No se puede negar que se tomaron su tiempo para decidir la lista definitiva de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no fue porque estudiaron meticulosamente a los postulados. Los rumores aseguran que se tardaron un mes arreglando las cuotas de poder que les tocan a los diferentes grupos dentro del gobierno chavista. Al final no hubo muchas sorpresas, pues 12 de los 20 titulares repiten en los cargos.
Qué pena con el diputado Pedro Carreño, que hace semanas se aventuró a denunciar las componendas que se manejaban en el seno de la comisión de postulaciones y entre los mismos jueces. Incluso habló de unas “señoras” que se comportaban como las magistradas 33 y 34 (de acuerdo con el número de integrantes que tenía el TSJ antes de la reforma) y que eran las que tomaban las decisiones. Nunca se atrevió a dar los nombres, por algo sería. Sin embargo, cabe la interpretación de que estas denuncias hayan sido precisamente para forzar decisiones sobre uno u otro nombre, más que procurar la transparencia del proceso.
Algunos podrán considerar esta lista definitiva como una victoria para la oposición, pues entre los que repiten hay magistrados que no se identifican con el chavismo, incluido uno de los suplentes, pero de todas maneras ya se sabe hacia dónde se inclina la mayoría, así que el cuento no cambia mucho. Son las mismas caras básicamente, y las nuevas no llegan a ejercer ningún impacto.
El sistema de administración de justicia durante la gestión de Nicolás Maduro sigue siendo un apéndice y no un poder autónomo, como debería serlo en una democracia. La prueba está desde el momento en que se presentó la lista de 400 candidatos para integrar este “nuevo” TSJ que redujo sus miembros de 32 a 20 también por antojo.
Las credenciales de muchos de los aspirantes y de los que efectivamente resultaron escogidos carecen de logros en materia de administración de justicia y mucho de identificación partidista o de vínculos con algunos sectores del gobierno chavista. Juan Guaidó va más allá y asegura que los nombramientos se hicieron para proteger a corruptos y violadores de derechos humanos.
Todas estas observaciones deben hacerse públicamente, incluyendo las de Carreño, pues influyen directamente en la investigación que debe estar haciendo el personal de la Corte Penal Internacional sobre la administración de justicia en Venezuela. Sin embargo, no es nada nuevo. El único cambio que realmente puede señalarse es la reducción del número de magistrados. Fue el mismísimo Hugo Chávez el que se aseguró de armar un Tribunal Supremo de Justicia a su justa medida. Las decisiones que han tomado durante estos 20 años son prueba fehaciente de ello.
Los flamantes magistrados comenzaron sus labores inmediatamente, como lo anunció muy orgulloso Diosdado Cabello. De más está decir que no se espera de ellos que hagan justicia en ninguno de los casos que afectan a los venezolanos, porque si ese fuera su objetivo, todos deberían presentar su renuncia por haber sido escogidos contraviniendo la Constitución.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Editorial de El Nacional
