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Reafirmando los ddhh

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Reafirmando los ddhh

 

A propósito de las manifestaciones violentas ocurridas en el país desde el 12 de febrero, la organización Amnistía Internacional nos solicitó una reunión para intercambiar información acerca de las actuaciones del Ministerio Público en tales casos.

 

La ocasión fue propicia para realizar un balance general de los hechos violentos registrados en Venezuela de febrero a junio de este año, situación que hasta ahora ha dejado un lamentable saldo de 43 personas fallecidas, entre ellas un fiscal del Ministerio Público y nueve efectivos de los cuerpos de seguridad; 872 lesionados; cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, y la obstrucción del normal desarrollo de las actividades productivas.

 

Por parte de nuestra institución, hemos avanzado en el proceso de investigación y depuración de las causas tras una ardua labor ejercida por los fiscales. Así, de las 3.346 personas aprehendidas en todo el país, a aproximadamente 1.400 se les ha dado libertad plena o se les solicitó sobreseimiento.

 

Al día de hoy están privadas de libertad 88 personas, de las cuales solo tres son estudiantes y sobre quienes existen suficientes elementos de convicción que los comprometen en la comisión de un delito.

 

En materia de derechos humanos, se iniciaron 183 investigaciones y se han presentado seis acusaciones por los delitos de homicidio y trato cruel.

 

La oportuna información que hemos suministrado públicamente para que la población conozca las actuaciones fiscales a raíz de estos hechos, son prueba fehaciente del inquebrantable compromiso del Estado venezolano con los derechos humanos.

 

 

Se ha actuado con apego a la ley, aun en estas condiciones adversas en las que algunos sectores de la vida política nacional han desconocido el ordenamiento jurídico, las instituciones y a sus representantes.

 

En el Ministerio Público estamos comprometidos con el respeto de las garantías constitucionales, tal cual lo demuestran las actuaciones de nuestros fiscales y del equipo que conforman las Unidades Criminalísticas contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, dependencias creadas en 2009 y reconocidas internacionalmente como experiencia innovadora en la reafirmación y fortalecimiento de los derechos de los habitantes de este país.

 

 Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República

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