La sucesión de acontecimientos de protesta ciudadana inútilmente ignorados por la propaganda oficialista y que nos ha colocado en la mira de las naciones, no puede pasar por alto hechos extremadamente graves que constituyen la más fehaciente prueba de la violación sistemática de los derechos humanos.

Con motivo de las manifestaciones pacíficas y justificadas, con expresiones de violencia originadas en la represión de quienes tienen la obligación resguardar la seguridad y el ejercicio legítimo de un derecho y no han cumplido con su deber, como lo ha exigido la propia fiscal general, siendo por lo demás necesario acreditar en un proceso con garantías la autoría y responsabilidad a título personal, ha mostrado una vez más la terrible imagen de un Ejecutivo que exhibe videos ilegales, evidencia del más grosero abuso del poder, de la injerencia indebida en la administración de justicia, del franco irrespeto a la reserva de supuestas actas de una investigación penal, del desprecio por los derechos ciudadanos y de la “justificación” de prácticas inmorales y delictivas que se llevan a cabo para arremeter contra la disidencia política.

En los últimos días hemos podido ver, a través de los medios, la descarada presentación de grabaciones vergonzosas que recogen “confesiones” de quienes de una sola vez son calificados como “terroristas” y que, en razón de su delación, obtenida por artificios o coacción, con las características de las más abominables torturas, se pretenden utilizar con el fin de incriminar a dirigentes políticos que serían los “autores intelectuales” de los hechos imputados en procedimientos llevados a cabo por “cuerpos de inteligencia militar”.

Estas actuaciones, lesivas a la dignidad humana, violatorias de los derechos consagrados en la Constitución, ajenas de un todo al sistema de libertades y a las exigencias de una verdadera democracia, deben ser rechazadas de la manera más enérgica por todos los venezolanos.

No corresponde al Poder Ejecutivo detener, investigar enjuiciar y condenar al margen de la ley; carecen de todo valor confesiones obtenidas por la coacción,  la tortura o tratos crueles y -una vez más-, debe afirmarse rotundamente que no pueden ser cumplidas  órdenes superiores ilegales, dado que no existe en Venezuela obediencia ciega, sino reflexiva, a pesar de algunas disposiciones preconstitucionales del Código de Justicia Militar, siendo, por lo tanto, responsable por el delito cometido y, en particular por un hecho grave de tortura, quien da la orden y quien la cumple.

Sin duda, estos hechos, capítulo adicional del bochorno y la vergüenza de las persecuciones de cualquier forma de oposición política, le asestan un brutal golpe a la justicia, en manos de operadores del régimen y busca contribuir al ocultamiento e impunidad de los responsables de la violencia que son condenados por la conciencia democrática.

 
Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

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