Noticia de un allanamiento
noviembre 15, 2013 7:09 am

María Mercedes Aranguren llegó al Parlamento por el PSUV y el apoyo del exgobernador José Gregorio Briceño. Pero en 2012 abandonó las filas del oficialismo al negarse a bombearle agua contaminada a Maturín. Esto le costaría caro, muy caro.

 

En días pasados el TSJ decidió que habían elementos para que se inicie un juicio y dejó a la AN autorizar o no el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Aranguren. El anuncio lo hizo el máximo tribunal de la República justo mientras Maduro hablaba en una larga cadena nacional que impidió que los medios pudiesen difundir la noticia con prontitud y oportunidad como bien se ameritaba, dada la trascendencia e implicaciones de la medida.

 

El PSUV acusa a la diputada por presunta corrupción. Supuestamente, desde una empresa de maletín, encargada de administrar el mantenimiento del Estadio Monumental de Maturín, se cometieron irregularidades. No entraré en el fondo del caso, que conforme a lo que todos declaran, es de muy vieja data. El asunto se transformó en algo puramente político cuando ha sido ahora que se ha reactivado convenientemente para el oficialismo.

 

Todo es una jugarreta, un ardid, una maniobra perversa que no está inspirada por propósitos loables, sino para conseguir incorporar al suplente Carlos Flores, aún afiliado al PSUV, que sería el diputado 99 para que la bancada oficialista pueda aprobar la Ley Habilitante solicitada por Maduro.

 

En septiembre pasado, Aranguren denunció que se había negado a aceptar la oferta del oficialismo de meter en el congelador su caso si y sólo si accedía a ausentarse del Parlamento.

 

El pasado martes, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó levantar la inmunidad a la diputada. «Aprobado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a la diputada María Mercedes Aranguren», gritó el presidente de la Asamblea Nacional, luego de conminar a los diputados a votar por la supresión para que «continúe la investigación» a Aranguren «en los distintos niveles del Estado venezolano». A Cabello se le notaba en la cara la satisfacción del verdugo que no necesita ni desea taparse el rostro.

 

Así las cosas, Aranguren será sustituida por su suplente. ¿Para qué? Dos objetivos: Mandar un diáfano y contundente mensaje a los diputados oficialistas que los saltos de talanquera son pecado mortal en la escolástica roja rojita y que los tránsfugas pagarán carísimo cualquier acto de insubordinación y, además, sumar el voto que precisan para alcanzar la mayoría de tres quintos requerida constitucionalmente para aprobar los poderes especiales imperiales solicitados por Maduro.

 

La discusión que en la Asamblea Nacional precedió al allanamiento del privilegio parlamentario comenzó con la exposición de los peregrinos argumentos por los cuales era supuestamente necesario despojar a la diputada de su inmunidad. Pedro Carreño aseguró que la legisladora cometió actos de corrupción entre 2004 y 2010. El detalle está en que Aranguren fue candidata a la diputación de Monagas en los comicios parlamentarios de 2010 con el apoyo de Carreño y de su partido. Dijo Carreño que en 2009 en la Gobernación de Monagas, donde Aranguren era directora del Instituto de Vialidad y Transporte, se realizaron contrataciones sin licitación previa. De nuevo, en 2010, por el PSUV, ella fue candidata.

 

Pero a Aranguren también se la involucra en el acto de constitución, por parte del entonces gobernador José Gregorio Briceño, de una empresa inmobiliaria que dirigía Aranguren y que habría realizado pagos a compañías internacionales con moneda extranjera de forma irregular.

 

El 6 de noviembre, Maduro dijo que esta semana, o en dos a más tardar, su Asamblea Nacional le aprobaría la Ley Habilitante que solicitó hace un mes. Esta Ley Habilitante supone que los diputados se rinden ante el Poder Ejecutivo y le otorgan a Maduro la capacidad de legislar sin contar con el control parlamentario. Pero para que su aprobación ocurra se requiere una mayoría calificada de 99 diputados y el chavismo sólo contaba con 98. Mandar a la diputada Aranguren a la quinta paila del infierno era entonces un imperativo de poder.

 

En teoría, las leyes habilitantes cumplen el objetivo de dar juego de cintura al Ejecutivo para actuar con diligencia y prontitud en casos especialísimos de situaciones más bien extremas que así lo ameriten. En teoría, una Ley Habilitante no es un instrumento para que un gobierno haga lo que bien le venga en gana. En la práctica, Maduro querrá cortar oreja y rabo aunque el toro se los esté llevando en los cachos.

 

gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde

Por Gerardo Blyde