El Gobierno de Venezuela ha anunciado una devaluación de facto de la moneda local, el bolívar, aunque en rigor no lo haya reconocido. El vocero de la rueda de prensa, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela y vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, se ha valido de toda clase de eufemismos para minimizar el descontento que una medida como ésta siempre ocasiona entre los ciudadanos. Donde debía decir “devaluación” Ramírez prefirió utilizar otras expresiones: “un nuevo modelo cambiario”, “tasa Sicad” (que refiere al nuevo precio de la moneda para liquidar importaciones no prioritarias para el Gobierno) o “cambio dual”.
La manera de estructurar el mensaje tuvo también un propósito no confesado: responsabilizar a los turistas venezolanos y a ciertos importadores del sector privado –“la burguesía parasitaria”, en el lenguaje oficialista- de las decisiones tomadas. Y son precisamente estos dos actores los principales afectados por la devaluación anunciada. “Todo el mundo ti ene derecho a viajar, a utilizar sus instrumentos financieros en el marco de la ley, pero ahora no estamos en posibilidad de mantener la tasa preferencial para que viajen”, afirmó el ministro en el preámbulo del anuncio.
A partir de ahora quienes adquieran boletos de avión para viajar fuera del país, utilicen sus tarjetas de crédito en el exterior o traigan bienes no esenciales según el criterio del Ejecutivo deberá pagar casi el doble del consumo en divisas en moneda local. Dicho de otro modo: cada dólar valdrá para ellos 11.36 bolívares y no 6.30 bolívares. La moneda se ha devaluado en 80.32 por ciento. Todos estos anuncios seguramente tendrán un impacto en la inflación. En 2013 Venezuela tuvo el récord mundial con 56,1%.
Esta es la sexta corrección del tipo de cambio hecha por el chavismo en once años de control cambiario. La nueva cotización resulta del precio promedio de las subastas que convoca el gobierno desde el año pasado a través del Sicad (Sistema Complementario de Administración de Divisas) para otorgar dólares a aquellos sectores que no recibían dólares preferenciales (a 6.30 Bs.) por distintos motivos. Aunque llamar subasta a esa operación quizá suene muy pretencioso. El Banco Central de Venezuela interviene en el juego de la oferta y la demanda para no dejar que la moneda estadounidense se acerque al valor real del mercado.
Ramírez tampoco se detuvo mucho en explicar ese aspecto. Lo importante para él era comunicar que el Gobierno seguiría liquidando a la tasa de cambio preferencial de Bs. 6.30 “el 80% de las necesidades reales de importación de la economía venezolana”. A ese precio se reconocerán otros conceptos muy apreciados por el gobierno: los gastos de los estudiantes universitarios matriculados el exterior, los gastos consulares, las pensiones y los casos especiales de salud que se tengan que atender fuera de Venezuela.
El Ejecutivo no especificó si los alimentos o las medicinas que no se producen en el país serán liquidados a esa tasa. Sí quiso dejar muy claro que posee las divisas suficientes para atender los requerimientos de la economía. A tales efectos el equipo económico calcula que 42.700 millones de dólares anuales son suficientes para honrar todas las solicitudes de importaciones.
Este estimado es ligeramente superior a la cantidad que se gastó el año pasado por ese concepto -37.203 millones de dólares- y algo menos de la cantidad de dinero que se pagó para traer mercancía e insumos en 2008 -47.879 millones de dólares. De esos 42.700 millones de dólares unos 11.400 (220 millones) serán subastados para el sector privado. El dinero restante será destinado al pago del servicio de la deuda y a las importaciones del sector público. Se desconoce la metodología utilizada para hacer el cálculo.
El establecimiento de esos topes revela que la intención es recortar la entrega de dólares a los particulares y empresas. Hay un propósito político, pero también es una medida que busca administrar lo que hay. El dinero que se recauda por la venta de petróleo en el exterior no es suficiente para satisfacer la voracidad del sector público.
El Gobierno no lo reconoce. Prefiere decir que hay mucho empresario de maletín entre los demandantes de divisas y que por eso no hay divisas para todos. En parte tiene razón. Cálculos de la firma Ecoanalítica indican que solo en 2012 se simularon 24.7 por ciento de las importaciones. Todo es consecuencia de una política de controles que ha destruido el aparato productivo hasta tal punto que es mucho más rentable y menos riesgoso importar, o fingir que se hace, antes que producir.
Los economistas contrarios al gobierno que comentaban los anuncios del ministro en las redes sociales no se sorprendieron. Sus vaticinios se cumplieron: no era posible sostener por mucho tiempo más la sobrevaluación de la moneda. Con esa devaluación no admitida ingresará más dinero a las arcas del Banco Central, pero aún es insuficiente para cerrar la brecha fiscal. Los anuncios son vistos como una cara distinta de los mismos controles vigentes desde hace más de una década.
Las cantidades finitas de dólares siempre terminan por enviar a los demandantes no satisfechos al mercado negro. A pesar de estas advertencias al presidente Nicolás Maduro prefirió ser más optimista. “Excelente rueda de prensa del vicepresidente Ramírez para seguir avanzando en el establecimiento de los equilibrios para el nuevo orden”.
El País
