El decreto o una ley equivalente serán la sentencia de muerte de los centros comerciales
Cuando era chiquito comenzaron a popularizarse los centros comerciales en el país. Eran espacios de encuentro, un tanto desordenados, de comerciantes que decidían individualmente la adquisición o alquiler de locales en los que montaban la actividad que les pareciera más atractiva.
Los horarios no eran homogéneos y cada quien abría y cerraba cuando le daba la gana y cambiaban de ramo como cambiar de ropa interior. El resultado era un «serendípiti», sin línea conceptual y sin condominios modernos que garantizaran la calidad de un servicio integral.
Pero el sector fue evolucionando y adaptándose hasta que se produce un salto cuántico con el surgimiento del Sambil Caracas, que crea una referencia que hoy es el estándar del mercado. El nuevo «mall» se diseña no sólo arquitectónicamente sino utilitariamente, estudiando las necesidades de la población y planificando la mezcla y ubicación de productos y servicios a ofrecer.
Un visitante encuentra en estas nuevas plazas comerciales recreación, cines, restaurantes, ferias de comida, peluquerías, bancos, oficinas de servicios básicos, venta de víveres y tiendas. Pero, además, es tratado con respeto en un lugar de primer mundo, iluminado, limpio, con servicios sanitarios impecables y seguridad.
Los condominios se encargan de la cobertura de servicios básicos, débiles en el entorno. Autogeneración eléctrica, empresas de seguridad, manejo compensatorio de agua, programación de eventos culturales, conservaduría de tradiciones nacionales y locales, entre otras.
El resultado de este esfuerzo se ve en la opinión pública. Según la Ómnibus de Datanálisis de septiembre pasado, el 74% de la población evalúa positivamente la gestión de los centros comerciales por el bienestar del país y se reportan como el tercer lugar de preferencia en la vida cotidiana de los venezolanos.
Ese es el logro de la profesionalización y las inversiones respetuosas con el usuario. Pero es exactamente eso lo que amenaza el decreto reciente de control del sector y que se agravaría con la consolidación de una ley orgánica, si la misma tiene ese espíritu.
La regulación establece topes de alquileres que hacen inviables las inversiones modernas y pulveriza la posibilidad de usar los condominios como mecanismo para garantizar la calidad del servicio. Por un tiempito es posible que los promotores surfeen con recursos propios los primeros baches que genera esta restricción, pero el futuro de los centros comerciales está cantado si los nudos introducidos por el decreto no son corregidos de inmediato.
Se paralizarán las nuevas inversiones, los condominios reducirán los servicios ofrecidos, empezando por la seguridad y los horarios (que ya se ve con la ausencia de horarios extendidos en Navidad).
Sería impensable volver a ver un CC grande abierto en domingo La infraestructura se deteriorará exponencialmente. La mezcla de tiendas se pervertirá. La anarquía volverá a ser común y ningún condominio tendrá recursos para comprar camiones de agua cuando falte en su zona (lo que en muchas de ellas pasa a diario) y garantizar que los baños en sus instalaciones funcionen.
Este decreto o una ley equivalente serán la sentencia de muerte de los centros comerciales tal como los conocemos hoy, la razón de una contracción sustancial de empleos y actividad económica y el boleto directo al pasado primitivo del comercio en el país.
Ojalá que prive la racionalidad y el presidente Maduro, en esta nueva nota de flexibilización postelectoral, se dé cuenta que no tiene ni pata ni cabeza y decida oír con mente abierta y recapacitar, porque podría no haber nada más bravo que una señora en la calle, sin productos, sin seguridad… y sin donde hacer pipí.
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