El pueblo venezolano no aguanta más dilaciones. El soberano no admite suplente. La Constitución no acepta plan B.
El revocatorio debe darse ya, porque la gente en su inmensa mayoría quiere un inmediato cambio de régimen y este, además de dañino, carece tanto de legitimidad moral como de respaldo constitucional.
El desastre nacional en los más diversos órdenes urge un relevo en la conducción de la República. El hambre (por escasez y carestía), la muerte y la enfermedad (por falta de medicamentos y asistencia), la delincuencia desatada (por combinación de incapacidad administrativa y política de Estado), la corrupción hecha metástasis (por la concentración-hiperpartidización-discrecionalidad del poder), la opresión oficial (por la imposición de un proyecto político-ideológico totalitario con criminalización de la disidencia), el colapso de los servicios y de la producción nacional (por la estatización de toda actividad económica) hacen indispensable la entrega del timón a otra dirigencia, venezolana de veras, democrática, capaz, transparente y de futuro.
El país cuenta con un instrumento constitucional y viable para iniciar de modo efectivo este mismo año el cambio necesario: el referéndum revocatorio. Algunos pasos se han dado ya en este sentido y a pesar de los múltiples obstáculos puestos por el Consejo Nacional Electoral –contradiciendo de modo patente y desvergonzado su finalidad y sentido– hay tiempo suficiente para la referida consulta.
El cambio lo haremos los venezolanos desde adentro, pero debemos contentarnos porque el marco internacional es muy propicio. Organismos internacionales de la más diversa índole manifiestan su apoyo al referéndum y a un nuevo escenario político venezolano.
En casa se ha ido tejiendo una amplia convergencia ciudadana. Se logró constituir una mesa de unidad interpartidista y crece una dinámica confluencia de instituciones, asociaciones y sectores de la sociedad civil sobre este común denominador: el establecimiento de una convivencia pluralista, que refleje y actúe las notas con las cuales la Constitución identifica el deber ser de la sociedad y del Estado venezolanos.
Ahora bien, como vivimos en un mundo concreto de Estados y, por cierto, en uno de problemática tradición en cuanto a la relación entre lo civil y lo militar, no se puede obviar el tema de dicha relación en la Venezuela actual. A pesar de la mescolanza que se ha hecho en década y media de “revolución socialista” entre uno y otro campo, debido principalmente al mesianismo chavista y a la orientación castrocomunista del régimen, soy de los que creen y esperan que la Fuerza Armada de nuestra República, superando liderazgos y grupos “enrojecidos” y/o corruptos, responderá a su compromiso con la Constitución y el bien de la República, y romperá el encadenamiento del sector militar a una causa históricamente fracasada y dañina para la propia institución castrense.
Como obispo de la Iglesia católica puedo afirmar que esta, por medio de su Conferencia Episcopal, denunció, aun antes que otros sectores o entes nacionales (comenzando por los partidos políticos), la naturaleza del régimen, al identificarlo no ya solo como democrático a medias y aun dictatorial, sino, más todavía, como totalitario en la línea socialista-marxista-leninista. Y, en lo que respecta ahora al referéndum revocatorio, la misma Conferencia ha sido clara y firme en apoyarlo y defenderlo para 2016. El proyecto del socialismo siglo XXI-Plan de la Patria fue siempre para los obispos moralmente inaceptable y constitucionalmente ilegítimo.
El cambio de régimen y, como paso hacia este, el referéndum revocatorio para este año son, pues, moralmente obligantes y constitucionalmente imperativos. Ahora bien, frente a las amenazas oficiales y recogiendo el anhelo profundo del pueblo venezolano, traería aquí la plegaria del Salmo 19: “Unos confían en sus carros, otros en su caballería; nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro”.
Ovidio Pérez Morales
