Los sancionables no son todavía los “extraditables” (aquellos narcotraficantes colombianos que fueron capaces de perpetrar una guerra civil para evitar ser juzgados en tribunales de Estados Unidos), pero no hay dudas que están en la ruta de vestir un día el uniforme y el gorro infamantes de la justicia internacional.
Aun más: yo diría que con sus atropellos y violaciones masivas de los derechos humanos ejecutados día y noche, -y por todos los rincones de Venezuela-, ya son los brazos armados de una guerra civil, llevada a cabo con el solo propósito de respaldar un estado forajido que es el único refugio del mundo donde podrían continuar delinquiendo y malviviendo.
Sus asesinatos, torturas y vandalismo están documentados, ruedan en films, videos y fotografías por redes sociales, cableras, canales de televisión y emisoras de radio del planeta, donde no solo son acusados por sus víctimas, sino por testigos y autoconfesiones que dejan pálida a la bestialidad nazi.
Representan una secreción, una costra, un coágulo de la delincuencia política que emergió con los totalitarismos de izquierda y derecha del siglo XX, de la que barrió con los valores de la civilización occidental proclamados a partir del Renacimiento, pero no por impulsos de conquista, o de predominio racial, religioso o cultural, sino con la promesa de conducir a la humanidad a la tierra prometida e instaurar el reino de Dios en la tierra.
Que no es, ciertamente, lo que inflama el regusto por la violencia de Luisa Ortega Díaz, Gladys Gutiérrez, o Gabriela Ramírez, para hablar solo del trío que “sin motivo aparente” decidió un día prestarse a borronear unas leyes para que los asesinos tengan “licencia para matar”, y ellas, presumiblemente, un sueño tranquilo.
Como seguramente también lo tienen Maduro, Cabello, Ramírez, Jaua, Rodríguez Torres, Quevedo, Padrino López, Vielma Mora, Noguera Pietri, Rangel Silva, Rojas Figueroa, Rangel Gómez, Benavides, y otros, al parecer sorprendidos en un viaje hacia el horror del cual, ahora, no tienen tiempo para inmutarse, detenerse o arrepentirse.
Siguen, por tanto, disparando, matando, torturando, lanzando bombas lacrimógenas, perdigones y balas, sin duda decididos a no ir al banquillo de los acusados sino con la mayor cantidad de cómplices posibles.
Desde La Habana los saludan y sonríen dos dictadores octogenarios, en realidad dos momias, con más de la mitad de sus cuerpos bajo tierra, pero que por una extraña razón “los tomaron” y son los únicos criminales que aceptan como jefes y patrones.
Es parte de la fractura psicológica de estos nuevos fanáticos de la asfixia por gas que, no solo se han prestado al degüello de Venezuela por encargo, sino que la reducen por hambre para que un totalitarismo sobreviviente del siglo pasado pueda abrirle paso a una dinastía.
Pero hay también mucho narcotráfico de por medio, la utilización de la engañifa de la revolución y el socialismo para que las fronteras nacionales sean la nueva puerta de ingreso de la cocaína que se procesa en Colombia hacia el Caribe, Centro, Norteamérica y Europa.
El “Cártel de los Soles” lo llaman, aliado de sus iguales en Colombia y México, responsable de que, de repente, el territorio de la República se convirtiera en una sola pista clandestina por la que, centenas de toneladas del alcaloides, salen mensualmente a los mercados donde se trasforman en cientos de miles de millones de dólares.
Con muchos muertos encima, dicen, como los periodistas Mauro Marcano y Orel Zambrano, o gobernadores como Jesús Aguilarte, de Apure, o de aquel general, Wilmer Moreno, todos asesinados sin que jamás se supiera quien, o quienes, activaron el arma homicida.
Comentan que su “última víctima” pudo ser el capitán y exalto funcionario, Eliécer Otayza, desaparecido y masacrado en circunstancias tan misteriosas que solo un ajuste de cuentas entre oficialistas podría explicarlo.
Lo sugieren las “confesiones” de algunos desertores del clan como Walid Mackled, Aponte Aponte y Rafael Isea, el primero pudriéndose en una mazmorra del SEBIN en Plaza Venezuela por haber chocado con una rama del cártel que le peleaba mercados, y los dos últimos exilados en Estados Unidos después de acogerse a un “Programa de Protección de Testigos”.
En sus testimonios se habla de fortunas amañadas al conjuro de la seguridad ofrecida a los capos colombianos para que traseguen por las fronteras, alcabalas, puertos y aeropuertos del país sin ser molestados y extiendan sus tentáculos hasta la lejana África sub-tropical.
Jeques, en fin, del oro blanco, porque los otros, el amarillo y el negro ya fueron rematados en pago de alianzas internacionales para que las mafias no sean abandonadas a su suerte y cuenten con votos sustentados en el más escandaloso desvalijamiento que se ha perpetrado contra cualquier país.
Pero eso, en cuanto al exterior, por que en lo que se refiere a la plataforma interior, al “lebensraum”, bueno, si hay que ir a la guerra, tal como lo hizo Pablo Escobar y compañía en la Colombia de los 90, y los Arellano Félix, y el “Chapo” Guzmán en el México de hoy…¡hay que ir a la guerra!.
La de aquí es, sin embargo, una situación distinta, distintísima, y de una novedad que seguramente obligará a reescribir la historia de la delincuencia organizada en el siglo XXI, pues se trata de la primera vez que un narcoestado, con sus políticos y generales al frente, arremeten contra una sociedad civil que los denuncia por constituirse en una dictadura que arremete de manera masiva y criminal contra los derechos humanos.
Un agavillamiento sin precedentes de seudoinstituciones estructuradas como herramientas del dictador, adueñadas de las riquezas del país y dilapidadas para fortalecer su poder, bien a través de la compra de alianzas, de armas de todo calibre, y del servicio de mercenarios, tal los cuerpos de represión cubanos involucrados en la muerte, tortura y detención de jóvenes manifestantes venezolanos en los últimos de tres meses.
Una dictadura llamada con toda razón postmoderna, pues es la primera que se combinan socialismo con narcotráfico, petróleo con pobreza generalizada, inflación de casi el 100 por ciento y una libreta de racionamiento “a la cubana” que es un anuncio anticipado de la hambruna.
Y persecución, denuncia, acoso y asfixia por parte de los organismos multilaterales a este régimen militar-cívico en poco diferente a los dictadores que hasta hace poco gobernaron Miannmar (exBirmania), o los seudorrevolucionarios que todavía, con Mugabe al frente, despedazan Zimbawue.
El mundo, en fin, de los sancionables que pronto serán “extraditables”, no importa los asesinatos que comentan y que, a diferencia de Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán, tengan un narcoestado a su favor.
Decididos a extremar el crimen hasta la locura, como que hay una sociedad civil democrática que jamás les dará tregua.
Manuel Malaver
