Policías del 11A esperan desde hace 7 años medidas de libertad
septiembre 22, 2014 12:10 pm

La medida humanitaria de casa por cárcel temporal otorgada a Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad, fue propicia para que el abogado José Luis Tamayo recordara al Tribunal de Ejecución del estado Aragua la deuda que tiene con los cinco funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), condenado por los sucesos del 11 de abril de 2002.

 

Desde hace 7 años, Arube Pérez Salazar, Marcos Javier Hurtado, Héctor José Rovain, Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada esperan que le sean concedidas las medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

 

«Con todo respeto, le solicitamos al Tribunal de Ejecución tome en consideración la situación de los policías metropolitanos que ya tienen casi 12 años privados de su libertad para que le sean concedidas las medidas alternativas», dijo Tamayo al llegar el sábado a la residencia de Simonovis en la Alta Florida.

 

La abogada Theresly Malavé, quien comparte la defensa con Tamayo de los funcionarios, explicó que en el caso de Hurtado (sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión) y Pérez Salazar (condenado a 17 años y 10 meses de prisión) «ya opera el último mecanismo de cumplimiento de pena que es la libertad condicional». Con respecto a Rovain, Bolívar y Molina Cerrada, condenados a 30 años, «les corresponde el régimen abierto».

 

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece como fórmulas de cumplimiento de la pena: destacamento de trabajo que se otorga cuando el sentenciado cumple un cuarto de la pena (4 años y 2 meses); régimen abierto, el penado pernocta en la cárcel y sale a trabajar a la calle, siempre y cuando haya cumplido 1/3 de la pena (5 años, 6 meses y 20 días) y la libertad condicional que se le concede con 2/3 de la pena (11 años, 1 mes y 10 días). En el Código Penal Venezolano vigente está también la medida de confinamiento que se otorga con el cumplimiento de ¿ de la pena (12 años y 6 meses).

 

«El tribunal ni ha tramitado las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena y tampoco les ha redimido como establece las leyes venezolanas que por cada dos días de trabajo o estudios dentro de los penales se le resta a los presos un día de reclusión», precisó Malavé, al tiempo que aseguró que el equipo de la defensa de los cinco funcionarios policiales «tiene siete años tramitando e insistiendo en estas medidas».

 

Asimismo, indicó la representante legal que los exámenes psicosociales que confirman que los metropolitanos se han regenerado «ya fueron realizados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios» el 15 de noviembre de 2012.

 

La abogada aclaró, además, que el otorgar las fórmulas de libertad «no generan impunidad porque ellos siguen cumpliendo la pena pero de una manera diferente con todas las medidas que establece el COPP».

 

Enfatizó que Pérez, Rovain, Molina, Hurtado y Bolívar no fueron juzgados por violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, «ninguno de estos argumentos son válidos», pues asegura que al momento de ocurrir los hechos, 11 de abril de 2002, «el Estatuto de Roma no estaba en vigencia».

 

Con respecto a Iván Simonovis, a quien le corresponde desde el 22 de mayo de 2012 el destacamento de trabajo y a partir del 22 de noviembre de 2014 el régimen abierto y cumple la pena el 3 de diciembre de 2034, el abogado José Luis Tamayo precisó que en los próximos días realizará tramites para que la juez Vanina Gómez Malagutti no pase por alto estas medidas.

 

Arube Pérez delicado de salud

 

Theresly Malavé se refirió al estado de salud de Pérez, quien presenta una afección cardíaca y por el cual se ha pedido en reiteradas oportunidades al Juzgado traslado a un hospital para realizarle exámenes.

 

«Pérez necesita con urgencia que se le haga un cateterismo pero no hemos logrado que se atienda con especialistas. Cada vez que se le sube la tensión o presenta dolor en el pecho, lo llevan al Victorino Santaella lo medio y lo devuelven otra vez al centro de reclusión», dijo.

 

ALICIA DE LA ROSA

 EL UNIVERSAL

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