Nada en la Carta Democrática Interamericana es distinto o contrario a lo consagrado en la Constitución
Nada en la Carta Democrática Interamericana es distinto o contrario a lo consagrado en la Constitución. Y no podía ser de otra manera. Aprobada y suscrita por Venezuela en 2001, bajo el liderazgo del difunto presidente Chávez, consagra el compromiso de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos con los derechos humanos, las libertades, las elecciones libres y limpias, la soberanía del pueblo, la separación y el equilibrio de poderes. Nuestra Constitución, además, establece que los tratados internacionales que protejan los derechos humanos son aplicables, y faculta a cualquier ciudadano de este país a hacer valer sus derechos ante los organismos internacionales correspondientes.
En el Mercosur, experiencia de integración a la cual nos adherimos por decisión del comandante, en paso muy exaltado como crucial para la soberanía nacional, aceptamos sus reglas y pautas, que en lo político están en el Protocolo de Ushuaia, un compromiso de defensa democrática subregional.
Invocar los deberes de Venezuela como miembro de ambos acuerdos no puede verse como indebido, y mucho menos como traición a la patria ni nada que se le parezca. Tampoco podemos considerar que sea algún tipo de agresión, porque no lo es, que otro país miembro, como Paraguay en Mercosur, o algún funcionario internacional, como el Secretario General de la OEA, plantee que se revise la situación venezolana a la luz de los compromisos que el Estado ha asumido.
Por otro lado, tampoco tiene nada de raro, de heterodoxo o de ajeno a la Constitución, el que ciudadanos de este país promovamos la activación de un mecanismo lícito, constitucional, democrático y pacífico como el Referéndum Revocatorio Presidencial. En último paso, será el pueblo venezolano con su voto el convocado a decir la última palabra.
No hay ni puede haber “golpe de Estado” en una iniciativa limpiamente democrática e impecablemente constitucional. Las maniobras, el uso inescrupuloso del poder, los retardos y tácticas dilatorias practicados por un Consejo Nacional Electoral demasiado interferido por el partidismo, aparte de ilícitos, lo que dejan en evidencia es el miedo al soberano por parte de quien, aunque no lo reconozca, está consciente de que tiene cuentas muy deficientes que presentar.
El diálogo es un recurso político lícito para los demócratas. Pero dialogar es exigente en cuanto a sinceridad, compromiso, en el propósito, no de abolir las diferencias, sino de encontrar modos sensatos de dirimirlas, y de poder dar, en medio de ellas, con coincidencias necesarias.
Ramón Guillermo Aveledo
@AveledoUnidad
