Justo cuando otros países de la región guardan un silencio cómplice, el gobierno de Estados Unidos ha calificado a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” y ha adoptado medidas para contrarrestar esa amenaza, incluyendo la congelación de bienes en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos. No hay que ser muy perspicaz para observar que este decreto de Obama ha resultado muy oportuno y conveniente para el gobierno de Venezuela, acosado por su propia ineptitud para resolver los problemas que afligen a los ciudadanos; gracias a esta decisión, Maduro puede envolverse literalmente en la bandera nacional y llamar a todos a luchar contra “una agresión imperialista”, olvidándose de la persecución política, el desabastecimiento, la inflación, la corrupción y tres lustros de incompetencia.
Las medidas dispuestas por Obama pueden gustar o no gustar; pero no hay ningún elemento que permita afirmar que Estados Unidos pretende aplicar extraterritorialmente sus leyes, hecho que ciertamente sería condenable. El gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que, con su decisión, está velando por su propia seguridad (incluyendo la de su sistema financiero), lo cual no puede considerarse que constituya una injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Es cierto que, como parte de esa amenaza a la seguridad de Estados Unidos, se cita la situación de los derechos humanos en Venezuela, el encarcelamiento y la persecución a los disidentes políticos, la represión de las manifestaciones y reuniones pacíficas, el intento de silenciar la crítica política, y una deriva autoritaria que, cada vez más, nos aleja de los elementos que caracterizan a una sociedad democrática. El gobierno de Estados Unidos no hace referencia a la muerte de estudiantes víctimas de la represión (incluidos niños), a la transformación de Venezuela en un Estado policial en el que todo (¡menos la seguridad ciudadana!) está controlado por la policía o por los militares, o al burdo desconocimiento de la voluntad popular, encarcelando a quienes han derrotado a los candidatos oficialistas en recientes procesos electorales.
Es bueno recordar que la tortura es un crimen internacional y que la Convención de Naciones Unidas contra la tortura le impone a los Estados partes la obligación de investigar, perseguir y castigar a quienes puedan haber fomentado, ordenado, tolerado o cometido actos de tortura. Según la jurisprudencia internacional, “al ser el torturador un enemigo común de toda la humanidad, todas las naciones tienen igual interés en su captura y castigo”. Con la decisión de Estados Unidos, a los torturadores solo se les está impidiendo que ingresen a su territorio, librándose de ser detenidos, juzgados y castigados por los tribunales de ese país.
Al suscribir la Carta de la ONU, todos sus miembros se comprometieron a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos; por ende, ningún Estado puede pretender que el maltrato y la persecución de sus ciudadanos es un asunto de su competencia exclusiva, ni puede evadir su obligación de responder ante la comunidad internacional por una conducta incompatible con esos compromisos. En 1953, cuando Sudáfrica alegó que sus políticas raciales eran un asunto que correspondía esencialmente a la jurisdicción doméstica de un Estado, la ONU zanjó definitivamente el asunto, rechazando categóricamente un argumento tan peregrino como ese. Además, en 1993, la Cumbre Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, declaró que “la promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional”. Esa misma idea se reiteró en la Cumbre Mundial de 2005, con la plena participación del gobierno bolivariano de Venezuela. Aun así, Maduro insiste en que la forma como este régimen trata a sus ciudadanos es un asunto de su dominio reservado y que no acepta que nadie hable de Venezuela. Históricamente, ¡esa ha sido la típica excusa de los tiranos!
Lo sorprendente es que, en medio de la mayor crisis económica por la que le ha tocado atravesar a Venezuela, funcionarios de este régimen, incluyendo al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, fiscales del ministerio público, oficiales de la FAN o el director de la policía política, posean bienes en “el imperio”. Eso es lo extraordinario. Es admirable que, cuando miles de funcionarios públicos difícilmente pueden sobrevivir con su sueldo, haya otros que puedan tener cuentas bancarias en Estados Unidos. En este sentido, según Diosdado Cabello dixit, “un funcionario que haga su trabajo correctamente no puede tener dinero en ninguna parte del mundo. Si tiene recursos en otro país, es que seguro está robando”.
Señor presidente, usted no necesita poderes especiales para combatir una invasión imaginaria del “imperio” o para expulsar a los cubanos que, con su complicidad y la de su antecesor, han asumido tareas de seguridad que deberían estar en manos de venezolanos. Lo que usted necesita es un equipo de gobierno respetuoso de los derechos humanos, con ideas largas y con las manos limpias. Lo que usted requiere es una política económica coherente, que ponga fin al desabastecimiento y a la crisis que aflige a los ciudadanos de este país. Lo que nos hace falta es recuperar la libertad y que usted, presidente, entienda que su deber es gobernar para todos los venezolanos. Solo así podrá acabar con las protestas sociales que le han llevado a una represión inaceptable y que, como no podía ser de otra manera, es repudiada dentro y fuera de Venezuela.
Héctor Faúndez
