El Gobierno pide “sentarse a la mesa” con el sector empresarial, pero no se pronuncia sobre la represión y la violencia que se ha extendido por el país
Un manifestante camina entre barricadas en Managua. ALFREDO ZUNIGA AP
Tras tres días de manifestaciones, 10 muertos y decenas de heridos, el Gobierno de Daniel Ortega reculó la noche del viernes en su posición intransigente y afirmó que está dispuesto a un “diálogo” con la empresa privada, que horas antes se había distanciado del Ejecutivo sandinista y anunciado una marcha nacional para el próximo lunes. El anuncio lo hizo Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, quien informó que el presidente comparecerá ante la nación este sábado al mediodía, hora local de Nicaragua, junto al jefe del Ejército, Julio César Avilés, y la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Murillo, sin embargo, no se refirió a la represión oficial desatada contra las manifestaciones que se desarrollan en todo el país y que han dejado una decena de fallecidos, una radio incendiada, saqueos y edificios públicos ardiendo en llamas.
“El Gobierno ha aceptado reinstalar la mesa de diálogo. Al escuchar el llamado del COSEP [Consejo Superior de la Empresa Privada ] respondemos a ese llamado y confirmamos nuestra disposición de continuar el diálogo”, dijo Murillo, quien afirmó que la reforma de la Seguridad Social que desató la indignación de miles de nicaragüenses no es más que “una resolución administrativa”, aunque en realidad el presidente Daniel Ortega la promulgó por decreto y la publicó en el diario oficial del Estado, en una decisión unilateral que fue rechazada por las principales cámaras empresariales del país.
El Gobierno, que hasta ahora había mantenido su cerrazón sin importarle la violencia desatada a nivel nacional, dijo que estaba abierto a discutir estas reformas, escuchar y “seguir trabajando” en ellas, porque, según la también primera dama Murillo, “no fueron discutidas de la mejor manera”.
De esta manera, el Gobierno acepta la escalera que la empresa privada le brinda para salir de la crisis, pero también recula en su intento de imponer sus reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, lo que demuestra que Ortega solo está dispuesto a negociar en situaciones extremas y con un único interlocutor. Está por verse cuál será la respuesta de la cúpula empresarial, que el jueves compareció en pleno ante los medios de comunicación exigiendo un cese de la represión, el respeto al derecho de la población a manifestar su descontento y el fin de la censura contra los medios de comunicación.
“Daniel Ortega hará el sábado una puesta en escena”, dijo a EL PAÍS la periodista y líder feminista Sofía Montenegro. “Esto es una tercia, pero no cambia el panorama. El hecho es que hay una ley sobre la Seguridad Social, publicada en La Gaceta, que generó un movimiento de indignación. El enojo en Nicaragua es de tal magnitud, que el Consejo Superior de la Empresa privada (COSEP, la principal cámara empresarial del país) camina sobre una delgada línea roja. Cualquier acuerdo entre Ortega y el COSEP es un arreglo entre cúpulas, porque el COSEP es un representante más de la sociedad civil, pero no representa a la ciudadanía”, explicó Montenegro. “Una verdadera mesa de diálogo tiene que tener representaciones de todos los sectores, un debate nacional público y transparente. Antes que eso se debe suspender la represión de inmediato, restablecer la libertad de expresión y dejar de perseguir a los estudiantes”, agregó la analista.
Se abre de esta manera un nuevo escenario en Nicaragua, en el que está por verse si los empresarios volverán al modelo de “consenso” en el que discutían todos los temas importantes solo con el Gobierno, sin tomar en cuenta a otros interlocutores o se abre un verdadero diálogo público en el que participen otros sectores de la sociedad.
También está por verse si esta marcha atrás del Gobierno cesará la indignación de cientos de miles de nicaragüenses que han salido a las calles en todo el país a manifestar un descontento por años incubado. El viernes se mantenía la represión contra miles de estudiantes que se manifestaban en las principales universidades públicas del país. La cifra de muertos ascendió a diez, entre ellos Álvaro Conrado, de 15 años, y un estudiante universitario identificado como Michael Cruz.
“Lamentamos la pérdida de valiosas vidas de nicaragüenses. Estamos hablando de diez hermanos fallecidos. Mañana (sábado) vamos a hablar de los nombres de esta tragedia”, dijo la vicepresidenta Murillo.
Managua era la noche del viernes un polvorín. En varios puntos de la ciudad se podían escuchar detonaciones y disparos. Los manifestantes quemaron varios Árboles de la Vida, estrafalarios monumentos de hierro y luces que Murillo mandó a plantar en toda la ciudad y que son considerados el símbolo del poder de Ortega y su esposa. Las imágenes mostraban a grupos de nicaragüenses luchando bajo el fiero sol para derribar esas moles de metal. También se quemaron letreros enormes de la pareja presidencial, pero las escenas más dramáticas se vivieron en León, donde incendiaron la sede del INSS y otros edificios públicos, además de Radio Darío, una emisora crítica con el Gobierno; en Masaya, donde decenas de personas construyeron barricadas en las calles y se registraron saqueos a negocios; y la turística Granada, donde hubo un intento de quemar la alcaldía. En Managua los manifestantes intentaron quemar la Radio Ya, afín al Ejecutivo.
La crisis que vive Nicaragua ha demostrado que Ortega solo está dispuesto a negociar al borde del abismo, pero también ha hecho evidente un malestar nacional con el régimen que se ha trasladado a los estudiantes de las universidades públicas, hasta ahora silenciados por el Gobierno. Son ellos los que marcarán el paso en las próximas horas.
El País
Carlos Salinas
