La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este jueves la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para continuar con el proceso de enjuiciamiento y detención contra Germán Ferrer, presuntamente involucrado en una red de extorsión del Ministerio Público.

El Máximo Tribunal solicitó a la ANC llevar el caso de Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional y esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, por presuntamente dirigir una red de corrupción manejada anteriormente desde el Ministerio Público, cuando esta institución era liderada por Ortega Díaz.

«Existen elementos de convicción para determinar la responsabilidad de este ciudadano en delitos tales como corrupción, enriquecimiento ilícito, deslegitimación de capitales, delincuencia organizada y extorsión», reza la solicitud que leyó la presidenta del organismo plenipotenciario, Delcy Rodríguez.

La Sala Plena del TSJ emitió este miércoles una sentencia que señala existen las evidencias para determinar la responsabilidad del ciudadano por los delitos de corrupción propia, enriquecimiento ilícito y extorsión, previstos en las leyes venezolanas. Por tal razón el máximo juzgado declaró procedente la detención de Ferrer, tras la solicitud del fiscal general de la República Bolivariana, Tarek William Saab.

ANC: órgano receptor de denuncias

Durante la sesión, el constituyente Diosdado Cabello tomó la palabra y propuso que la ANC sea el organismo receptor de denuncias relacionadas con esta red de corrupción.

Este miércoles varios constituyentes presentaron al Ministerio Público «documentos, pruebas, originales de cuentas bancarias en un banco en Las Bahamas de 6 millones de dólares, donde está involucrado el señor Germán Ferrer directamente. Abrió dos cuentas cada una por un millón de dólares con fiscales en ejercicio», narró Cabello.

Los fiscales tenían la tarea de investigar hechos de corrupción en los que estaban presuntamente implicadas empresas ubicadas en la Faja Petrolífica del Orinoco, que denunció el Presidente de la República, Nicolás Maduro, agregó .

Señaló que los fiscales cobraron a las empresas implicadas para que no fueran procesadas judicialmente. «Comenzaron hacer su trabajo pero detrás comenzó la mafia a trabajar y en vez de investigar comenzaron hacer el trabajo de la corporación mafiosa de extorsionar empresas».

Por esta razón, planteó que en la investigación, que dirigirá el Máximo Tribunal, se aclare la responsabilidad que podría tener la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien dirigió el MP mientras que la red de corrupción operaba.

Allanar inmunidad parlamentaria a Germán Ferrer

Además, Cabello solicitó que sea allanada la inmunidad parlamentaria a Ferrer, para dar procedencia al enjuiciamiento del parlamentario. «No tenemos duda que el señor Germán Ferrer reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada sea sometido a la justicia».

Posteriormente, el diputado a la ANC Hermán Escarrá ratificó que es una obligación de ANC la imposición de un Estado de Derecho y Justicia y en cumplimiento de las leyes venezolanas.

«Estamos haciendo lo correcto. El diputado Cabello, de manera heroica y de manera muy clara con pruebas contundentes, nos permite evaluar y decidir» sobre esta investigación, que conllevaría «una solicitud de autorización de esta Asamblea para continuar el juicio y tomar las medidas que el Estado de Derecho requiera», dijo.

«Por eso pido que la solicitud de autorización convertida en allanamiento de la inmunidad parlamentaria sea aprobada no solo por unanimidad debería ser por aclamación porque lo que está enfrentando y planteando Diosdado Cabello no es un tema intersubjetivo. Lo que está es resguardado los intereses y la supervivencia del Estado y el mandato de justicia de esta Asamblea», añadió.

De igual forma, el vicepresidente de la ANC, Isaías Rodríguez, ratificó que por el carácter plenipotenciario, el poder constituyente tiene la autoridad para autorizar al TSJ a enjuiciar a funcionarios con inmunidad parlamentaria que hayan cometido delitos flagrantes.

«La Asamblea Nacional Constituyente, que al tener la plenitud de poderes ante cualquier Poder Público, autoriza al Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Plena para que continúe el procedimiento y no estamos violentando ningún procedimiento de esta Constitución», expresó y reiteró que hasta ahora se ha procedido como lo establece la Constitución.

Por su parte, el primer vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, explicó que ningún diputado electo puede usar la inmunidad parlamentaria para escudarse de delitos que están tipificados en las leyes venezolanas.

«El artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deja definido hasta dónde es el alcance de la inmunidad parlamentaria. El parlamentario o parlamentaria tendrá inmunidad en el ejercicio de sus funciones», explicó Amoroso, quien detalló que la «inmunidad, lo dice el artículo 200, llega exclusivamente a esa función parlamentaria, no para que comentan delitos ningún diputado o diputada».

Agregó que, en vista de que la Asamblea Nacional está en desacato a las leyes de la República y que por tanto sus actos no tienen ni eficacia ni eficiencia jurídica, «la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente sí está en la facultad con su derecho y con su deber plenipotenciario, como es el poder constituyente originario, a autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que continúe el enjuiciamiento de este señor diputado».

Presidenta de la ANC: Exfiscal atentó contra el orden constitucional

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, denunció que la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, desde el MP, atentó contra el orden constitucional, al permitir la impunidad sobre los delitos de violencia política ocurrida en el país en los últimos meses, que promovieron sectores extremistas de la oposición.

Señaló que las acciones de Ortega Díaz responden a los intereses de ejes imperiales, promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, que atentan contra al estabilidad y la soberanía de la Patria, por lo que la calificó como «agente imperial».

«Yo, quiero que desde acá se señale a esa exfuncionaria como una agente imperial, que procuró la intervención de Venezuela y la desestabilización de la República. (Sus acciones) significó para Venezuela un atentado contra el Estado venezolano. Un agente imperial que persigue los objetivos imperiales, que es la intervención de Venezuela. La historia la va a juzgar pero la justicia también la va a juzgar», enfatizó.

AVN

Por Confirmado Massiel Bravo