En tiempos de democracia, cuando el país funcionaba, las jornadas de vacunación infantil eran cíclicas y cuidadosamente preestablecidas por el Ministerio de Sanidad. Las madres sabían que los planes de inmunización funcionaban a la perfección, y lo más importante, confiaban ciegamente en los beneficios que esto traía a sus hijos.

Muchos de los que están leyendo deben recordar que los médicos y enfermeras del ministerio incluso hacían jornadas en las escuelas, públicas y privadas, que se anunciaban con anticipación a los representantes. Y de allí los escolares salían con vacunas y refuerzos importantes de las inmunizaciones que recibieron de bebés.

 
Pero además deben recordar que ese sistema se fue abandonando paulatinamente en los años de chavismo. Porque aquellas campañas eran nacionales, es decir, lo mismo se vacunaba en la capital como en cada ciudad del interior de país. No solo en jornadas específicas, sino que los hospitales y dispensarios contaban con lo necesario para administrarlas en el momento que recibieran a un niño sin inmunización.

Como todo lo demás, el difunto Chávez acabó con el sistema. Y desde entonces lo que existen son campañas esporádicas y espasmódicas de acuerdo con lo que planee un gobernador o un alcalde simpatizante del régimen, porque de otro modo nadie puede acceder a las vacunas que vienen de afuera.

Y es aquí donde está el meollo del asunto. ¿Cómo una madre puede tener confianza en un medicamento del que ni siquiera conoce la procedencia? Las historias son ya por añadidura aterradoras, pero se alimentan de hechos y no de cuentos de camino.

La muerte de un bebé de 11 meses en el municipio Chacao ocurrida después de recibir una vacuna es una tragedia, como lo es cada niño venezolano que fallece o se enferma gravemente. A los ciudadanos eso les duele en el alma porque no hay justificación alguna. Son cosas que no deben pasar.

Si fue como consecuencia de la vacuna o por alguna dolencia asociada, es una discusión sin sentido. Ningún niño debe morir. Y lo que es más, el Estado debe ser garante de que esto no ocurra. Pero hace tiempo que el régimen dejó de cumplir con este deber, sencillamente porque no le importa.

Lo que sí está claro como el agua (no la que llega aquí a las casas) es que la responsabilidad es completamente de los personeros de este régimen que no pueden ni quieren preservar la vida de los venezolanos. Y por esta y muchas otras muertes deberán pagar tarde o temprano, porque todo forma parte de un solo expediente, son crímenes de lesa humanidad contra una población indefensa.

Editorial de El Nacional