El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio solicitó hoy al secretario general de la Interpol, Jurgen Stock, que emita una «alerta roja» con el fin de lograr la cooperación internacional para la captura del «sujeto» Nicolás Maduro Moros, como denomina al presidente venezolano.
El magistrado de esa corte Antonio Marval precisó a Efe que esta es la solicitud definitiva a Interpol, pues ya se había solicitado hace meses la emisión de una «alerta roja» de manera preventiva a petición de la exfiscal general venezolana Luisa Ortega.
En una carta dirigida a Stock, el presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín, pide ahora la incorporación de Nicolás Maduro Moros «en los registros de datos y publicación de Alerta Roja, a los efectos de la cooperación internacional en materia de delitos comunes para la aprehensión del mencionado sujeto».
En la carta se incluye la «ficha» de Maduro, al que este tribunal formado por 25 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional venezolana, todos ellos exiliados, considera destituido como presidente.
En el apartado «nacionalidad» la ficha señala que «dice ser venezolano» y en el de lugar de nacimiento indica «dice ser nacido en Caracas».
El Tribunal Supremo «legítimo», como se autocalifica, juzgó este año en ausencia desde Bogotá al presidente Maduro por «corrupción propia y legitimación de capitales» en un caso vinculado al escándalo de la constructora Odebrecht.
Maduro fue condenado a 18 años y tres meses de cárcel.
«Conforme a la Constitución y las leyes de nuestro país, el señor Maduro Moros ha quedado formalmente destituido de su cargo de Presidente de la República», anunció este tribunal cuando publicó la sentencia definitiva a fines de octubre.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se instaló en octubre de 2017 en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, y está formado por 25 magistrados que en su día fueron nombrados por la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y hoy se encuentran repartidos por Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá.
EFE
