La abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla, denunció este sábado que los presos políticos de La Pica y Ramo Verde cumplirán un año sin ver a sus familias con la excusa de la pandemia.

Aseguró asimismo que los presos de la Dgcim de Caracas solo pueden ver a sus familiares una vez al mes.

«Tampoco tienen acceso a sus abogados, aunque estén en juicio», afirmó.

También reveló que las autoridades de esa organización de contrainteligencia militar les roban la comida.

«Hay padres que tienen un año que no ven a sus hijos y niños que tienen un año que no ven a sus padres», explicó.

La abogada afirmó que los agentes de la Dgcim graban a los privados de libertad para «aparentar» frente a la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas.

Indígenas

Recientemente, Suju también denunció el hostigamiento a los indígenas que viven en San Luis del Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar.

«Me llegan imágenes de la llegada de hombres armados y los llamados sindicatos mineros a la comunidad indígena de San Luis del Morichal, municipio Sifontes. El motivo es controlar la zona y desplazar a sus pobladores para continuar destruyendo nuestra selva», informó a principios de febrero.

Declaró que estas situaciones solo representan más muerte para las comunidades indígenas del país.

Persecución

Ante el amedrentamiento del que son víctimas los pueblos indígenas, Suju responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro. Destacó que los habitantes de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro han sufrido las consecuencias de un desplazamiento a la fuerza, muertes y la ruina de su sistema económico y social.

Tamara Suju también criticó las actividades ilegales de explotación y contrabando del oro venezolano impulsado por la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas.

El Nacional.