Lo que está ocurriendo en el plano internacional es una avalancha de proporciones desconocidas hasta hoy en la historia reciente de América Latina. La cantidad y la calidad de las expresiones de indignación y repudio en contra de la dictadura encabezada por Maduro solo pueden ser comparadas con el rechazo casi unánime que las prácticas del Califato Islámico han generado en el mundo.
Basta con hacer una revisión de los pronunciamientos recientes para disponer una perspectiva de la situación. La cumbre de cancilleres que tuvo lugar en Lima, produjo un comunicado el pasado 8 de agosto, organizado en varios puntos, que no tiene desperdicio: condenan la ruptura del orden democrático; desconocen la constituyente fraudulenta y “todos los actos que emanen de ella”; respaldan la Asamblea Nacional; rechazan el uso de la violencia en todas sus formas; expresan un amplio apoyo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y a la institución que ella dirige; condenan de forma tajante las violaciones de los derechos humanos, la existencia de presos políticos y el despojo del derecho a elecciones libres garantizado por la Constitución vigente.
Una serie de países ha emitido comunicaciones contundentes y precisas que condenan la condición ilegal e ilegítima de la fraudulenta: Estados Unidos, Argentina, Colombia, Reino Unido, México, Chile, España y otros. En Puerto Rico está en proceso una ley que prohibirá que empresas vinculadas a la dictadura hagan negocios en ese país. The New York Times, posiblemente el medio de comunicación más importante del mundo, comparó a Maduro con el sirio Bashar al Asad, con Kim Jong-un –tercero en la dinastía de criminales que gobierna Corea del Norte desde 1948– y con Robert Mugabe, tirano de Zimbabue. Hasta el mismísimo papa Francisco ha pedido la suspensión de la constituyente.
Los 28 países que integran la Unión Europea, con una determinación sorprendente, han desconocido la constituyente y han llamado a sus promotores a suspenderla de inmediato. La Organización de Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro, anunciaron que el Consejo Nacional Electoral quedó fuera de la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, convocada para el próximo mes de octubre, lo cual significa que esa entidad rompe con la conducta fraudulenta gestionada por las cuatro rectoras. Las razones y diligencias de Luis Almagro, aliado fundamental de la sociedad democrática venezolana, continúan avanzando, con resultados concretos: cada vez son más los países que se pronuncian en contra de la narcodictadura.
El gobierno de Francia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha expresado una firme crítica a la asamblea constituyente, a la situación de los opositores encarcelados, a la destitución de Luisa Ortega Díaz, al tiempo que ha deplorado la falta de voluntad para promover la reconciliación del país.
Otra medida que destaca por su inmenso valor político –que contrasta con el cacareo que Chávez hizo en numerosas oportunidades de él– es la “suspensión indefinida” de Venezuela del Mercosur por la violación de la llamada cláusula democrática, contenida en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. La decisión, esto es importante divulgarlo, abre las puertas a próximas sanciones económicas y comerciales.
El activismo de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, entidad perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó la semana pasada una nueva lista de sancionados, particularmente emblemática, por todas las aristas que ella contiene: familiares del primer responsable, teóricos del fraude, militares directamente responsables de la violación de los derechos humanos. Esta lista y las anteriores no dejan lugar a dudas: vendrán otras, que anticipan que la situación de Venezuela no dejará lugar a la impunidad. Antes habían sido sancionados el dictador Maduro, miembros de su clan familiar, amigos suyos de largo historial como expoliadores del tesoro nacional, así como militares responsables de muertes y heridos en las protestas.
El anuncio realizado por el Credit Suisse, el principal banco de Suiza, constituye un hito de carácter histórico, porque no se trata de acciones provocadas por una orden gubernamental sino por estricta decisión de sus directivos, en la que prohíbe las transacciones con bonos de Pdvsa –cuyos vencimientos están previstos para 2022 y 2036, y cualquier otro papel colocado después del 1° de junio–, porque no quiere que esa organización provea de recurso alguno que pueda ser utilizado para la violación de los derechos humanos. Este, recuérdenlo, es el primero de muchos bancos que tomarán medidas como la señalada.
El gobierno de Perú ordenó el viernes la expulsión del embajador de Venezuela. Simultáneamente, varios países han anunciado y tomado medidas para otorgar algunas formas de protección a exilados y refugiados venezolanos: Panamá, Colombia, Perú. También la ciudad de Miami.
La Organización de Naciones Unidas, en una acción que tiene y tendrá un largo eco mundial, ha emitido un comunicado en el que denuncia la represión y las prácticas de tortura sistemáticas que aplica la dictadura, que la emparentan con los usos de las dictaduras del Cono Sur: colgar a los detenidos por los pies y las muñecas; asfixia con el uso de gases tóxicos; choques eléctricos; amenazas de muerte o de violencia sexual; etcétera.
Podría continuar por páginas y páginas listando las expresiones de solidaridad y la presión que gobiernos, parlamentos, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales especializadas en la defensa de los derechos humanos, gremios profesionales, de trabajadores y empresariales, iglesias, medios de comunicación y mucho más, han emitido con relación al estado de cosas en Venezuela.
A quienes se preguntan para qué sirve esta múltiple y potente acción internacional, si ella no logra que el gobierno cambie de conducta, me permito decir: sirve para aislar al gobierno; sirve para castigar a sus responsables; sirve para allanar el camino que los conducirá hasta los tribunales; sirve, en alguna medida, para impedir que las cosas empeoren; sirve para que expertos mantengan su vigilancia y puedan continuar con la labor de construir los expedientes que, más temprano que tarde, serán el punto de partida de juicios penales; sirve para activar la solidaridad real, expresada de muchas maneras; sirve para recibir la energía que proviene del acompañamiento y la certeza de que no estamos solos; y sirve, en definitiva, como una fuerza que acompaña a los demócratas venezolanos en la tarea histórica de recuperar la libertad.
Miguel Henrique Otero
Editoriall de El Nacional
