Los principales candidatos para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, el presidente encargado, Nicolás Maduro, y el líder opositor, Henrique Capriles, se midieron este miércoles nuevamente en las calles.
Pese a que aún no se ha iniciado formalmente la campaña electoral, que debería arrancar el próximo 2 de abril y culminar el día 11, ambos aspirantes aparecieron en actos de masas.
Maduro se reunió con partidos aliados del Gobierno en Caracas y después partió al estado Anzoátegui, al este de Venezuela, mientras que Capriles estuvo en dos ciudades del oriente del país.
«Nosotros ahora estamos en una lucha con dos modelos: el modelo patria, el modelo chavista, el modelo revolucionario, el modelo nacionalista o el modelo trasnacional privatizador que ya tenía lista la venta” de PDVSA, empresa estatal petrolera, dijo Maduro durante la presentación de unos buques petroleros en Anzoátegui.
Capriles, por su parte, aseguró en dos eventos en los estados orientales Monagas y Sucre que la decisión que tomarán los venezolanos en los comicios del próximo 14 de abril no será simplemente escoger a un presidente.
«Nicolás en cien días está acabando con los 14 años del presidente de la República ¿Ustedes se imaginan 6 años de esto? Ellos no están gobernando, están destruyendo Venezuela», agregó el candidato de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática.
«Lo que el Gobierno anunció este martes es otra devaluación, otro paquetazo por el pecho de los venezolanos», dijo Capriles en el mitin de Monagas en alusión al sistema adicional de adjudicación de divisas mediante subastas para importadores que presentó este martes Maduro.
El nuevo Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) anunciado por el Gobierno de Venezuela supone una devaluación adicional de la moneda local y no soluciona el problema de la escasez de dólares en el país, bajo control cambiario desde 2003.
El Ejecutivo anunció un mecanismo para paliar la falta de divisas de los importadores tras la eliminación del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), que permitía a empresas y personas naturales obtener dólares a una tasa superior a la controlada con la compraventa de papeles públicos.
La idea es que este sistema funcione como un complemento de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que proporciona con moneda extranjera a un tipo de cambio a 6,30 bolívares por dólar. Se estima este valor como el piso para la subasta.
En Venezuela existe un control de cambios que limita el acceso a las divisas a quiénes las necesitan para realizar operaciones comerciales y establece cupos para quienes viajan al exterior, tienen que enviar remesas o deben pagar gastos de educación, por ejemplo.
La decisión busca aliviar las tensiones inflacionarias y de escasez de suministros en un país con las mayores reservas mundiales de crudo del mundo y con una alta dependencia importadora.
Cifras oficiales indican que solo en materia alimentaria, Venezuela importa un 40 % de lo que consume mientras la inflación cerró en 2012 en un 20,1 % y ya en enero pasado fue a 3,3 %, más del doble que en el mismo mes del año pasado (1,5%).
Ante este panorama, expertos han considerado esta decisión como una nueva devaluación de la moneda local, el bolívar fuerte, después de la de casi 32 % anunciada el 8 de febrero para pasar de 4,3 a 6,3 bolívares por dólar.
La visión de los empresarios
Para el economista Richard Obuchi, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), este mecanismo «sin ambigüedad» debe ser considerado una «devaluación adicional» y estimó que está orientado «a permitir al Gobierno central obtener más bolívares por los mismos dólares».
Por otro lado, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, denunció: «Nos preocupa que sólo se darán divisas para sectores prioritarios, pero quién decide eso, pueden ser alimentos, medicinas pero también los artículos de higiene, limpieza. Deben ponerse sobre la mesa todos los dólares para que los anaqueles de los venezolanos estén llenos”.
José Luis Saboin, de la firma Ecoanalítica, considera que quedan por precisar aspectos como el proceso de la subasta o el criterio de adjudicación, y recuerda que este mecanismo deja por fuera a las personas naturales.
Saboin declaró a Efe que la subasta representa una «oportunidad» de que en el país «exista una especie de mercado» cambiario y no descartó que permita contar con una tasa variable y un «indicador importante» de las necesidades de divisas del país.
«Si esto funciona eficientemente, quizás en un año, dos años, pudieras tener una fusión de ese mercado con el paralelo y pudieras eliminar esta distorsión que hay en la economía», agregó.
Otro de los problemas que los analistas esperan que ataje este mecanismo es el del mercado paralelo ilegal, donde el precio del dólar triplica y cuadruplica el oficial, llegando a los 25 bolívares por dólar.
Los empresarios han expresado su preocupación porque se desconoce el precio final de las divisas con este mecanismo, que, a juicio del vicepresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, «dependerá de la oferta del mercado», según dijo a Globovisión.
Advirtió que «muchas empresas quedaron fuera» de este mecanismo, principalmente pequeñas y medianas, que no estén inscriptas en el sistema de acceso a moneda extranjera, el RUSAD, y observó que pese a la «transparencia» de la subasta, al final «va a ser muy discrecional la asignación de los dólares por parte del Ejecutivo».
El presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad indicó que de las 3.600 pymes afiliadas al gremio, entre 40% y 45% requiere comprar materias primas y demás materiales en el exterior para sus procesos de producción. De ese porcentaje, Pérez Abad indicó que la mayoría acudía al Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera, mecanismo que el Gobierno eliminó el 8 de febrero, cuando anunció la devaluación de 46,5% del bolívar.
“Pediremos al Gobierno que organice, a escala nacional, operativos de inscripción en el registro, que permita a los pequeños empresarios acudir al nuevo sistema”, declaró al diario El Nacional.
En lo que se refiere a las empresas que obtienen divisas de la Comisión de Administración de Divisas , el presidente de Fedeindustria apuntó que el retraso en las asignaciones es, en promedio, de cuatro meses y medio.
Fuente: Agencias