El olor que produce la morgue de Caracas se siente incluso a las afueras del edificio. Es un lugar reconocido por los caraqueños, situado en una zona residencial de clase media, Bello Monte. Hasta el viernes pasado, al edificio ingresaron 205 cadáveres en lo que va de 2014.
Entre ellos, el cuerpo del hijo de una mujer que habló con BBC Mundo en la sala de espera. «Entraron a la casa unos policías buscando a unos malandros y al no encontrarlos me lo mataron», asegura mientras se tapa la boca con un pañuelo para evitar el olor.
«Acá hay que tenerle miedo a los delincuentes y al gobierno», dice. Su hijo -de quien pidió no revelar su identidad- deja huérfana a una niña de 6 años, al igual que la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear, quien fue asesinada junto a su esposo hace dos semanas ante la presencia de Maya, su hija de 5 años.
La inseguridad es un fenómeno cotidiano en Venezuela. Pero el crimen de la estrella de televisión reavivó el debate sobre la violencia que estremece a este país hace años.
El presidente Nicolás Maduro reconoció la semana pasada, por primera vez en 14 años de revolución bolivariana, «la deuda (del gobierno) con el pueblo en crear un esquema de seguridad pública». El mandatario venezolano además emprendió una nueva campaña para «pacificar el país»: estudia cambiar el Código Penal, llamó al diálogo con la oposición e identificó, una vez más, a la televisión y las telenovelas como un catalizador de la violencia criminal.
Escalada
Por donde quiera que se mire, la violencia en Venezuela es extraordinaria. Si uno ve las cifras del gobierno, que hablan de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2013, encuentra a un país más violento que Colombia y México, naciones azotadas por la violencia durante décadas.
Pero si uno se remite a las cifras del independiente Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que estima 79 muertos por cada 100.000 habitantes el año pasado, ve a un país que parece estar en una guerra civil. Aunque no sea el caso. En 1999, año en que el fallecido Hugo Chávez llegó al poder, la cifra oficial era de 19 homicidios por cada 100.000 personas. Y eso, para los estándares de la Organización Mundial de la Salud, ya se trataba de una sociedad que vivía una «epidemia de violencia».
En el origen del fenómeno, más allá del debatible argumento de las telenovelas, está una mezcla de factores que van desde la crisis del sistema judicial y penitenciario hasta la enorme cantidad de armas que circulan en el país.
Cuándo
La historia reciente de Venezuela sufrió un sacudón en 1983, cuando el entonces estable y confiable bolívar padeció una drástica devaluación que marcó el inicio de un largo periodo de inestabilidad económica. «Se detuvo el sueño de los pobres de transformarse de rurales a urbanos y se trancó la movilidad social que antes había funcionado bien», le explica a BBC Mundo el activista social Jesús Torrealba.
Seis años después, el desencanto con la clase política y la frustración social, entre otras cosas, condujeron a un estallido social conocido como el Caracazo, una serie de jornadas de saqueos a comercios y represión policial y militar. Muchos sitúan en ese contexto el inicio de la violencia actual. Sin embargo, en parte basados en el continuo crecimiento de las cifras de homicidios, otros estiman que el fenómeno se agravó desde el comienzo de la llamada revolución bolivariana.
Política social
Chávez, un militar que antes de ser elegido presidente en 1998 había intentado tomar el poder a través de las armas en dos ocasiones, implementó una política social con la que quiso erradicar la delincuencia.
Se basaba en la premisa sociológica, y manejada por algunos criminólogos, de que los delincuentes son víctimas de una sociedad excluyente producto del capitalismo. «Esa idea explica la actitud reticente de Chávez a meterse con la inseguridad, porque para él implicaba cambiar la política social», le dice a BBC Mundo Elsie Rosales, directora de postgrado de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Según índices de Naciones Unidas, Venezuela es un país líder en erradicación de la pobreza y la desigualdad. Y eso desmiente, según algunos, la teoría manejada por varias corrientes académicas -y por Chávez- de que a menos pobres menos delincuencia.
Policía
Durante su gobierno, de 1999 a 2013, Chávez llevó a cabo una reforma amplia de la policía y un plan para desarmar a la población a través de la Comisión de Desarme, creada en 2011. En general, las diferentes reformas a la policía buscaban instituir un modelo civil que respetara los derechos humanos y tuviera procedimientos y mando que no dependieran de las Fuerzas Armadas, como ha sido tradicionalmente.
Los críticos del gobierno dicen que las reformas solo debilitaron a la policía y la supeditaron aún más al estamento militar, que en teoría no es el encargado de la seguridad urbana.
«Chávez desarticuló los cuerpos policiales, donde nombró personas cuya única virtud es la lealtad política», le dice a BBC Mundo el criminólogo Marco Tarre. «Tuvo 12 ministros del Interior e implementó 21 planes diferentes de seguridad que no estuvieron diseñados para atacar los problemas de fondo, sino para presentar ofertas electorales y poner pañitos calientes», apunta.
Parte de las medidas que se le reprochan a Chávez es haber intervenido -o «desarticulado»- los sistemas policiales de algunas de las jurisdicciones que estaban en manos de políticos opositores, como ocurrió en Miranda, donde gobierna el opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles.
El gobierno justificó las intervenciones porque los esquemas policiales supuestamente no funcionaban, violaban los derechos humanos o estaban involucrados en redes delincuenciales.
Incluso Chávez, cuando lanzaba en 2012 uno de sus planes contra la inseguridad, aseguró que el 80% de la policía no hacía patrullaje. «En la calle, si tú deprimes a un actor, otros se fortalecen», dice el activista Torrealba. Y eso, según él, fue lo que pasó con la policía y la delincuencia en los barrios marginales (un estilo de favelas), donde se cometen siete de cada 10 homicidios.
Elsie Rosales recuerda el caso de Miranda, que es el estado donde más homicidios ocurren, después del Distrito Capital de Caracas. Y concluye que «es un error conceptual pensar que la policía resuelve los homicidios». Según ella, el control de la violencia no solo es cuestión de vigilancia, sino de atacar una problemática más amplia de orden social y cultural.
Desarme
Desde 1999, Venezuela se convirtió en el primer importador de armas en América Latina y, tras la adopción de la Constitución Bolivariana ese mismo año, el control comercial de éstas quedó en manos del Estado.
Según cifras oficiales, ocho de cada diez homicidios -que generalmente se producen por robo- se cometen con armas de fuego. Amnistía Internacional calcula que existen 6 millones en el país de 29 millones de habitantes, aunque otras fuentes, incluyendo las oficiales, estiman que son muchas más.
Pese a los planes de desarme, los analistas concuerdan en que conseguir un arma en un barrio popular es fácil y barato. «El plan desarme se planteó como una respuesta a esa situación», le dice a BBC Mundo Jesús Machado, de la fundación jesuita de investigación Centro Gumilla y exmiembro de la Comisión de Desarme. «Pero hoy no se sabe cuáles fueron los resultados».
Algo que Keymer Ávila, criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, extiende: «No se sabe de dónde salen las armas, cómo se producen y cómo se adquieren».
Controlar la circulación de las armas, pues, parece ser una tarea pendiente del gobierno. Y ante esa situación, Roberto Briceño, director del OVV, se pregunta: «¿Cómo va a hacer eficiente un plan de desarme cuando la consigna de la milicia bolivariana es ‘el pueblo en armas’?».
Retórica de Chávez
Muchos creen, como Briceño, que la retórica de Chávez, en la que parecía justificar la violencia y exculpar a los «malandros», es una de las causas de la situación que vive Venezuela actualmente.
En una famosa alocución pública en su primer año de gobierno, Chávez le preguntó de manera retórica a la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, si ella robaría en caso de que sus hijos tuviesen hambre. «La doctrina del ‘Si yo fuera pobre, yo robaría’ glorificó el ataque a la propiedad del otro», le dice a BBC Mundo Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, un grupo de defensa de derechos humanos.
Pero Machado, del Centro Gumilla, no comparte la idea de que esa supuesta incitación a la violencia de Chávez haya fomentado el crimen, porque «presupone que hay una obediencia absoluta de la gente a los funcionarios en el poder».
El fallecido presidente solía recordar con orgullo su condición de «soldado» y, para muchos, difundió un «romanticismo guerrerista» que aupó grupos armados, como el Movimiento Tupamaro de Venezuela, que defienden el uso de la violencia para fines políticos.
El barrio caraqueño 23 de Enero, donde se encuentra el mausoleo con los restos de Chávez y una polémica plaza en honor al líder guerrillero colombiano Manuel Marulanda, está controlado por los Tupamaros y se considera una zona donde la policía no entra. «La frontera entre el hampa política y el hampa común se volvió difusa», dice Torrealba. «Un policía que arresta a un paramilitar armado en Venezuela se arriesga a que lo despidan».
El activista incluso recuerda que en Venezuela hay grupos al margen de la ley que defienden al gobierno, aunque Chávez les pidió someterse al sistema legal y les advirtió, en varias ocasiones, que no necesitaba de su apoyo.
¿Indiferencia?
A Chávez también se le culpa de ignorar el fenómeno de la violencia. «Nunca el gobierno ha asumido que el problema exista e incluso ha dicho que es mentira», afirma Romero.
De hecho, hay quienes creen que esa supuesta indiferencia tiene una funcionalidad política, según explica Jesús Torrealba: «Los críticos más radicales ven su política como una forma de control social para que se vaya la clase media alta», que es donde está el grueso de los ciudadanos que adversan al gobierno.
Si bien siempre ha sido de sus preocupaciones principales, los venezolanos no culpan al gobierno de la inseguridad, según encuestas de Datanálisis, sino a la familia y al desempleo.
Y esto, señala el sociólogo David Smilde, «crea incentivos para los líderes de ignorar el tema porque cuando lo asumen, lo vuelven de su propiedad ante los ojos de la gente y pueden sufrir las consecuencias si no logran mejorar la situación».
Observadores vinculados a la oposición consideran que dentro de la estrategia de «ignorar» el problema está la acusación constante a los medios de comunicación privados de «magnificar el fenómeno» y hacer un «show con la muerte», una denuncia que reapareció a raíz del caso de Mónica Spear.
El gobierno afirma que la televisión, las telenovelas y personajes como Spiderman incitan a la violencia. Esta semana, como parte de la reacción oficial al caso Spear, se creó un Comité Promotor de la Nueva Televisión con el objetivo de armar «un modelo televisivo formador de valores humanos y hacedor de paz».
Machado, del Centro Gumilla, califica de «tremendistas» las afirmaciones que acusan al gobierno de ignorar la violencia: «Lo que ha habido es ineficiencia, pero no una orden expresa de no hacer nada».
Impunidad
Esa ineficiencia la analiza la organización no gubernamental The World Justice Project, con sede en Washington, en su informe sobre el estado de los sistemas de justicia de 97 países. En su índice de justicia criminal Venezuela está de último. «El ministerio de Prisiones no resuelve nada ni ha habido una integración del sistema policial y judicial y penitenciario», dice Marcos Tarre.
Al hacer un análisis del número de detenciones y asesinatos de los últimos diez años, el OVV estima que el 92% de los casos de homicidio en Venezuela quedan impunes.
Briceño opina que «ha habido una destrucción institucional que quebró el pacto social, las normas y las leyes como reguladores de la vida social, e impuso la violencia como único método eficiente para obtener las metas».
En 1998, según la misma organización, se detuvieron 110 sospechosos por cada 100 homicidios, mientras que actualmente hay nueve arrestos por cada 100 asesinatos, un comportamiento inverso al registrado por el número de asesinatos. Pero otros especialistas, como la criminóloga Elsie Rosales, no comparten que las detenciones puedan ser un elemento para comparar la impunidad de aquellos años con la de ahora, porque el marco legal es completamente distinto.
Sin embargo, la profesora admite que «el sistema penal tiene distorsiones». Una de ellas es la crisis que sufren las cárceles del país, que están sobrepobladas y son ellas mismas -a veces controladas por los propios reclusos- un foco de violencia.
La incapacidad del sistema de castigar a quienes delinquen en Venezuela parece permitir que un simple robo se convierta en una tragedia como la que vivió Maya, la hija de Spear y Thomas Henry Berry.
En el caso de la ex Miss Venezuela hay dos elementos inusuales: que la víctima era famosa y que los presuntos culpables fueron arrestados de manera eficaz. De resto, todos los detalles del homicidio hablan de un trágico y hasta ahora imparable fenómeno que afecta a los venezolanos todos los días.
Así como ocurrió el lunes pasado, cuando asaltantes en el estado de Aragua interceptaron a Rafael Darío Adarme, le robaron y lo mataron a tiros. Y su hija, que como Maya tiene 5 años, fue testigo del asesinato.
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