Hubo un tiempo en que la moda entre abogadas y juezas, valga el estropicio idiomático, era usar peinados con mucha laca y altos moños, además de blusas con lentejuelas, faldas muy estrechas para su amplia posteridad y tacones de quince centímetros. Claro, y mucho, mucho maquillaje. Algunas eran operarias judiciales que se valían de sus contactos partidistas, universitarios o sociales para resolver casos propios o de los bufetes de renombre; unas pocas, pese al peinadito y a las manos de pintura, se destacaban por su profesionalismo.
También fue recurrente que los grandes escándalos fuesen judiciales, bien porque los protagonizaban sus miembros o porque se desarrollaban en sus predios. Los jueces y sus malos procederes, el sistema judicial con sus ineficiencias y tribus y hasta el asesinato de uno que otro abogado por sicarios o jefes policiales sirvieron para que se ofrecieran reformas y contrarreformas, además de nuevos hombres, nuevas leyes y nuevos procedimientos, como en el siglo XIX clamaba Antonio Leocadio Guzmán en sus libelos.
Si bien la reescritura de la Constitución no fue una promesa ni constituyó un atractivo para los votantes de las elecciones de 1998 –tampoco un indicio de la melé que venía–, sí lo fue la promesa de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y el hampa. El elector consideraba como la peor pudrición que los jueces a cambio de dinero dejaran libres a los delincuentes, era lo que se decía, y no dudó en votar por quienes le prometían que constituirían un eficaz y limpio sistema de justicia, aunque precisamente quienes ofrecían tanta rectitud habían roto su juramento militar y se habían aprovechado de los vericuetos de la ley para no pagar más de 400 muertos y poder ser candidatos. Pero así como nunca se persiguió la delincuencia, sino que instalados en Miraflores repetían que robar no era malo, tampoco fueron escuchadas las propuestas de los expertos. Todos los pasos fueron para someter el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, al comandante que todo lo sabía y todo lo decidía. Los jueces de carrera fueron sustituidos por provisorios y por fichas del partido formados como “abogados” los fines de semana con presentaciones Power Point y videos traídos de La Habana.
En las revoluciones que cambian paradigmas, destruyen hogares y maltratan a la ciudadanía; que vuelven miasma la industria petrolera, el parque industrial y también el automotriz, y el pueblo se muere de hambre y diarrea, mientras los gobernantes –¿la vanguardia, Diosdado?– se ufanan de ser los dueños de las reservas petroleras más grandes del mundo, pero se las entregan a presuntos socios a cambio de moneda dura para comprar relojes, aviones y nintendos de última generación, mira tú, los niños son encarcelados por llevar en sus espaldas un morral tricolor o mentarle la madre al presidente. No es nuevo. Repiten lo que ocurría en la no tan fenecida Unión Soviética, donde el “enemigo” del gobierno iba al gulag con su esposa, sus padres y sus hijos; si morían los padres, los niños tenían que pagar la condena que el progenitor no pudo cumplir. Kim Il-sung lo aprendió con Stalin, y todavía lo consideran “justicia justa” los setenta cavernícolas que tienen garantizado su quince y último porque –“en el nombre del derecho de soñar un mundo mejor”– apoyan y defienden “el proceso” sin dar la cara y con los ojos cerrados.
Tanta violencia desatada, tanta ignominia, es la desesperación por la cercanía del abismo. Suponen que si afincan la represión, los maltratos, los asesinatos, las tumbas, las torturas y las violaciones con el cañón del fusil traspasarán su desasosiego a la población y la dominarán. No tan fácil. Boves no triunfó con su lanza ensangrentada. Todo Boves de hoy debería saber que cada escopetazo a mansalva va por su cuenta y en su cuenta, aunque no sepa del disparo del soldado que mató al periodista y apresuró la caída de Anastasio Somoza. Presto definición de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad sin debida obediencia que valga.
Ramón Hernández
@ramonhernandezg
