Cualquier acto de nobleza, por pequeño que fuese, no cabe en las almas (si es que la tienen) de estos mercenarios de la muerte que arrastran odios y venganzas como si fueran alabanzas por sus años de servicios en el infierno. Actores expertos en negar la autoría de sus actos, en disfrazar sus bestialidades y violencias en episodios naturales, en cuestiones ocasionales que escapan a su voluntad, en convertir crímenes mayores en suicidios menores, hechos graves en mínimos actos pasajeros para que sean rápidamente olvidados.
Nunca pasa por sus mentes militarizadas encontrar y anunciar la verdad, en esperar la certeza de la justicia. Los venezolanos, a su parecer, no merecen la protección de la ley sino el aluvión de mentiras que sepulta cualquier reclamo merecido y justo.
Ojalá que esta vez la trágica muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida mientras estaba detenido en la sede de la policía política, conduzca no solo a un castigo ejemplar para aquellos que aparezcan señalados en el expediente respectivo, sino que limpie este hecho de cualquier duda de las muchas que ha suscitado tanto nacional como internacionalmente.
Debemos recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272, establece que el Estado debe garantizar la integridad física y respetar íntegramente los derechos humanos de los privados de libertad. Siendo que concejal Fernando Albán estaba en custodia en la sede de la policía política del régimen de Nicolás Maduro no debe desestimarse, bajo ningún respecto, el grado de responsabilidad de algunos de sus custodios al no percatarse a tiempo y actuar con diligencia para impedir o neutralizar las intenciones del detenido.
Vale decir además que la hipótesis del suicidio solo es sostenida por dos altos funcionarios el Estado (un ministro y el fiscal general) que, como ya es costumbre en este gobierno, resuelven el caso y califican el hecho ocurrido sin cumplir adecuadamente con los procedimientos que dicta la ley y que, como bien se sabe, son de estricto cumplimiento. De otra manera se estaría viciando la investigación en curso que, por lo demás, es de obligatorio cumplimiento.
Tanto el ministro de Interior y Justicia como el fiscal general saben (o deberían saberlo) que no pueden emitir opiniones sobre el caso hasta que el Cicpc concluya el expediente. Todo funcionario que revele parte o la totalidad de un expediente en curso comete un delito y, por tanto, se expone a una sanción. Ya es tiempo de que el señor Maduro, sus ministros y allegados, dejen de calificar a un ciudadano como culpable o inocente en declaraciones públicas a la prensa o por televisión sin que se lleven a término las investigaciones correspondientes.
En el doloroso y trágico caso del concejal Fernando Albán no solo se le detuvo –a su regreso de Nueva York– bajo la peregrina acusación de haber participado en el “presunto atentado” mediante drones contra el señor Maduro, sino que se le mantenía preso e incomunicado violando sus derechos ciudadanos. Con razón se ha destapado un gran escándalo internacional de consecuencias impredecibles.
Editorial de El Nacional
