Con el decreto de emisión de la criptomoneda petro, estamos frente a un nuevo fraude y a un nuevo engaño a la nación para hacerle ver al país que están tomando acciones para resolver la crisis económica.
Han anunciado la emisión de una supuesta criptomoneda que no es tal, sino que constituye una acción ilegal e inconstitucional. Quieren vender esto como novedad y la única novedad es que en el país a finales del año 2017 solo producimos 1 millón 700 mil barriles diarios. Como el gobierno ha sido incapaz de revertir la caída de la producción nacional y recuperar la industria petrolera, crea unos barriles virtuales.
Esto es un mecanismo para sostener la corrupción y el endeudamiento de la República con aproximadamente 5 mil 700 millones de bolívares adicionales a la deuda ya contraída. Por eso nos toca alertar al mundo, si este endeudamiento sigue tendrá las manos atadas el pueblo venezolano.
Esto que pretende el Ejecutivo a través de este título digital es seguir endeudando a Venezuela irresponsablemente, pretenden privatizar de facto nuestros recursos minerales y seguir hipotecando el futuro de los venezolanos. El porcentaje de deuda que el gobierno ha adquirido para no solucionar ninguno de los problemas ya supera el Producto Interno Bruto (PBI) del país, debido a que en los últimos 4 años de ejercicio económico en Venezuela la economía ha perdido más de 35 puntos del PBI.
Si vemos la realidad diaria de los venezolanos, nos preguntamos si los transportistas van a poder ir a comprar cauchos y baterías para sus unidades con petro, o si vamos a comprar con petros en farmacias o supermercados.
Por esto se aprobó un acuerdo en rechazo a la criptomoneda petro en la Asamblea Nacional, ya que este criptoactivo el cual tiene respaldo en las reservas petroleras y minerales de la nación, equivale a la contratación de deuda pública y viola taxativamente el artículo 12 de la Constitución.
Este acuerdo contempla alertar a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la ilegalidad de emisión del petro, por cuanto el gobierno intenta evitar el control sobre las operaciones de deuda pública establecida en el artículo 312 de la Constitución y procura obtener financiamiento de forma ilegal mediante la implementación de este criptoactivo.
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