Entre las deudas que la sociedad le debe cobrar al usurpador puede colocarse en parte principal de la lista la tragedia de las migraciones que ha provocado, capaz de generar una de las mayores calamidades del país a través de la historia. Hoy nos aproximaremos a una de sus caras más pavorosas a través de un informe de la Comisión Internacional de la Cruz Roja sobre la situación en la frontera colombo-venezolana.

Un reciente informe de esa institución, suscrito por la comisionada Sophie Orr, ofrece detalles espeluznantes sobre lo que sucede en los territorios que unen y separan a las dos naciones. Advierte que no refiere situaciones nuevas, porque se trata de una región en permanente conflicto desde hace décadas por la incapacidad de los gobiernos de poner orden en una comarca dominada por los bosques y por topografías escabrosas, pero llama la atención sobre una tragedia que no podía preverse en el pasado reciente por el aumento de los índices de violencia y criminalidad que han llegado a su cima.

 
La tragedia es el producto de una irresponsabilidad acumulada a través del tiempo por las administraciones de Caracas y Bogotá, incapaces de ofrecer desenlaces medianamente satisfactorios, pero se ha elevado por las migraciones de venezolanos que escapan a buscar mejor suerte en el vecindario más cercano. Debido al pésimo gobierno de Maduro, las filas interminables de personas que escapan del hambre y de la violencia generan situaciones de malestar generalizado que terminan en muestras de xenofobia cada vez más preocupantes, que pueden terminar en reacciones susceptibles de crear una violencia de grandes proporciones. Todavía no se han dado tales reacciones, o apenas se han esbozado, asegura la comisionada Orr, pero pueden estar a la vuelta de la primera trocha.

A esto se suman las arbitrariedades de los grupos guerrilleros, paramilitares y de pandilleros que se ceban en los migrantes para robar sus escasas propiedades, para ejercer violencia sexual, para hacerlos objeto de un tráfico semejante al de la esclavitud o para amedrentarlos en una rutina que se hace cada vez más impune y masiva. En ese infierno destaca el sufrimiento de los niños, por supuesto. La comisionada Orr habla de situaciones de terror que se incrementan debido a la imposibilidad de comunicarse que determina la orfandad de las víctimas de los delitos. Como carecen de medios para transmitir su calvario a los familiares que han dejado en Venezuela, o para vincularse con las personas que los esperan en la insólita tierra de promisión, quedan a la merced de la legión de maleantes que los acosa sin alternativas de salida.

Después de mirar, apenas un poco, la masiva penalidad de nuestros compatriotas, debemos poner los ojos en el inquilino ilegítimo de Miraflores que ha producido la diáspora hiriente e inhumana. Debemos buscar la manera de expulsarlo de su poder mal habido, antes de que las fatigas y las penas de nuestros hermanos migrantes desemboquen en mayor hostilidad, en sacrificios aún peores, o en capítulos de un genocidio que no debe tener cabida en nuestros anales.

Editorial de El Nacional