La fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó este domingo que en Venezuela existe independencia de poderes y afirmó que a diferencia de gobiernos anteriores, la violación de los derechos humanos no es una política de Estado.
“Actualmente, en caso de que se violen derechos los humanos, lo vamos a investigar sin importar quién cometa el delito”, afirmó durante su participación en el programa José Vicente Hoy.
En ese orden de ideas, informó que entre enero y mayo, el Ministerio Público ha imputado a 229 funcionarios por presunta violación de derechos humanos. “Hemos presentado 142 acusaciones, para un total de 344 funcionarios acusados por presunta violación a derechos fundamentales”, detalló.
“Por presunta violación de derechos humanos hay 72 personas privadas de libertad y 15 condenados”, añadió.
También, indicó que en materia de corrupción, de enero a mayo, van 684 imputaciones; 714 acusaciones; 388 condenados por admisión de hechos y en juicio. “Hay 400 privados de libertad por presuntamente incurrir en delitos de corrupción”, señaló.
En el caso de Cencoex, dijo, hay 25 personas aprehendidas, 199 acusados y 208 condenados poradmisión de hechos.
Igualmente, se refirió a Los papeles de Panamá y reveló que a uno de los detenidos se le incautaron 23 bienes inmuebles, a los cuales se le está haciendo el avalúo. “Se envió una comunicación a la Fiscal General de Panamá y se conformó un equipo conjunto de fiscales para investigar a fondo”, puntualizó.
Además, ofreció un balance del caso de los hechos violentos que se registraron en Sucre: 454detenciones y 35 privados de libertad.
Por otra parte, la fiscal llamó a los actores políticos a trabajar en el diálogo y deponer las actitudes que atentan contra la paz para poder echar a andar proyectos para el país.
“La AN ha tenido una actuación, en algunos casos, que muestra poca disposición para ir al diálogo”, criticó y consideró que la intolerancia, el odio y la poca disposición al diálogo le están haciendo demasiado daño al país.
Sobre el referendo revocatorio, defendió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), como arbitro, es quien tiene que decir cómo debe ser el procedimiento y debe respetarse su decisión.
Asimismo, señaló que el presidente Nicolás Maduro tiene derecho a saber todo lo relacionado a este porque es a él a quien se quiere revocar.
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