Socialismo y exclusión
marzo 25, 2013 2:05 pm

El drama de este socialismo del siglo XXI es que a pesar de su discurso incluyente y empoderador del pueblo lo que realmente ha provocado es división y exclusión social. Y lo ha hecho a través de una trama de políticas económicas y leyes sociales que privilegian la arbitrariedad, favorecen la corrupción y exigen sometimiento político. Frases como «con Chávez todo, sin Chávez nada» no eran otra cosa que una amenaza esgrimida contra todos aquellos que pudieran pensar diferente, quisieran retar la hegemonía del gobierno, o simplemente prefirieran quedar al margen. La exclusión comenzó con ese discurso polarizador y lleno de odios que el caudillo administraba olímpicamente para favorecer a sus seguidores y condenar sumariamente a los disidentes. Las cárceles están llenas de evidencias al respecto, y las calles de esa impunidad con la que protegen a algunos cuyo estilo de vida no logra tener ninguna explicación. Lo cierto es que desde hace varios años se exhibe una «nomenklatura» rediviva que tiene expresiones en la base de la pirámide tanto como en su cúspide. Son los operadores políticos que asignan a dedo quienes tienen derechos y también los que deciden los que quedan fuera. En eso anda la mitad del país contra la otra mitad, unos con más culpa e intención que otros, pero todos participando de un engranaje que piensa que es posible funcionar prescindiendo de la otra parte.

 

 

 

La economía no es solamente una ciencia social. Es sobre todas las cosas una vivencia cotidiana. Es el ámbito que te permite disfrutar de autonomía, libertades y derechos. El que te posibilita tomar decisiones sobre la base de la productividad personal y la competitividad del país. Pero en nuestro caso funciona una maquinaria excluyente en la que una burocracia pretende ser mejor que el resto del país, y por lo tanto se cree merecedora de administrarnos la renta petrolera a su real saber y entender. El resultado es CADIVI y sus corolarios. Basta revisar las estadísticas que aparecen en los portales oficiales para entender la tragedia de un país en el que solo unos pocos tienen acceso. El año 2012, por ejemplo, se procesaron 132 mil solicitudes de importación. En esa lista se incluyen las que corresponden a varias dependencias gubernamentales, por lo tanto se puede inferir que poco menos de un tercio de las empresas venezolanas pudo acceder al beneficio. Si damos por ciertas las cifras que indican que el fenecido SITME tramitó aproximadamente el 40 % de las necesidades de importación, tal vez otras 52 mil empresas lograron acceder a las divisas, pero a un mayor precio. ¿Y el resto? El resto vivió la esquizofrenia de un mercado paralelo alimentado con corrupción y manejos oscuros.

 

 

 

¿Pueden competir de esta forma las empresas? No pueden. No hay referencias de largo plazo. Solo hay esa señal de arrogancia y arbitrariedad que se destila luego de cada anuncio oficial. Dos tercios de las empresas viven un régimen económico que las pone de lado, que no las considera y que les pone una traba tras otra. En eso consiste el RUSAD. El Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas tiene un manual explicativo de diecinueve páginas y exigencias de consignación de al menos trece recaudos, entre ellos varios que dependen de solvencias y constancias que el gobierno retarda, dificulta y le pone costos. Por supuesto, las pymes quedan totalmente al margen.

 

 

 

También estamos excluidos de la rendición de cuentas. El BCV dice que ingresaron 97.340 millones de dólares en el 2012, y que se importaron 65.360 millones de dólares, de los cuales 34.298 millones de dólares fueron «importaciones públicas de bienes y servicios, petroleras y no petroleras». ¿En qué se gastaron los 19.149 millones de dólares que corresponden a los rubros no petroleros? No se sabe. Tampoco se sabe a dónde fueron a parar los 31.980 millones de dólares que quedan de saldo. Si le restamos los 14.132 millones de dólares que hay que pagar por el servicio de la deuda, todavía nos falta por localizar 17.849 millones de dólares. Simplemente no sabemos porque todo el país está excluido del proceso de rendición de cuentas que un gobierno responsable debería hacer frente a sus ciudadanos.

 

 

 

La exclusión, la opacidad y el extrañamiento son signos inequívocos del socialismo del siglo XXI, de su forma de ser autoritaria e irresponsable. Y las consecuencias las pagamos todos, porque nadie puede evitar ser víctima de la escasez, la inflación y el desempleo. Esta semana cerró operaciones Brahma Venezuela, sin que sea la última en hacerlo y tampoco la primera. Aquí cada día es más difícil cualquier intento de emprender porque el gobierno ha declarado una guerra insensata a la productividad bajo los estandartes de una ideología dañina, embrutecedora y empobrecedora. Este régimen ejerce el poder con sentido de lo absoluto, y ya sabemos que ejercido así se corrompe también absolutamente. Si no hay un cambio, o una rectificación, saborearemos el amargo coctel de la ruina social. Veremos a quien le echan la culpa.

 

Por: Víctor Maldonado