Si no era suficiente con la falta de presupuesto, la diáspora de docentes y alumnos, y la presión política, ahora las universidades de Venezuela tienen un nuevo reto al que hacerle frente: la sentencia 0324 que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que a partir de esta semana se convierte en una especie de contrarreloj en la lucha sostenida para no claudicar en la crisis que viven las casas de estudios autónomas desde hace varios años.
El pasado 27 de agosto de 2019, la Sala Constitucional del TSJ, mediante la sentencia número 0324 ordenó que en las universidades autónomas del país, que en total son 11 y en Lara hay 3, se debían efectuar elecciones de autoridades con período académico vencido en un plazo determinado de seis meses, es decir, las juntas directivas que están a la cabeza de las casas de estudio desde hace mínimo 10 años debían pasar por unos comicios con la particularidad de que no sólo los docentes podían ejercer el voto, pues ahora el padrón electoral sería más amplio.
En la sentencia se emitió que en las votaciones tienen derecho a elegir los estudiantes, egresados, profesores, obreros y administrativos. También indica que a más tardar el 27 de febrero deben realizarse las elecciones pues de lo contrario, el TSJ pudiera determinar vacantes los puestos de los rectores universitarios e instar a designar unos nuevos.
Los integrantes de la comunidad universitaria han rechazado la sentencia desde el momento de su publicación. Son varios argumentos que usan partiendo desde la Constitución, sin embargo existen otras situaciones que determinan que estas elecciones solicitadas por el TSJ no son un asunto de “soplar y hacer botellas”.
Cécil Pérez, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y miembro de la UCLA, en un texto que publicó el día de ayer en la página web ensartaos.com.ve, opina que en “las universidades no harán elecciones” y explica que en la actualidad no hay condiciones para celebrar unos comicios por diferentes razones, pero principalmente es porque tanto el Consejo Nacional de Universidades (CNU), como el Ministro de Educación Superior y las autoridades actuales de las universidades están en “desacato” ante el TSJ.
Pérez detalla en su texto que “las universidades no han conformado el universo electoral” para saber cuántos votarán; tampoco se ha “modificado el reglamento electoral para permitir el voto de cada uno de los sectores que componen la Comunidad Universitaria, aunque ya la Sala Constitucional les hizo el adelanto de estos” además de que “no han convocado con la suficiente antelación al proceso electoral para que se celebre en el lapso establecido (es decir, seis meses, luego de la publicación en Gaceta Oficial de la sentencia)”.
“Ha pasado el lapso, no se han convocado a elecciones en ninguna de las universidades y por tanto, a todas esas autoridades que tienen el período vencido, les culmina su permanencia legal y los cargos quedan vacantes absolutamente, por lo cual deben designarse nuevas autoridades interinas que convoquen a elecciones de manera perentoria”, escribe Pérez.
Inconstitucional
Las autoridades de las 11 universidades a las que arropa la sentencia del TSJ, desde la semana pasada se han manifestado a través de comunicados y ruedas de prensa en las cuales alegan que la orden del Poder Judicial es inconstitucional, pues viola el artículo 101 de la Constitución que establece que el Estado venezolano reconoce “la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación para beneficio espiritual de la Nación”.
De hecho la rectora Cecilia García-Arocha Márquez de la UCV en un comunicado expresó que el 19 de febrero introdujeron un recurso en el TSJ en que se solicita que la Sala Constitucional emita una decisión sobre la defensa de nuestra autonomía y el voto académico, y hasta ahora no han obtenido respuesta..
Por Ismar Álvarez | LA PRENSA de Lara
