O la comunidad internacional interviene y se aplica la ley universal o no exageramos que su omisión y consecuencias también deberán considerarse un delito de lesa humanidad.
La salida de la crisis en Venezuela no vendrá sino por la intervención internacional en dos direcciones: Aplicación de la justicia global e Intervención legítima humanitaria. Venezuela y su pueblo sufren la crisis humana y social más grave de su historia. No hay excusas para engavetar expedientes que justifican la activación de la injerencia legítima y la justicia global.
A raíz del referéndum del 16J-17, la instalación de la ANC ilegítima (poliedrazo), el emplazamiento inconstitucional a elecciones de gobernadores y la abstención de 20M-18, Venezuela entró en una espiral de marasmo opositor peligrosa. El efecto lona generado por expectativas no cumplidas más la profunda fractura de la oposición asemeja lo ocurrido desde el 11A/2002, pasando por el paro cívico petrolero 2003, el RR 2004, hasta un extendido letargo que nos abstuvo de participar en las elecciones parlamentarias 2005… No fue sino hasta el año 2007 cuando la sociedad volvió a la calle contra la reforma constitucional de Chávez. Después de cinco oprobiosos e inútiles años de absentismo político y ciudadano años aprendimos que: i.- La unidad política es vital en términos tácticos. ii.- La unidad no es sólo discursiva o marca electoral sino militante, ciudadana y social; iii.- La movilización de masas es fundamental para arrinconar al gobierno y pulsar la comunidad internacional; iv.-El quiebre militar viene por desbordamiento civil que es desobediencia oliva; y v.- La comunidad internacional permuta la diplomacia de micrófonos y retórica por acción, cuando ve sus bardas en remojo.
En Venezuela no habrá cambio de mando si no se reactiva la insurgencia ciudadana Organizadamente Más allá de la obsesión sancionatoria o coaliciones regionales, el mundo actuará si amenazan sus intereses y es cuestionado por la opinión pública internacional. Para eso hay que mostrar, lobear y divulgar. Venezuela es un caso inédito. Un Estado paria y criminal anillado por petróleo y minería pero también por colectivos y cúpulas militares celestinas, que para zafarse es imperativo la fuerza y rigor del Estatuto de Roma sobre delitos de lesa humanidad y la Convención de Palermo sobre mafias, crimen organizado y delito trasnacional.
Es una vergüenza que a 16 años de su creación, La Corte Penal Internacional (CPI) sólo registre cuatro casos sentenciados. Nos comenta Ricardo, un lector: “A los 10 años de creada vino la primera sentencia contra Thomas Lubanga (4 años de prisión), por reclutamiento y uso de niños en la región de Ituri, RD del Congo. Dos años más tarde, (2014), sentencian a Germain Katanga, ex miliciano del Congo, (12 años de cárcel) por crímenes de asesinato, ataque a la población civil y destrucción de la propiedad. En 2016 condenan a Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la RD del Congo, por violaciones cometidas por el Movimiento de Liberación del Congo (2002 y 2003). El último fallo fue contra el Vihadista Ahmad al Mahdi al Faqi, alias “Abu Turab” (2016-9 años de cárcel) por la destrucción en 2012 de bienes patrimonio de la humanidad en Tombuctú, Malí…En materia de casos investigados y órdenes de detención, de los 25 que han resuelto e involucran a 30 reos, se han emitido 14 órdenes de arresto que no se han podido ejecutar. Entre ese grupo destaca el presidente de Sudán, Omar al Bashir, con un juicio abierto por el conflicto en la región sudanesa de Darfur en 2003 que causó 300.000 muertes y más de 2 millones de desplazados, según cifras de la ONU…” El mandatario ha estado en otras naciones como Jordania a pesar de la orden de captura. De las 30 personas que han sido encausadas por la corte, 4 fueron sobreseídas. En ese grupo destaca Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, único mandatario que ha comparecido ante el tribunal lo que ocurrió en 2014”.
El reto es revertir la estadística y que la CPI demuestre al mundo de qué va y de qué sirve. Una Corte que costado más de un billón de euros desde su aparición. El reto es derrotar la impunidad. En España y Europa siguen viajando capitales sucios bajo la ignorancia deliberada de autoridades y apadrinamientos locales. Una justicia universal que quema de vergüenza a quienes pudiendo aplicarla, permiten que sigan muriendo en Venezuela, niños, mujeres, pacientes y ciudadanos en medio del más descarado apartheid político, holocausto republicano y mutilación de las libertades ciudadanas. Mientras tanto, celestinos disfrutan la exquisitez de caviar y la costa brava…
Venezuela se ha convertido en un país de reposo del crimen organizado, el fundamentalismo radical y la narcoviolencia. El informe de la OEA- más de cuatrocientas páginas de asesinatos sistemáticos, torturas, persecución política, encarcelamiento, ajusticiamiento, desplazamiento forzoso, hambruna y saqueo republicano-es sin duda el reporte jurídico, técnico y multi-regional más grave, cruel y aberrante que se haya producido en Latinoamérica.
O la comunidad internacional interviene y se aplica la ley universal o no exageramos que su omisión y consecuencias también deberán considerarse un delito de lesa humanidad. Porque quien por omisión deliberada facilita el genocidio, la corrupción y la barbarie, también incurre en delito. Magistrados actúen. Venezuela no resiste más.
ORLANDO VIERA-BLANCO
@ovierablanco
