Los ataques a manifestaciones o movilizaciones opositoras por parte de grupo violentos se conocen desde el año 2001. Con diversos nombres a lo largo de 15 años estos grupos vinculados al oficialismo han atacado cualquier expresión que disienta o se oponga a la ideología oficial.
Hoy se conocen como «Colectivos de paz» que todo lo contrario, suelen actuar en forma violenta, amenazante, controlan barriadas, invasiones, edificios de la Misión Vivienda, comunas y hasta negocios de la distribución de alimentos.
La lista de ataques se pierde de vista y son centenares las muertes que han quedado en el olvido y cuyos autores gozan de impunidad.
En esta última campaña electoral se cuentan al menos siete ataques a eventos electorales opositores y varias sedes de partidos opositores incendiadas o atacadas.
Una de estas últimas correspondió a la ocurrida en Petare cuando grupos armados atacaron la caravana presidida por el candidato opositor al Parlamento, Miguel Pizarro. Las gráficas y videos registraron a hombres armados con fusiles y pistolas expuestas abiertamente frente a la multitud que allí se encontraba. Varios de ellos con las recurrentes franelas rojas y encapuchados. Uno del grupo se expuso sin capucha y claramente se le vio el rostro, pero hasta el momento ninguna autoridad ha actuado contra ese colectivo que se presume actúa en esa zona.
En otros eventos de campaña donde han participado dirigentes opositores como María Corina Machado, Lilian Tintori o Henrique Capriles, han recibido ataques y agresiones por parte de ese tipo de grupos.
El asesinato del secretario generan de AD en Guárico, Luis Manuel Díaz, ocurrido el 25 de noviembre, no se pueden desligar de ese tipo de acciones violentas que se han implantado en el país desde que el chavismo llegó al poder.
Resultan descabelladas las reacciones oficiales en la que acusan a Díaz, la víctima, de delincuente y de contar con un amplio prontuario criminal.
Por un lado eso sugiere que la víctima es culpable de su propia muerte por ser un delincuente y por la otra las autoridades no explican por qué, si era un delincuente «convicto y confeso» por qué gozaba de plana libertad.
Maduro fue más allá y dijo otra versión diferente y aseguró que la oposición está pagando 50 mil dólares por esos ataques y asesinatos pero, como suele ocurrir, nunca se presentan pruebas o evidencias. En síntesis sugieren que la oposición paga miles de dólares para atacarse así misma.
Un dato curioso en este caso es por qué si era un ajuste de cuenta entre mafias sindicales, por qué el asesinato lo hacen desde un vehículo en marcha en un acto político en donde hay importantes dirigentes opositores. ¿Por qué no buscar otro momento en el que el dirigente asesinado estuviese solo y sin testigos?
Las autoridades identifican a un miembro de la banda «Los Plateados» que opera en el estado Guárico, como el autor. Banda que como la del Picure, actúa con gran impunidad en esa región y sobre las cuales las autoridades cada cierto tiempo anuncian su desmantelamiento. ¿Qué hay detrás de estas bandas? ¿Por qué las autoridades no logran eliminarlas?
Estos ataques tienen un sello y una firma común que se nutre de la intolerancia. Especialmente en un momento, en que la otrora maquinaria política y económica del PSUV que antes se percibía como invencible hoy luce en franca decadencia moral, ética y por su puesto sin discurso frente a sus propias bases.
Francisco Olivares
@folivares10
