No debe extrañar que en la nueva directiva del partido que controla el poder, y también la vida y hacienda de los venezolanos, haya uno que otro “luchador social”, como Darío Vivas, que significa que carece hasta del título de bachiller, y abunden los abogados, ingenieros, militares retirados y sociólogos, y un jefe de policía, como Freddy Bernal, pero no un economista, un contador o un contabilista, mucho menos un administrador. Tratándose de un partido que se considera “la izquierda” sorprende que en su cúpula no se escuche la voz ni se manifieste el voto de un experto en las lides relacionadas con la producción, el consumo, el presupuesto, los sueldos, las cuentas externas, el endeudamiento y demás.
Tampoco tienen silla en el gabinete presidencial. Por demasiado tiempo, desde la implantación del arroz con mango ideológico que ha imperado hasta hoy, el único que aparecía como “economista” era Jorge Antonio Giordani Cordero, técnico superior en electrónica, con un curso en el Cendes en Planificación y Desarrollo, además de conversaciones en los pasillos de London Economics School y la Sussex University, ambas en Inglaterra, donde el viejo Marx se sentía tan cómodo porque nadie lo perseguía ni lo metía preso por su opiniones.
Fue en la pasantía de Giordani en ese esperpento contra natura que fue el Ministerio de Planificación y Finanzas cuando comenzaron a aplicar las medidas que han traído estos barros malolientes, que anuncian hambruna y miseria. Giordani –que se dice alumno de Gramsci, y lo es, pero en la versión del estalinista Palmiro Togliatti, que es como ser marxista por los manuales de la Academia de Ciencias de la URSS– decidió que los salarios no tienen peso alguno en los costos de producción, que los salarios de los trabajadores pueden multiplicarse al infinito y los artículos que fabrican mantener fijos los precios, que eso significa trasladar la plusvalía al consumidor, al pueblo. No me jodas, Jorge, cómprate otro librito.
Luego de 16 años sin ajustar el precio de venta de la gasolina con los costos de producción, se llama a un debate para disminuir las grandes pérdidas que le ocasiona al Estado. Tras la cortina de la demagogia, se reconoce que trabajar a pérdida es un “autosuicidio”. Tendrían que admitir también que obligar a la empresa privada a hacerlo es un asesinato masivo, casi un genocidio. El gobierno ajusticia al pueblo por no haber aprendido a no comer. Vendo luciérnaga; alumbra poco, pero alumbra.
Ramón Hernández
