No se trata aquí de la moneda, que sufre un patente descalabro, sino de lo que toca el artículo 5 de nuestra carta magna: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejerce el Poder Público”.
Soberanía es poder referido a la organización y marcha de una comunidad política, de un Estado. Es una categoría humana, social, eminentemente activa y de carácter originario. A su nivel específico es autosuficiente, pues es una instancia primera y última. Otra cosa es cuando se la interpreta en perspectiva ética, religiosa, metafísica, pues entonces entraña relaciones que le marcan caminos y le señalan límites. No es, por tanto, absoluta; así ha de atender a derechos humanos y no ignorar su condición creatural, lo cual no le significa pérdida sino, antes bien, justificación, consolidación y enriquecimiento.
Por ser la soberanía una realidad (capacidad, imperativo) humana, social, no se queda en lo mero cuantitativo y aun puramente conductual. “Pueblo” es comunidad de personas y no simplemente masa humana sin rostros. Por ello no basta mover gente hacia mesas electorales y sumar resultados para hablar de una decisión del soberano. Las dictaduras y los totalitarismos se conforman con asegurar reflejos conductuales y predeterminar números.
No es suficiente proclamar y desglosar la soberanía popular; es preciso educar al pueblo para su genuino ejercicio y establecer las condiciones para que la soberanía de hecho tenga una auténtica expresión. De allí lo imperioso de una educación para la praxis soberana, de una pedagogía demo-crática, que posibilite al pueblo actuar consciente y libremente su poder. Esta es una tarea para todos: familia, escuela, medios de comunicación, grupos sociales, partidos políticos, instituciones religiosas. Así, entre otras cosas, la familia es-ha de ser el primer núcleo formativo y la Iglesia deber tener entre sus prioritarias tareas una educación para la democracia (libertad, responsabilidad, solidaridad, civismo). Gran error en las décadas que precedieron la actual dictadura fue el pensar que la democracia estaba segura y no requería, como un ser vivo, un cuido permanente y progresivo. Se creyó que bastaban eficientes maquinarias partidistas, dinero y propaganda en abundancia para manejar la política. Se olvidó también la renovación de liderazgos.
Este régimen dictatorial comunista ha pervertido el concepto de soberanía y devaluado el valor del soberano. Con respecto a lo primero, interpretando la soberanía como patente de corso para desmanes y escondrijo para la violación de derechos humanos.
Dios creó la humanidad, pero los hombres hemos fabricado fronteras que sirven con frecuencia para resguardar impunidades. La bandera de la no intervención fácilmente se ondea para eludir penas por crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar: lo primero es el ser humano (con su dignidad y derechos fundamentales), fin en sí mismo y referencia central del Estado y de la organización social en su conjunto.
La devaluación del soberano es patente: este régimen propicia el despoblamiento del país, favorece el empobrecimiento del pueblo para dominarlo más fácilmente, acrecienta la represión para amedrentar a los ciudadanos, cierra las compuertas a la participación social, al pluralismo político y cultural. Busca el poder absoluto sobre los venezolanos usurpándole su soberanía.
El pueblo soberano debe ser reconocido, formado, resguardado y estimulado como tal. Es indispensable promover su protagonismo efectivo. Los Principios Fundamentales de nuestra Constitución son claros al respecto: fines esenciales del Estado son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular (…), la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Art. 3); y valores superiores son “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Art. 2).
Ovidio Pérez Morales
