Este es, sin duda, el régimen más dialogante de la historia de Venezuela. Omito citar las veces que, en estos últimos 18 años, el gobierno ha invitado a sentarse a la mesa del diálogo a los sectores empresariales, a los gobiernos de Colombia o Guyana, o incluso al gobierno de Estados Unidos. En relación con la crisis política venezolana, por señalar solo los hitos más notables, entre 2002 y 2003 se realizó un largo proceso de diálogo, coordinado por el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, el cual, después de más de seis meses, culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno presidido por Hugo Chávez y la oposición representada por la Coordinadora Democrática. En abril de 2014, gobierno y oposición nuevamente se sentaron a dialogar, sin que nada cambiara, y sin llegar a ningún resultado que aliviara las tensiones y resolviera los problemas económicos y sociales de los venezolanos. Ahora, con facilitadores mayoritariamente de la confianza del gobierno, se ha dado inicio a un nuevo proceso de diálogo y negociación.
El diálogo y la concertación son siempre las herramientas básicas de una sociedad democrática. Incluso si se forma parte de la mayoría (que no es el caso del gobierno), se tiene el deber de escuchar a quienes, coyunturalmente, puedan formar parte de la minoría. Incluso cuando se trata de lidiar con una dictadura, la política es diálogo y entendimiento. El diálogo es la única forma civilizada de resolver las diferencias políticas.
Sin embargo, una cosa es el diálogo serio y responsable, en el que cada parte debe hacer concesiones razonables y constitucionales para alcanzar el bien común, y otra cosa distinta es recurrir al diálogo como un esfuerzo condenado de antemano al fracaso. Esto no puede ignorarse cuando el que llama a dialogar es un gobierno forajido, que nunca ha honrado sus compromisos.
El chavismo nunca le ha tendido la mano a los sindicatos, a las universidades, o a las organizaciones de la sociedad civil. Nunca ha habido diálogo con aquellos sectores a los que el PSUV desprecia y de los que solo espera obediencia y sumisión. El gobierno tampoco ha escuchado a los estudiantes o a las esposas de los presos políticos. No obstante, en la hora más menguada de su sintonía con los ciudadanos, cuando los sectores populares le han dado la espalda, Maduro dice estar dispuesto a dialogar.
Este diálogo, al que el gobierno pretende aferrarse como un náufrago a un salvavidas, llega justo en el momento en el que se ha cerrado la puerta a una salida pacífica, democrática y constitucional, cancelando fraudulentamente el proceso iniciado para la revocación del mandato presidencial. Se invita a dialogar a los representantes de la oposición, pero después de encarcelar a sus líderes fundamentales, amenazar a otros e incrementar la represión, hacer mofa de la independencia de los poderes públicos y desconocer las facultades de la Asamblea Nacional. Ahora es cuando el gobierno está dispuesto a negociar el restablecimiento de una parte de la Constitución.
Este régimen no dialoga por convicción, sino porque lo necesita para sobrevivir; pero nunca se debe dejar pasar una oportunidad para dialogar y fortalecer las bases de la convivencia democrática. Sin embargo, antes de iniciar ese diálogo, lo menos que se podía haber esperado es que se dispusiera la libertad de todos los presos políticos, se restableciera el proceso revocatorio, y se reconociera la plenitud de las competencias de la Asamblea Nacional, incluyendo la facultad de aprobar el presupuesto nacional y la de ejercer funciones de control sobre el gobierno. No hacerlo así es prestarse para una farsa y otro engaño por parte del régimen, destruyendo la confianza en cualquier llamado futuro a un diálogo constructivo.
HÉCTOR FAÚNDEZ
