El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho altos jerarcas del gobierno madurista o vinculados a su entorno. No es una noticia que llene de orgullo a los venezolanos porque es una muestra más de que nuestro país está en manos de grupos de políticos y militares que hacen de las suyas sin importarles el destino de Venezuela. Lo triste es que desde el extranjero se impongan severas sanciones que, en sana lógica, deberían corresponder a las instancias judiciales de nuestro país.
Los señalamientos contra estos militares y políticos maduristas tienen que ver con la violación de los derechos humanos. Lo extraño reside en que el Estado venezolano ha firmado todos los tratados internacionales referidos a estos derechos que nunca deberían ser irrespetados. Aún más, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consultada y aprobada por el voto popular, quedan claramente establecidos las instancias y mecanismos adecuados no solo para garantizar estos derechos sino para elevar las quejas y denuncias de la población.
Después de tanta alharaca por la libertad, de citar a Simón Bolívar como si fuera el salvador universal de todos los males, de inventar un “poder moral” que el madurismo ha convertido en inmoral, de crear un defensor del pueblo que es un títere de Miraflores –y por tanto inútil para la población– y, por si fuera poco, escoger a un contralor general cuya única ocupación ha sido la de emplear a toda su familia, termina como guinda de la torta defenestrando a la fiscal general por el hecho de reclamar la independencia de criterio que es intrínseco a esa institución si se vive en democracia.
Después de cometer todos estos desaguisados y de hacerlos públicos como si fueran un trofeo obtenido en una feroz batalla, el madurismo la emprende contra los alcaldes, gobernadores y los medios de comunicación, a los cuales busca reducir por intermedio de medidas de fuerza o coerción que están estrictamente proscritos en un modo de gobierno democrático. Luego de tantas insensateces, propias del autoritarismo más perverso, pretenden que la comunidad internacional no se sienta en el deber de prestar ayuda o de solidarizarse con la sociedad venezolana que lucha por sobrevivir en medio de tanta ineptitud y narcocorrupción del poder.
Los venezolanos tenemos la fuerza y el coraje suficiente para dar la batalla democrática y vencer. No queremos una narco-Venezuela, no queremos a quienes solo piensan y ejercen el poder como una forma tenebrosa de enriquecerse sembrando en su camino la muerte de cientos de jóvenes.
Al contrario de lo que ocurre hoy y que nos llena de dolor y vergüenza, soñamos con una Venezuela respetada por la comunidad latinoamericana, con la fuerza moral suficiente para enderezar el rumbo y desinfectar el aparato del Estado, hacerlo eficiente y, por encima de todo, solidario con los más necesitados.
Como dijo la fiscal Luisa Ortega Díaz, tras conocer el apoyo recibido de los cancilleres de 13 naciones latinoamericanas: “Agradezco la solidaridad y el reconocimiento de los países que participaron en la cumbre de Lima”. En verdad, agregamos desde esta tribuna, el apoyo internacional es cada día más importante, pero esta batalla es nuestra y debemos ganarla nosotros.
Editorial de El Nacional
