El estado Táchira debe ser, ahora mismo, una de las zonas fronterizas más peligrosas del mundo. El que una sección de su territorio colinde con una parte de la franja oeste de Colombia, lejos de constituir la ventaja histórica, es un peligro de inocultables magnitudes.
Hay que recordar que, por décadas, los municipios fronterizos venezolanos mantuvieron prácticas de intercambio comercial, turístico, académico y familiar, benéfico para los dos países. Hubo un tiempo en el que los visitantes venezolanos constituían un importante estímulo para hoteles, restaurantes y comercios al otro lado de la frontera. Miles de familias colombianas encontraron en nuestro territorio un lugar para vivir y trabajar. A pesar de los problemas y dificultades que son característicos de las regiones limítrofes, entre Táchira y el Norte de Santander se construyó una cultura viva y poderosa, flexible y tolerante, porque la frontera no perdió nunca su condición porosa para los habitantes de aquí y de allá, incluso cuando las cancillerías, alentadas por fervores nacionalistas, establecieron controles que impedían la libre circulación en ambos sentidos.
En los últimos veinte años, esa compleja realidad, la de una frontera de constantes intercambios, ha sido totalmente destruida. Las múltiples ventajas que ofrecía a los tachirenses han sido arrasadas por Chávez y Maduro. Y lo han sido porque su territorio, sus bienes y sus habitantes han sido entregados a la voracidad destructiva de las bandas armadas que son constitutivas de su poder.
Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999. Apenas seis meses después, el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, denunció que la alianza entre Fidel Castro, Hugo Chávez y las FARC de Manuel Marulanda había quedado sellada, y que esta se constituiría en un peligro para la estabilidad del continente. Es altamente probable que en el viaje que Chávez hizo a La Habana antes de asumir el mandato que le entregó Rafael Caldera, los días 16 y 17 de enero de 1999, quedaran establecidas las bases del pacto con la FARC, que muy pronto se pondría en movimiento. Ese viaje de Chávez marcó el inicio de la tragedia que hoy asola el Táchira.
A partir de ese pacto, de forma paulatina –en un comienzo, bajo modalidades muy discretas– Táchira se convirtió en un enclave de seguridad para los narcoguerrilleros. Se les permitió adquirir fincas y viviendas. Se crearon centros médicos que pudiesen atender sus necesidades de salud. Se obligó a empresarios del sector hotelero a reservar partes de sus instalaciones a los delincuentes amigos del gobierno. En las hemerotecas pueden encontrarse las denuncias que hizo Sergio Omar Calderón, gobernador del Táchira en ese momento, sobre la presencia de los delincuentes en la región.
Mientras que en 1999 se produjeron 44 secuestros en el país, una década más tarde, en 2019, la cifra se había disparado a 16.917 casos. Un aumento superior a 38.000%. Lo aclaro de una vez: ambos datos provienen del oficial Instituto Nacional de Estadísticas. Casi la mitad de estos secuestros se ejecutó en las regiones fronterizas del Zulia y Táchira, donde las FARC y el ELN ya circulaban con total impunidad.
De forma simultánea, otro fenómeno, ahora ampliamente documentado por organismos de inteligencia de Colombia, Brasil y Estados Unidos, tomaba cuerpo: la creación y diseminación de grupos paramilitares –que todavía algunos llaman “colectivos”–, cuyas armas provienen, casi a partes iguales, de Cavim y de los arsenales de las FARC y del ELN. De hecho, hay armas con las que se han atacado y asesinado a jóvenes que protestaban cuya huella balística ya había sido registrada en crímenes cometidos por las FARC en ataques al Ejército de Colombia. La que era una frontera de intercambios civiles ha sido pervertida en un corredor para el tráfico de armas.
En efecto: tráfico de armas, drogas, combustibles, productos de la petroquímica, cajas del CLAP, vehículos y equipos informáticos robados, oro, diamantes, coltán, reses, carnes refrigeradas, medicamentos y más. La frontera es ahora un terreno bajo el mandato de paramilitares, narcoguerrilleros, grupos de militares dedicados al tráfico de drogas, policías dedicados al secuestro y al sicariato, militares rusos, chinos y más.
El poder no solo les ha concedido licencia para operar a su libre albedrío, lo cual les autoriza a delinquir, sino que, además, les ha designado un coordinador, de modo de evitar conflictos entre los distintos grupos y de ponerlos a todos bajo una dirección, que se encargará de movilizarlos cuando el poder lo ordene. La opinión pública no ha tomado el pulso de lo que significó el nombramiento de Freddy Bernal como “protector del Táchira”, el 31 de diciembre de 2018. La designación, que tiene los ribetes de una payasada, no lo es en absoluto.
Bernal es el jefe absoluto de las operaciones paramilitares y militares en toda la región fronteriza. Unidades militares, FAES, policías, Dgcim, Sebin, FARC, ELN y de los grupos que operan en la zona. A todos estos cuerpos vienen a sumarse ahora los milicianos, a quienes están entrenando en el manejo de todo tipo de armas, incluidas baterías de misiles instaladas por Rusia.
Ninguna de las dos imágenes es gratuita: Táchira es un polvorín y una bomba de tiempo. En su territorio, especialmente en tres de sus municipios fronterizos, están concentrados grupos de violentos al margen de la ley –sicarios, secuestradores, asaltantes, líderes de grupos de invasores–, militares desaforados y ambiciosos, milicianos intoxicados de discursos nacionalistas, funcionarios extranjeros –perros de la guerra– instalando armas y buscando la ocasión para hacer uso de ellas y lograr nuevos contratos.
Se están apropiando de fincas, expulsando a sus propietarios, creando las condiciones para instalar un enorme enclave para uso de narcoguerrilleros, paramilitares, militares y funcionarios corruptos. Está en curso un ataque a las autoridades civiles del estado, que incluye a la gobernadora escogida con los votos de los ciudadanos, de manera que entre el TSJ ilegal e ilegítimo y la ilegal e ilegítima ANC designen un nuevo gobernador, de modo de tomar el control total de la región.
Todo esto hace pensar en las oscuras energías que se están concentrando en la zona. Son muchas las vidas que podrían estar en peligro. En cualquier momento podría ocurrir una tragedia. Los venezolanos tenemos una responsabilidad: hay que defender al estado Táchira.
Editorial de El Nacional
