Fue el 14 de mayo de 2011 a las 4:40pm en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Ocurrió sobre la misma partida del vuelo 023 de Air France con destino a Paris, programado para esa hora pero demorado unos pocos minutos. La autoridad aeroportuaria ordenó a los pilotos regresar a la terminal. El sospechoso fue arrestado dentro del avión y bajado del mismo esposado.
La policía actuó en base a la denuncia de agresión sexual de una empleada del Hotel Sofitel de Nueva York. El reo permaneció detenido en una comisaría de Harlem con cargos de “asalto sexual, intento de violación y secuestro”. Al momento del arresto declaró tener inmunidad diplomática, pero la orden judicial fue no obstante ejecutada. Dos días más tarde, el Departamento de Estado determinó que dicha inmunidad no se aplicaba al caso.
Mas aún, luego de su comparecencia el mismo día 16 de mayo, la juez del caso rechazó su solicitud de libertad bajo fianza de dos millones de dólares y ordenó su traslado a la prisión de Rikers Island. Para quien no la conoce, sobran películas que muestran que Rikers no es exactamente el Sofitel de la 44 y Quinta Avenida.
Se trató nada menos que de Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, cargo al que debió renunciar, y líder en las encuestas para la elección presidencial francesa de 2012, candidatura de la cual tuvo que desistir. Y todo esto ocurrió a pesar de haber sido absuelto más tarde, cuando la fiscalía retiró los cargos por inconsistencias en el alegato de la denunciante.
Haga el lector “fast forward” al 20 de enero de 2019 y viaje a Barajas, al aeropuerto de Madrid que lleva el nombre de Adolfo Suárez. Notará una historia de contrastes, doble standard por decir lo menos.
Ello cuando en Barajas aterrizó Delcy Rodríguez. No debió ocurrir, ya que la vicepresidenta de Maduro está sancionada por la Unión Europea por violaciones graves a los Derechos Humanos, y denunciada ante la Corte Penal Internacional por un número importante de gobiernos, organizaciones y personas, varias de ellas europeas, por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Debió ser deportada de inmediato, pero en lugar de ello mantuvo una reunión en una sala VIP del aeropuerto con José Luis Ábalos, ministro de transportes del gobierno español y Secretario de Organización del PSOE. El funcionario llegó al aeropuerto a reunirse con ella en la madrugada, literalmente a escondidas, a efectos de evitar su deportación.
Adolfo Suarez, arquitecto de la España democrática, habría sentido indignación. Pues, lisa y llanamente, se trató de un acto de complicidad de un ministro español con una criminal.
Y, de hecho, con una ingenuidad difícil de creer, o bien con la naturalidad de quien se sabe impune, así lo admitió la propia ministra portavoz, María Jesús Montero, al informar que Delcy Rodríguez partió al día siguiente en un vuelo comercial con destino a Doha, sin informar dónde pasó la noche.
Montero también elogió a su colega Ábalos, al afirmar que su actuación permitió anticiparse a un posible conflicto diplomático “evitando que Rodríguez pisara suelo español”, ya que “no traspasó el control de fronteras”. Ello solo porque el ministro actuó para ocultar el hecho y obviamente obligando a funcionarios de menor jerarquía a transgredir fundamentales normas migratorias. Todos los pasajeros se registran, los que ingresan y los que están en tránsito.
Justificar el argumento que Delcy Rodríguez no pisó suelo español requiere una especie de “Derecho Ficción”, la idea que existen áreas de un aeropuerto que son tierra de nadie. Con esta lógica, el gobierno de Pedro Sánchez diría que Strauss-Kahn no debió ser arrestado pues, en la pista a punto de despegar y con su pasaporte sellado, ya no estaba en Estados Unidos. Los absurdos del gobierno español son un verdadero insulto a la inteligencia humana.
La pregunta central del caso es porqué Delcy Rodríguez tiene la capacidad, es decir, el poder, de exponer al gobierno español a una crisis política y diplomática de envergadura. Y, además, porqué dicho gobierno asume el riesgo por propia voluntad, incluyendo la comisión de infracciones a las normas migratorias para protegerla.
Pues es muy simple: quién alguna vez recibió un dólar del régimen chavista es propiedad del régimen chavista. Delcy Rodríguez somete al gobierno de España al bochorno—más aún, no casualmente cuando Guaidó estaba en Europa—porque puede.
Su visita es un mensaje mafioso y un recordatorio al mismo tiempo: que algunos miembros de ese Gobierno le pertenecen, el Vicepresidente Pablo Iglesias y su estrecho asesor Rodríguez Zapatero por citar dos ejemplos. El episodio en Barajas subraya, una vez más, que para el chavismo el poder no solo se ejerce, también se exhibe con obscenidad.
Strauss-Kahn pensó, erróneamente, que su cargo le otorgaría inmunidad frente a la policía y la Justicia de la ciudad de Nueva York. En contraste, Delcy Rodríguez tiene la certeza que su cargo le permite gozar de impunidad frente al Gobierno de España. Eso hizo.
@hectorschamis
