«Los zamuros vuelan encima de sus techos; las moscas y el olor de los desperdicios, que a diario generan 11 municipios de la Gran Caracas y se acumulan en La Bonanza, volvieron a ser parte de sus días». Dice la crónica de la reportera de sucesos Isayen Herrera. La reseña periodística narra el drama de la familia que fue víctima de una banda armada en Ocumare del Tuy en uno de los apartamentos de la Gran Misión Vivienda, en la cual fueron asesinadas nueve personas de una familia la madrugada del 26 de abril cuando celebraban la adjudicación de la nueva vivienda.
Tal fue el terror que los parientes y sobrevivientes de la masacre, han preferido los pisos de tierra en los ranchos que han improvisado en La Bonanza, el basurero en donde vivieron antes de ser adjudicada la vivienda en el urbanismo Lomas de Guadalupe II, que regresar al otro infierno, en donde esas bandas han impuesto su propio código. «No sabemos por qué asesinaron a nuestros familiares», dice uno de los parientes de las víctimas. Y el temor a vivir nuevamente la violencia ejercida por hombres armados encapuchados, quienes imponen su ley en estos urbanismos, hace que esta gente prefiera perder el sueño de una «vivienda digna» y vivir en la basura.
En lo que va del año 2015 se han reportado al menos 19 asesinatos en las edificaciones de la Misión Vivienda, de acuerdo a las reseñas periodísticas. Estos nuevos complejos habitacionales construidos por el Gobierno, pertenecen a esa nueva modalidad llamada «zonas de paz», que tienen la particularidad de que allí no pueden ingresar los cuerpos policiales dedicados a la vigilancia ciudadana.
Luego de que el Gobierno «dialogara» con las cientos de bandas armadas que operan en el país y se declarara una suerte de tregua con los grupos delincuentes, en esas zonas, la seguridad ciudadana está prácticamente en manos de los grupos que ejercen más poder en esos urbanismos.
Allí no hay condominio que valga, asociación de propietarios o siquiera comunas. Tampoco parece existir el Estado. Los que imponen las reglas son quienes ostentan mayor poder.
Algunos conocedores de ese «micro Estado» sostienen que la estructura es muy parecida a la que se ha desarrollado en las cárceles con la figura de los pranes. Es decir, son grupos armados que manejan todas las operaciones ilegales en la zona y mantienen la «paz» sobre sus habitantes, sometidos a través de la fuerza.
Ha trascendido que el incremento de asesinatos de policías, que en lo que va de año pasan de 100, estaría vinculado a un enfrentamiento declarado entre esos colectivos armados y los cuerpos policiales. Parte de las exigencias para el reconocimiento en los grupos armados es asesinar a un funcionario y tomar su arma.
El Gobierno evade el fondo del origen de tales estructuras de crimen organizado acudiendo a la figura del «paramilitar» para trasladar la responsabilidad de una supuesta «derecha» al estilo de Colombia. Nada más lejos de la verdad. Estos grupos tienen su origen y desarrollo en el modelo surgido con Chávez en 1999 y la tolerancia que ha permitido que cada día se hagan más poderosos.
Francisco Olivares
@folivares10
