Richard Cammarano, detenido en Maiquetía el sábado cuando andaba en compañía de ex magistrada del TSJ, Miriam Morandy, fue presentado ayer en el tribunal 31 del Control de Caracas y se le dictó privativa de libertad. El hombre era solicitado por los tribunales 12 y 22 de Control por tráfico internacional de drogas.
La Fiscalía le imputa posesión de 1.200 kilos de drogas y se comprometió a investigar unas pruebas contra funcionarios del Cicpc. Betsy Cammarano, hija de Cammarano, desmintió la versión del Ministerio Público y acusó a funcionarios del Cicpc de levantarle un expediente a su progenitor porque, a principios de 2012, se negó a pagar una extorsión de 1 millón de dólares, porque los agentes sabían –dijo- que manejaba dinero por ser propietario de una fábrica de vidrios blindados.
Betsy Cammarano dijo a El Nacional que el presunto responsable del “implante” del expediente fue hecho por el Cicpc, Roger Graterol, cuando era jefe de la División de Robos del Cicpc y que está solicitado por el homicidio de cinco integrantes de colectivos ocurrido durante una incursión del Cicpc en un edificio en Quinta Crespo en octubre pasado.
“Mi papá no es un narco. Su único delito era tener dinero porque trabajaba y eso en Venezuela es negativo. Mi papá tenía una blindadora, una fábrica de vidrios blindados y 2 tiendas de electrónicos en el San Ignacio y en el Ccct y todo lo traía con Cadivi. Hago responsable a Graterol Gómez de lo que le pase a mi papá. Mi papá tiene 3 años tratando de probar su inocencia y lo único que han hecho es engavetar todo”, aseguró Betsy Cammarano.
La familia pidió que se investigue el expediente de la Fiscalía Anticorrupción 68 del Área Metropolitana de Caracas, número 01-DDC-F68-0161-2012; y en la Fiscalía 26 Anticorrupción a nivel nacional: “En el expediente de Anticorrupción y en el expediente de 31 de control N-19076-13 cursa documentos de propiedad del verdadero dueño del inmueble donde incautaron los 1.200 kilos de drogas; que posteriormente implantaron maliciosamente a mi papá. Causa asombro que la Fiscalía no investigó al verdadero propietario de lo incautado”.
Fuente: El Nacional
