Las discusiones en República Dominicana han resultado tan complicadas y ha sido imposible llegar a acuerdos sobre el tema clave, las condiciones electorales, porque el régimen de Nicolás Maduro decidió ignorar la opinión nacional y desafiar la comunidad internacional, que no aprueba que en Venezuela, principal potencia petrolera del hemisferio, se entronice una dictadura totalitaria, alineada con los países más autoritarios del planeta: China, Rusia, Bielorrusia, Turquía, Irán y Cuba. Nicaragua no entra en esa lista, porque es insignificante; y con el atolondrado de Corea del Norte ningún país desea asociarse.
Maduro y sus aliados están convencidos de que perderían por paliza unos comicios en los cuales se cumplan las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aprobada en 2009, en plena apoteosis de la hegemonía chavista, cuando el Comandante gobernaba a sus anchas, sin contrapesos de ninguna naturaleza, pues mantenía el control absoluto de la Asamblea Nacional. Quienes redactaron ese instrumento fueron personas allegadas al jefe supremo, y quienes lo sancionaron en Cámara plena fueron sus incondicionales diputados. Ningún adversario estuvo presente en esa sesión. Maduro no puede alegar que la LOPRE constituye una trampa de la oposición, del imperialismo o de algún otro de esos enemigos imaginarios que inventa para justificar sus entuertos y desafueros. Esa ley no ha sido reformada por la legislatura instalada en enero de 2016, en la cual la oposición cuenta con dos tercios de los diputados. Lo único que pide la Mesa de la Unidad Democrática es que se aplique la ley sancionada de forma casi unánime por el oficialismo.
El régimen evade sujetarse a la LOPRE porque lo que le parecía imposible en 2009, perder el poder por la vía electoral, hoy le luce inevitable. La paradoja consiste en que, obligado a realizar las elecciones presidenciales, cómo organizarlas de modo tal que asegure de antemano la victoria de Maduro. La respuesta es obvia: violando todas las normas, preceptos y condiciones que ellos mismos juraron respetar hace nueve años.
No aceptan auditar y depurar el Registro Electoral Permanente, no admiten la supervisión internacional, no permiten que los venezolanos que viven en el exterior voten, no acceden a eliminar los puntos rojos colocados cerca de los centros de votación el día de las elecciones, proscribieron la tarjeta de la MUD, mantienen inhabilitados a algunos de los principales líderes de la oposición y a otros los encarcelaron o desterraron. A la Asamblea Nacional la condenaron al purgatorio. Más importancia posee el portero de Miraflores que el Presidente del principal foro político nacional. En contrapartida, aspiran a que la oposición se subordine a la constituyente y salga presurosa a exigir el levantamiento de las sanciones contra los funcionarios que han sido acusados de violar los derechos humanos, decisión absolutamente soberana tomada por numerosos países, entre ellos los de la Unión Europea, fundamentada en los informes de sus embajadas en Venezuela y en la imágenes registradas por los corresponsales y fotógrafos que han cubierto las protestas en el país.
El gobierno quiere todo, sin ofrecer nada importante a cambio. Aspira a legitimarse ante el mundo, si es que tal cosa resulta posible, sin ceder ni un ápice en sus pretensiones hegemónicas. Se comporta como si fuese un gobierno exitoso, popular y valorado por la comunidad nacional e internacional, cuando en realidad es el gobierno peor evaluado en la historia venezolana y el más desacreditado en América Latina, tanto que la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima en marzo, se encuentra seriamente comprometida.
Aunque hasta ahora nadie ha firmado el acta de defunción de la ronda de Santo Domingo, parece inevitable el fracaso de las negociaciones. Este lamentable desenlace obliga a la oposición a repensar la participación en las apresuradas elecciones convocadas por el régimen. Si decide asistir, la abstención afectará con brutal dureza a la oposición. No hay tiempo para modificar la opinión de los sectores radicalizados que se resistieron desde el comienzo a acudir al encuentro en la isla caribeña. Si no participa, el desafío será cómo capitalizar el ausentismo y promover las acciones que destronen al gobierno ilegítimo que surja de las urnas electorales. Esta tarea en nada resulta sencilla. Las victorias de la oposición siempre han surgido de la concurrencia a los procesos electorales, nunca de la abstención.
El tiempo apremia. La presión internacional para que el régimen dé un giro que permita pensar en elecciones libres y equitativas, no termina de doblegarlo. Maduro parece decidido a gobernar sobre tierra arrasada con el respaldo de sus amigotes nacionales e internacionales. ¿Qué vendrá después del naufragio de Santo Domingo? Nadie lo sabe, aunque sí podemos asegurar que habrá más hambre y miseria.
@trinomarquezc
