Una frontera que arde
enero 17, 2019 6:21 am

Cuatro grandes mercados ilegales dominan los más de 2.000 kilómetros que separan Colombia y Venezuela

 

Un campamento de migrantes venezolanos en Bogotá. JUAN BARRETO AFP

 

 

El jueves pasado, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela por segunda vez. Él prevé permanecer en el poder, al menos, hasta el año 2025. El panorama de su mandato no podía ser peor: una fuerte crisis humanitaria, crisis económica y una crisis política, esto último principalmente derivado de que más de 40 países no reconocen su mandato. Pero, además, su proyecto político hace aguas. Esta situación en Venezuela complica aún más el delicado estado de la frontera con Colombia. La radiografía es la siguiente.

 

 

Al menos 17 estructuras criminales operan en la frontera, muchas de ellas parecen para-Estados: regulan la vida social de varias comunidades fronterizas, cobran impuestos que en la práctica son extorsiones y hasta tienen manuales de convivencia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo posdesmovilización paramilitar del Clan del Golfo, La Oficina del Caribe, y hasta emisarios de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen presencia en ese corredor.

 

 

No es para menos, cuatro grandes mercados ilegales han crecido espectacularmente: En primer lugar, el tráfico de drogas. Se cree que, al menos, el 17% del total de cocaína producida en Colombia sale por Venezuela. En segundo lugar, el tráfico de gasolina. Aunque no se conocen cifras exactas, son miles de galones de gasolina que diariamente pasan de contrabando. La diferencia cambiaria hace que este negocio sea bastante rentable. En tercer lugar, hay contrabando de alimentos. Debido a que la alimentación es subsidiada en Venezuela, se ha creado un mercado negro. Muchos de los productos que deberían servir para alimentar a los venezolanos, son trasladados ilegalmente a Colombia. En todas las ciudades de la Costa Caribe colombiana se consiguen esto productos. Por último, un mercado, que crece como la espuma, es el tráfico de personas: esclavitud laboral y explotación sexual. Las más afectadas son las mujeres.

 

 

Todo esto es producto de varios factores. El primero se refiere a una ausencia de institucionalidad. Del lado venezolano, prácticamente, el Estado ha colapsado, los niveles de corrupción son increíbles y la ineficiencia institucional es ahogante. Del lado colombiano, la situación es mejor, pero no es alentadora, la corrupción, la cooptación criminal del Estado, son grandes dolores de cabeza. Un segundo factor es la diferencia cambiaria. El tráfico de gasolina y alimentos es casi igual de rentable al tráfico de drogas, es casi imposible impedir que se produzcan estos fenómenos. Estas redes ilegales de mercados han creado un fenómeno que podría denominarse de clientelismo social. Miles de personas viven de tráfico de alimentos y gasolina, limitar estos mercados causaría una explosión social. En La Guajira colombiana o en el departamento del Cesar hay comunidades enteras que viven de estos mercados. Un tercer factor es la desconfianza entre las instituciones de seguridad de ambos Estados: no hay ningún tipo de colaboración. De hecho, no hay comunicación en ningún sentido.

 

 

De esta forma, la actual situación de Venezuela y las relaciones entre ambos Estados solo favorecen a las organizaciones criminales. De hecho, se puede decir que lo mejor que podría pasar es que se dé una salida negociada a la actual situación de Venezuela. Cualquier otra salida, como golpes de Estado, intervenciones militares podrían llevar a una situación peor. No solo porque la oposición venezolana carece de liderazgo, cohesión y proyecto político coherente. Sino también porque se podría dar una inestabilidad institucional permanente con una salida violenta.

 

 

Recientemente, la ciencia política ha desarrollado el término de “Estados Protegidos contra-golpes”. Luego de los diferentes caminos que tomaron los Estados que vivieron la Primavera Árabe, se logró determinar que aquellos que tiene instituciones de seguridad complejas, dispersas y escalonadas, difícilmente sufrirán un golpe de Estado. En caso de que se dé, el golpe no sería total y se causaría una inestabilidad increíble, superior a la que existe. Tal vez la mejor solución es negociar la salida de Maduro. Luego, el chavismo moderado debería liderar un Gobierno de concertación con sectores de la oposición y así comenzar la transición. Las demás son ideas sin sentido.

 

 

 

EL PAÍS

ARIEL ÁVILA