Quienes hemos pedido investigar a fondo y cooperar con las autoridades judiciales que en el planeta se ocupan del tema, hemos sido acusados de conspiración
Más tarde o más temprano, todo se sabe. Venezuela está viviendo otro capítulo relacionado a actividades del terrorismo y del narcotráfico. Han sido varios. Algunos de ellos disimulados por las autoridades, en protección de figuras protagónicas en el mundo civil y militar. El drama está en el ambiente y más de uno acelera el ritmo de su existencia para poner a buen resguardo fortuna, nexos, relaciones de dependencia, la libertad personal y hasta la vida misma.
Desde que el régimen chavista decidió expulsar a la DEA de Venezuela, liquidar las oficinas y el respaldo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que operaba desde Fuerte Tiuna, desarrolló una política incierta en sus relaciones tanto con ese país como con Colombia, España y otras naciones del Continente y del mundo. Esos altibajos siempre estuvieron originados en hechos concretos relativos al narcoterrorismo. Podríamos hacer el inventario correspondiente, pero siento que es innecesario. Quienes no lo saben con precisión, al menos lo intuyen con bastante fundamento.
A cada oficial denunciado, tanto Chávez como Maduro, optan por ascenderlo dentro de la jerarquía militar o se les asignan nuevas y más importantes responsabilidades políticas y administrativas como demostración del apoyo total a sus acciones. Los señalamientos más importantes han sido por parte de la DEA, de la Audiencia Nacional de España y de la Colombia presidida por Álvaro Uribe Vélez. Se trata de expedientes completos, precisos y públicos, la mayoría de ellos. La respuesta del Gobierno venezolano ha sido la de presentarse como víctima de una guerra de exterminio del imperio americano en contra de la revolución socialista del siglo XXI.
Quienes hemos pedido investigar a fondo y cooperar con las autoridades judiciales que en el planeta se ocupan del tema, hemos sido acusados de conspiración, estigmatizados y sometidos al silencio de unos medios de comunicación controlados total o parcialmente por el Gobierno. En lo personal fui condenado a dos años de prisión con pena sustitutiva de prohibición para salir del país. Llevo cuatro, sin ni siquiera pasaporte. Pero la justicia es como el trapiche de Dios, tardía pero segura. Lo de Carvajal es importante, pero lo máximo está por venir.
Por Oswaldo Álvarez Paz
oalvarezpaz@gmail.com
