El gobierno de Maduro se desplaza aceleradamente hacia el camino de la ilegalidad. Son cada vez más evidentes las acciones claramente violatorias a la Constitución. La aprobación de un presupuesto por vía judicial sin que el mismo haya sido sancionado por la Asamblea Nacional es una muestra muy evidente, pero hay muchas otras. Los cuerpos policiales, especialmente el Sebin se ha dado a la tarea de citar a alcaldes para rendir declaraciones cuando eso no es competencia de ese organismo. Igualmente, han sembrado armas y explosivos a dirigentes políticos para luego levantar un expediente y encarcelarlos. Todo ello ha llevado a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz a cuestionar tales procedimientos violatorios de la ley.
Recientemente, el ministro Ricardo Molina dijo que aquellas personas que apoyan a la MUD no se le pueden entregar las bolsas de comida ni otorgárseles una vivienda. Este es un acto abiertamente fascista. Imaginemos un momento las grandes urbanizaciones de Caracas, como el 23 de Enero, Caricuao, Simón Rodríguez o Propatria y si el gobierno que las construyó hubiese aplicado el carnet partidista como criterio de adjudicación de esas viviendas. O también el caso de los oficiales de la FAN a quienes se les entregó una vivienda. Si hubiesen tenido que pasar por el filtro de tener un carnet partidista, no tendrían su vivienda.
Dijo el presidente Maduro el día 20 de octubre que no se realizarían nuevas elecciones a menos que el PSUV las pudiese ganar. Ello ha llevado a un retardo en el llamado a los comicios regionales que deben efectuarse este año, y que fueron pospuestos por Tibisay Lucena para el primer semestre de 2017 con el objeto de procurar oxigenar al maltrecho PSUV, que hoy perdería todas las gobernaciones. Pero el punto crítico de todo este relato ha sido la decisión adoptadas por unos jueces estadales con competencia penal, para anular las firmas del referendo revocatorio. La jugada fue la siguiente: unos dirigentes del PSUV introducen unos recursos antes esos tribunales, éstos se pronuncian y al instante, el CNE dice que acta esos dictámenes con lo cual pospone la recolección del 20% de las firmas. Mucho había esperado el gobierno para intentar este zarpazo contra la Constitución. No lo quisieron hacer con el TSJ por lo despretinado que está ese organismo, dada su trayectoria contra la voluntad del pueblo.
Todo esto está motivado en el hecho que el 63,0% de los venezolanos estaría dispuesto a revocar a Maduro si las elecciones fuesen este domingo y apenas un 19,0% votaría por no hacerlo. El pánico al revocatorio llevó al gobierno a ponerse al margen de la Constitución y a violarla de forma reiterada. Para este momento, la política correcta es el restablecimiento de la Constitución con gran movimiento que una al país en esta causa y así evitar la consolidación de una tiranía.
José Guerra
