Recientemente un conjunto de escándalos de corrupción sacudieron a la empresa petrolera brasileña Petrobras, al descubrirse que la compañía empleaba recursos para financiar al Partido de los Trabajadores, actualmente en el gobierno y también para engrosar el patrimonio de sus directivos. A la presidenta Dilma Rousseff no le quedó otro camino que designar a un nuevo presidente en esa corporación estatal. Pero lo que sucede en Petrobras es nada comparado con lo que acontece en Pdvsa, con la diferencia de que en Brasil castigan la corrupción y en Venezuela no.
Bajo la administración de Rafael Ramírez, Pdvsa pasó de ser una empresa superavitaria a deficitaria. Aunque parezca increíble, lo cierto es que los ingresos de Pdvsa no cubren los costos de producción y sus gastos administrativos y sociales. Ello ha llevado a que la empresa tenga que recurrir al Banco Central de Venezuela para que el ente emisor le financie el faltante entre sus ingresos y sus erogaciones. Es tan así que al cierre de 2014, la deuda de Pdvsa con el BCV alcanzó la astronómica cifra de 672.900 millones de bolívares, equivalente a 107.000 millones de dólares, a la tasa de cambio oficial. Esa deuda se pagará con una macrodevaluación del bolívar. Hace varios días se informó que en 2014 la deuda financiera externa de Pdvsa con quienes han comprado sus bonos y se han asociado con ella en la faja del Orinoco, alcanzó 46.886 millones de dólares, lo que representa un aumento de 164,3% respecto a la deuda contabilizada en 2008, la cual se situaba en 14.734 millones de dólares. Lo más grave de todo esto es que ese monumental incremento del endeudamiento no se tradujo en el aumento de un solo barril de petróleo producido. Nadie sabe para qué se endeudó Pdvsa porque no fue para expandir la producción.
Como resultado de lo anterior, a lo largo de 2015 Pdvsa deberá pagar la suma de 6.013 millones de dólares por concepto del capital y los intereses adeudados. Pero lo descrito no se queda aquí. Pdvsa ya perdió el juicio con la Exxon-Mobil y tiene que desembolsar más de 1.500 millones de dólares en los próximos meses y queda pendiente el dictamen del litigio con Conoco-Phillips, donde los especialistas afirman que Pdvsa deberá pagar a ese consorcio una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares. Pero la historia no ha acabado. Pdvsa le debe más de 5.000 millones de dólares a las empresas socias en la faja del Orinoco, a los contratistas, proveedores y a los empresarios cuyos activos fueron expropiados, en aquel torneo de demagogia que vivió el país entre 2007 y 2009 y que propició que el Estado se apropiara de un conjunto de empresas privadas, que actualmente están en situación de quiebra.
Acá conviene recordar que en 2007 el entonces todopoderoso Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y también presidente de Pdvsa, lanzó el Plan Siembra Petrolera, con el objeto de elevar la producción desde 3.000.000 de barriles por día ese año hasta 6.000.000 de barriles en 2012. Al finalizar 2012 la producción petrolera se situó en 2.900.000 barriles, 100.000 barriles diarios menos que cuando se comenzó a aplicar el plan.
Todo este relato ha ocurrido con una empresa a la que le cuesta 15 dólares de manera directa producir un barril de petróleo y lo llegó a vender 110 dólares. Está el país ante el caso de un milagro al revés. Ramírez fue defenestrado como ministro de la cartera de Energía y Petróleo y echado de Pdvsa, luego fue designado canciller por 3 meses para concluir su carrera con un cargo de consolación e ir a tomar unas vacaciones como representante de Venezuela en las Naciones Unidas.
Venezuela encara el reto de adoptar una nueva manera de relacionarse con el petróleo, uno de cuyos elementos debe apuntar a empoderar a la gente y no al gobierno en el manejo de la renta petrolera, y al unísono evitar que Pdvsa siga siendo la caja chica de un partido político
José Guerra
