Si es posible que lleguemos a tener un país seguro, donde la vida de los venezolanos no esté en riesgo a cada instante. Mientras las bandas de delincuencia organizada operan convencidas de que no serán capturadas y que de serlo serán liberadas, varios cuerpos de seguridad trabajan a diario para desar-ticularlas. Esos maleantes han conseguido en el secuestro, robo de viviendas, el asalto y en el tráfico de drogas grandes negocios y, en el homicidio, la fórmula para eliminar a la competencia o la forma de sancionar a todo aquel que oponga resistencia a sus delitos.

Este sábado se llevará a cabo una larga reunión de trabajo de gobernantes del estado Miranda con el ministro de Interior, Justicia y Paz, sus equipos, representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Expongo aquí diez puntos urgentes a ser instrumentados en el corto y mediano plazo.

Lograr una verdadera y efectiva coordinación entre todos los cuerpos policiales que ejecutamos labores de prevención. Esa coordinación debe hacer ver y sentir a las bandas que ninguna policía está sola y que presentamos un bloque único de combate al delito. Que sea donde sea que cometan el delito y hacia donde huyan, serán encontrados, capturados y presentados a la justicia. Esta coordinación debe incluir a la policía de investigación (Cicpc).

Coordinación de los sistemas de información interpolicial. Hay que invertir en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la intercomunicación de todos los órganos de seguridad. Hemos hecho una fuerte inversión en Baruta en tecnología de punta en nuestro Centro de Emergencias que ponemos a disposición de todos los cuerpos de la ciudad para que se replique y podamos interconectarnos cada vez que sea necesario. El hampa no conoce de límites geográficos.

Lograr recursos para la dotación eficiente de los cuerpos de seguridad. Para ello es necesario que las alcaldías podamos acceder a la compra de patrullas, motos y demás equipos a través de la compañía del Estado que se encarga de la importación de bienes, a la cual nunca hemos tenido acceso. Hemos tenido que adquirir estos bienes en el mercado interno a costos muy elevados. Esto aumentaría de forma inmediata el número de unidades en calle para un patrullaje más eficiente. Mantener comunicación fluida con el Ministerio Público y los tribunales penales para que se produzcan las órdenes de allanamiento y captura en tiempo récord que permita ir, entrar y dar captura a las bandas organizadas dentro del marco de la ley.

Reformar la legislación que fuere necesaria para la creación del programa de testigos protegidos que puedan declarar en los procedimientos y juicios sin exponerse a venganzas en su contra. Esto disminuirá el miedo que sienten los ciudadanos de denunciar o atestiguar sobre hechos delictivos que hayan presenciado.

Dotar al Ministerio Público y a los tribunales de mayor presupuesto para ser invertido en más tecnología y mayor número de jueces y fiscales que agilicen los procedimientos y acaben con el retardo procesal.

Dar cumplimiento a la Constitución Nacional que determina la necesidad de descentralizar las cárceles del país, entregándole su operatividad (con presupuesto) a los gobernadores de cada Estado y que toda la política penitenciaria la dirija el Ministerio creado a tales efectos. Cada Gobernador deberá responder por los centros bajo su responsabilidad y que en ellos no operen «pranes» ni mafias internas que organizan delitos en el exterior. Esa evaluación debe hacerla el Ministerio constantemente. Aligerar los procesos educativos de funcionarios haciéndolos más intensivos y expeditos para que podamos graduar en las academias y en la Universidad más funcionarios policiales de manera urgente.

Asignar más recursos extraordinarios a todas las policías del país para que los funcionarios sean mejor remunerados y cuenten con todos los beneficios como pólizas de seguros, jubilación, etc. Exigir a cada funcionario graduado en nuestras academias un mínimo de 5 años de trabajo público en nuestros cuerpos policiales. Muchos se retiran a trabajos privados luego de que el Estado (nacional, estadal o municipal) ha invertido mucho en su formación.

Crear una política nacional de incentivos a quienes cumplen funciones policiales, con créditos a muy bajo interés para adquisición de viviendas, ayudas con las cuotas iniciales, premios por procedimientos exitosos.

Estamos convencidos que si todos trabajamos juntos en contra de la delincuencia y la impunidad deja de ser la norma, en poco tiempo se verán resultados muy positivos para todos los venezolanos. Que las palabras se vuelvan acciones.

gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde

Por Gerardo Blyde