A los venezolanos nos resulta difícil descifrar lo que ocurre en Mercosur. Para entenderlo será necesario remontarnos unos años atrás.
Hasta el 2006 Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con la cual manteníamos un saldo positivo en la balanza comercial; es decir, exportábamos más de lo que importábamos.
Sin embargo en el 2006, por diferencias con el presidente Uribe, Chávez anuncia su decisión de denunciar el tratado: “la Comunidad Andina de Naciones -afirmó- está herida de muerte y hoy puedo decir que está muerta”, e inicia gestiones para ingresar al Mercosur. Curiosamente a la CAN le ha ido muy bien y al Mercosur muy mal.
Los miembros del Mercosur eran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Estos países veían con interés el mercado venezolano, ya que los altos precios del petróleo brindaban oportunidades para aumentar sus exportaciones hacia nuestro país, en tanto que las nuestras no eran competitivas. Para ellos era una situación ganar ganar. En aquel entonces todos esos mandatarios eran políticamente afines al Foro de Sao Paulo.
Sin embargo en el 2012 el presidente de Paraguay confronta severas dificultades. Conforme a lo establecido en el art. 225 de la Constitución de ese país, el Congreso paraguayo toma la decisión de separar del cargo a Fernando Lugo, “por mal desempeño de sus funciones” con el voto favorable de 76 de los 77 diputados y 39 de los 43 senadores, que incluían a sus propios partidarios.
El entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, se traslada a Paraguay para tratar de impedir aquella decisión, entre otras cosas, porque el ingreso al Mercosur de nuestro país dependía del voto unánime de sus miembros y era obvio que un nuevo gobierno no daría su consentimiento.
Aquella misma noche en una suerte de componenda extraña los presidentes Pepe Mujica de Uruguay, Dilma Rousseff de Brasil y Cristina Kirshner de Argentina suspenden al Paraguay del Mercosur e, intempestivamente, aceptan la incorporación de Venezuela a la organización, condicionándola a una serie de requisitos que Venezuela se comprometía a cumplir. Aquella decisión, tomada entre gallos y medianoche, habría de acarrear serias dificultades en el futuro.
Volvamos al presente. De conformidad con los estatutos del Mercosur, la presidencia “pro tempore” de la organización se rota cada 6 meses en orden alfabético entre sus miembros. El lapso del Uruguay acaba de concluir y, en función a dicha norma, la presidencia debería corresponderle a Venezuela.
Pero en la actualidad en los países de Latinoamérica se ha producido un cambio importante en el rumbo de los vientos políticos. Ya no están ni Lula, ni Dilma, ni Pepe Mujica, ni los Kirshner, ni Fernando Lugo. La inmensa mayoría de los nuevos mandatarios no simpatizan con el modelo que impera en Venezuela.
Vencido el período del Uruguay, la canciller de Venezuela autoproclama que asume la presidencia del Mercosur alegando que no existen otros condicionamientos en sus estatutos más allá del orden alfabético. Uruguay, por su parte, afirma que vencido su período, está obligada a entregar.
Sin embargo, los otros presidentes no están de acuerdo y sostienen que conforme a esos mismos estatutos todas las decisiones deben ser adoptadas por consenso y, además, que el traspaso debe producirse en un acto con la presencia de todos los mandatarios. Ni Brasil, ni Paraguay, ni Argentina están dispuestos a asistir a tal ceremonia.
Alega además el canciller de Brasil, José Serra, que Venezuela no ha cumplido con los pre requisitos a los cuales se comprometió hace 4 años al adherirse y, por tanto, no puede asumir la presidencia de la organización. Además, coinciden en afirmar que la democracia en Venezuela está cuestionada y que la presidencia del Mercosur no puede estar en manos de un país donde haya presos políticos.
Declara el canciller de Paraguay: “El protocolo (de Ushuaia) señala como una condición, yo diría que ‘sine qua non’, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de movimientos, la libertad de asociación”.
Corre por tanto el régimen venezolano el riesgo de que le sea aplicada la Cláusula Democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia, equivalente en el Mercosur a la Cláusula Democrática Interamericana de la OEA, o quizá, que se declaren incumplidos sus compromisos al adherirse, suspendiéndose por tanto su membresía.
Como corolario podemos afirmar que el régimen luce cada vez más aislado y que la permanente conflictividad que ha caracterizado la política exterior de Venezuela en los últimos años no puede ser la indicada para asumir la defensa de los intereses geopolíticos de un Estado, que no deben estar supeditados las inclinaciones coyunturales de un gobierno.
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@josetorohardy
