenidos.

Según cifras de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 1603 personas han sido procesadas tras detenciones en manifestaciones por «alteración del orden público, instigación pública, algunos imputados por homicidio en los casos respectivos, y otros lesiones graves. También hemos registrado 318 personas lesionados, de los que 237 son civiles y 81 Guardia Nacional Bolivariana o Policía Nacional Bolivariana»[1].

La Fiscalía también señaló que 28 personas han fallecido y 365 han resultado heridas durante las manifestaciones desde el 12 de febrero al 12 de marzo de 2014.

Fuente: EU