El régimen accede a las presiones de la oposición y de la OEA y destraba las negociaciones para hallar una salida a la crisis de Nicaragua, con la exigencia de levantar las sanciones

Un manifestante hondea la bandera de Nicaragua el sábado en Managua. MAYNOR VALENZUELA AFP

Cuando se cumplen once meses de crisis política en Nicaragua, el régimen que lidera el sandinista Daniel Ortega se comprometió a liberar en un plazo no mayor a 90 días a los centenares de detenidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, a cambio de destrabar las negociaciones con la oposición y levantar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de Ortega y funcionarios cercanos, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La noticia genera muchas expectativas, en momentos en los que Ortega está sometido a una fuerte presión internacional.

La decisión de liberar paulatinamente a los detenidos —considerados presos políticos en Nicaragua— se dio tras las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, quien participaría como observador internacional en la mesa de negociación, nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El 15 de marzo, Almagro envió una carta al canciller Denis Moncada en la que informaba de que la OEA estaría dispuesta a participar en las conversaciones solo si se liberaba a todas las personas consideradas como presos políticos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que publicó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas en Nicaragua.

La tarde del miércoles el Gobierno dio a conocer la que será la agenda de negociación con la opositora Alianza Cívica, que incluye temas que hasta ahora Ortega no estaba dispuesto a discutir, entre ellos las reformas electorales. Aunque en el documento oficial no se menciona adelanto de elecciones, fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a EL PAÍS que ese será un tema prioritario en las conversaciones. “Para el Gobierno está claro que ese es el punto importante, el adelanto de elecciones, pero no quisieron ponerlo porque es muy fuerte para ellos admitirlo”, dijeron estas fuentes.

Entre los temas de agenda también está “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, en un país donde las protestas están ilegalizadas por el régimen desde septiembre del año pasado y cualquier indicio de manifestación es sofocado con violencia, como quedó demostrado el sábado, cuando la policía, controlada por Ortega, apresó a más de 160 personas que pretendían participar en una marcha para exigir la liberación de los detenidos.

La agenda acordada, además, incluye un punto denominado “verdad, justicia, reparación y no repetición”, aunque no queda claro qué condiciones establecerá Ortega para negociar el tema de la justicia para las víctimas de la represión, que son 325 muertos constatados por la CIDH. Los familiares temen que se produzca una amnistía que deje en la impunidad estos crímenes. El analista político Eliseo Núñez dijo que Ortega sí buscaría una amnistía para él y su entorno. “No debería dársela, pero esa es una carta que buscará más adelante en la negociación. Él necesita darle impunidad a su esquema”, comenta vía telefónica.

Los familiares de los detenidos reaccionaron con júbilo a la noticia de la liberación. Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, calificó como un “triunfo” la noticia y dijo que se mantendrán “vigilantes” para exigir que se cumpla esta promesa. Representantes de esta agrupación se reunieron con el nuncio Sommertag y le pidieron que transmitiera al Gobierno sus inquietudes sobre cómo debería darse la libertad de los encarcelados: “Tiene que ser con la lista de la CIDH, cotejada con nosotros, con apoyo de la Cruz Roja Internacional y con calendarios de entrega”.

El Comité calcula que hay 802 presos políticos, incluyendo los más de 160 que han sido liberados por Ortega como gesto para iniciar las negociaciones con la oposición. A esas personas, sin embargo, se les cambiaron sus medidas cautelares en lo que Nicaragua se conoce como “casa por cárcel”, pero, según dijo Esquivel, siguen estando “secuestrados” por el régimen. “Este es un triunfo para el pueblo, hemos luchado por esto durante diez meses y vamos a seguir luchando. Ahora, después de tantos meses, el Comité ha visto el triunfo de su labor”, dijo el hombre que es pareja de Irlanda Jerez, una comerciante muy crítica con Ortega y beligerante en el apoyo en las manifestaciones contra el régimen, que fue detenida en julio. Él afirmó que en esta ocasión se trata de una “liberación total”, incluyendo la anulación de los procesos en contra de los encarcelados.

Tras este sorpresivo anuncio, la oposición reanudará el jueves las negociaciones con Ortega, que entraron en un impasse tras el retiro de los estudiantes universitarios de la mesa de negociación hace una semana y tras la represión del sábado contra quienes pretendían participar en una manifestación pacífica. “Lo primero que se va a ver es el regreso de los organismos de derechos humanos y las garantías para la libertad de expresión”, dijo una fuente cercana al proceso. Ortega expulsó a organismos como la CIDH y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras las denuncias hechas por estas organizaciones. El GIEI publicó un informe en el que se acusa al Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la represión contra los manifestantes.

La prioridad para Ortega, sin embargo, es que se levanten las sanciones que Estados Unidos y otros países han impuesto contra su Gobierno, así como que no se apliquen nuevas, como lo han solicitado los diputados de la Eurocámara. Esas sanciones afectan a funcionarios cercanos a Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Murillo. “Su entorno inmediato, que ha hecho dinero con él, ya estaba asustado e inconforme, porque Ortega no daba señales de querer negociar. Ellos saben que necesitan un ambiente propicio parar mantener la riqueza amenazada ahora da por las sanciones”, explicó Eliseo Núñez, con relación a los negocios creados a partir de la ingente cooperación petrolera que Ortega ha recibido desde 2007 y que según investigaciones de la prensa independiente de Nicaragua ha sido desviada a arcas privadas.

Un nuevo escenario político se abre ahora en Nicaragua. Está claro que Ortega intentará demostrar que tiene el control del país, aunque su régimen está cada vez más aislado por la comunidad internacional, con la economía en franco deterioro y una sociedad harta de 11 meses de violencia patrocinada desde el Estado. El reto hecho el sábado al régimen es una muestra de ese hartazgo y de la resistencia de los nicaragüenses. Ortega es un político hábil, que lleva 40 años manejando las riendas de la política del país y que sabe que el consenso general que debe marcharse. Cuándo y en qué condiciones es la gran interrogante que se abre ahora en la sufrida Nicaragua.

LA ONU CONDENA LOS «ABUSOS Y VIOLACIONES» EN NICARAGUA

EFE

Las condenas por la represión desatada en Nicaragua contras los manifestantes que exigen el fin del régimen de Ortega continuaron este jueves tras la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una resolución en la que el organismo muestra su “preocupación” por los abusos y violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano y exige a Ortega asegurar que las víctimas “puedan acceder a la justicia”.

El documento fue impulsado por Argentina, con el apoyo de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile y Colombia, los países que han sido más beligerantes en la condena al régimen del sandinista, y que han promovido acciones contra el Gobierno de Managua dentro de la organización de Estados Americanos. A ese apoyo se sumaron este jueves Ecuador, Paraguay y Perú. La resolución fue aprobada por 23 votos, hubo 21 abstenciones y 3 votos en contra.

El organismo de Naciones Unidas insta a Ortega a retomar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica y a que acepte el apoyo de la comunidad internacional “para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis”. Ortega se había mostrado intransigente en este punto, al rechazar la participación de la OEA, la ONU o la Unión Europea en la mesa de negociación, una exigencia hecha por la oposición. Tras gestiones diplomáticas del representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, del embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente Ortega accedió a aceptar la participación del organismo interamericano en las conversaciones.

La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordena a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que prepare un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, que debe ser presentado en el cuadragésimo segundo período de sesiones del Consejo.

La Unión Europea afirmó en su cuenta oficial de Twitter que apoya “plenamente” la adopción de la resolución de hoy sobre Nicaragua y el “mandato” al Consejo de Derechos Humanos de la ONU “de monitorear e informar sobre la situación” que sufre el país centroamericano. “La UE cree que solo un diálogo creíble e inclusivo puede resolver la actual crisis”.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que Nicaragua figura en su «lista negra» debido a la instalación «de facto» de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.

Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que se refiere a 2018 y cada año nombra a los Estados del continente americano donde el respeto a los derechos humanos merece la «atención especial» del organismo, con sede en Washington.

En declaraciones a la agencia Efe, Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, explicó que el establecimiento de ese estado de excepcionalidad «de facto» ha sido considerado por el organismo como un «elemento determinante» para incorporar al país centroamericano a la «lista negra».

El País