Cuando el diputado Freddy Bernal, ex jefe del grupo Ceta de la PM, fue entrevistado por Vanesa Davies poco después de los acontecimientos de la Cota 905 en los que resultaron muertas 14 personas y fueron detenidas poco más de un centenar, ambos hablaron, nombraron, mejor, los derechos humanos, y fue tanto el candor de uno como la poca reacción de la otra, que recordé los viejos tiempos en que los comités de los derechos humanos de los presos políticos –entonces guerrilleros presos– eran más una fachada para continuar el trabajo político que organizaciones como el Foro Penal Venezolano.
Todavía resuenan la palabras de Bernal a la periodista que dirige El Correo del Orinoco, que la acción policial había tenido el objetivo “de proteger los derechos humanos de las personas residentes en la zona, las cuales se habían convertido en víctimas de bandas de delincuentes, que estaban apertrechadas con fusiles AR15 que les envían el FBI y la CIA”. Asombrada Davies porque esos fusiles tan exóticos pudieran traspasar los “fuertes controles” de las aduanas venezolanas, Bernal admitió que algunos funcionarios habían cedido a las presiones del dinero. Fin del capítulo.
Los marxistas de oídas y los de inspiración asiática, también los militares que saltaron la talanquera de la Escuela de las Américas a la Gran Lubianka de la KGB –de ahí que imiten sus colores en la fachada del Cuartel de la Montaña– creen más en que el fin justifica los medios y en las “órdenes superiores” que en lo que implican esas dos palabras con las que engatusan incautos: derechos humanos. Lo han demostrado en los últimos 16 años, para ellos hay dos tipos de gente: humanos, que son ellos y sus correligionarios revolucionarios, merecedores de todo, y los otros, a los que identifican como escuálidos, contrarrevolucionarios, derecha, burguesía parasitaria, apátridas y similares, que Stalin denominaba no-gente y el castrismo, gusanos y gusanera.
Basta escuchar algunas de las experiencias sufridas por detenidos en las mazmorras del Sebin u otros centros de reclusión para constatar que la recurrente excusa que los funcionarios dan a familiares, abogados y encarcelados es que cumplen órdenes superiores, que no debe extrañar que siempre, en la práctica, están por encima de los derechos humanos, el debido proceso y el Estado de Derecho, violan su espíritu y razón. Los delincuentes, señor Bernal, también tienen derechos humanos y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ah, y en Venezuela no hay pena de muerte, para nadie. Nada que vender, hubo saqueo.
Ramón Hernández
