“La medida que ha tomado el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), profundizará el desabastecimiento de alimentos en país, el cierre de empresas y elevará el índice de desempleos”, afirmó Carlos Larrazábal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), en entrevista con El Universal.
El empresario se refirió así a la decisión que tomó el pasado viernes 5 a través de su red social Twitter, la Sundde, en la que se informó 100 fiscales de este órgano inspeccionaban 214 establecimientos de 26 cadenas de supermercados, a los que, adelantaron, serán incorporados 352 independientes, desplegados por todo el territorio.
Larrazábal detalló que, bajar unilateralmente los precios de los productos, sin revisar adecuadamente las estructuras de costos “romperá con la cadenas de suministros de la nación y originará más compras nerviosas alentando a la gente oportunista a aprovecharse de la situación”, indicó.
A su vez deduce que la solución no es atacar las consecuencias de la “hiperinflación, la solución es que el Gobierno rectifique el modelo económico” e inmediatamente “ataque el problema de manera profesional, no de forma populista como lo está haciendo ahora”, aseveró el entrevistado.
Agregó que, la pérdida actual de cada supermercado inspeccionado por la Sundde, es difícil de determinar, debido a que el proceso está en pleno desarrollo, sin embargo “cualquier empresa que compro una mercancía a un precio determinado y luego la Sundde la obliga a bajar los costos un 50%, inmediatamente los pone a vender a perdida, los descapitaliza y los pone en riesgo de quiebra”.
Este tipo de eventualidades se vienen observando desde hace meses, e incluso, Larrazábal concluye que desde la época del «Dakazo», cuando el 8 de noviembre de 2013 el Ejecutivo nacional, mediante la Sundde, aplicó rebajas de precios de hasta 77% en artículos electrodomésticos, puntualmente en la cadena de tiendas Daka, dicho acontecimiento disparó entonces la demanda y agotó en tiempo récord los inventarios.
Años después, los comercios aún no han logrado recuperarse de este efecto, los inventarios siguen bajos y la oferta es limitada, según se puede observar en estos establecimientos, determinó.
Sin embargo “una cosa es hacerlo con electrodomésticos y otra cosa es hacerlo con comida, debido a que el tema de los alimentos es mucho más delicado”, indicó el presidente de Fedecámaras quien sostuvo que los sectores de producción de alimentos han declarado que “están en crisis”.
Opiniones similares
María Carolina Uzcategui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), coincidió en que las jornadas fiscalizadoras del organismo constituyen “una decisión irresponsable la del Gobierno obligar a los comercios a llevar los precios a los que fueron los del 15 de diciembre del 2017, cuando la realidad venezolana era otra”.
La representante gremial explicó que las estructuras de costos para la reposición de los productos diversos “ha cambiado de manera importante”, puesto que Venezuela atraviesa un esquema de «hiperinflación» que impide obtener un inventario estable y suficiente.
Otras organismos se han mostrado en desacuerdo sobre esta acción, en tal sentido, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), concluyó que “los saqueos de comida han sido consecuencia de las fiscalizaciones que ha impuesto la Sundde”.
Igualmente, el economista José Guerra, sostuvo “calma pueblo. Las rebajas compulsivas de los precios impuestos por Sundde a supermercados van a precipitar una avalancha de compradores que puede agotar los inventarios de alimentos y otros productos. Comida para hoy y hambre para mañana. Así no se combate la inflación”, dictaminó.
Finalmente, el lunes 8 de enero, representantes de la comunidad portuguesa de Venezuela pidieron al ministro de Exteriores de su país, Augusto Santos Silva, ayuda ante las acciones del Gobierno contra los supermercados.
“Hoy no sé si estamos o nos quebrados. La mayoría de nuestro ‘stock’ fuimos obligados por la fuerza a venderlo con 50 % de descuento, más o menos, sin ningún tipo de argumentación”, dijo al ministro el luso-venezolano Lisandro Rodríguez, refiriéndose a una de las empresas afectadas.
EU
