Nicolás Maduro sabe que el tiempo que le resta en Miraflores depende casi exclusivamente de la eficacia de la maquinaria de extorsión, terror y represión que sea capaz de armar.
Recuperar el sistema eléctrico e hidráulico para aliviar las penurias de la gente cuesta demasiado dinero. Mucho más del que puede conseguir en los mercados internacionales. El bloqueo financiero que lo acosa lo mantiene asfixiado. Sus socios rusos y chinos no se muestran dispuestos a costear la recuperación de esas redes, destruidas por la incompetencia y corrupción de los gobernantes. Ellos saben que allí residen las verdaderas causas del desastre. Nada que ver con los ataques terroristas cibernéticos, electromagnéticos o babosadas parecidas. Nadie más peligroso que un madurista al frente de un servicio que requiere conocimiento del área y un plantel de profesionales y técnicos de alto nivel.
El relanzamiento económico luce igual de lejano. ¿Quién en el mundo de los negocios tendrá la osadía de invertir grandes capitales en Venezuela, donde no existe seguridad jurídica, el servicio eléctrico es una calamidad, por los grifos no sale agua, sino barro, las vías de comunicación, los puertos y los aeropuertos dan pena y buena parte del personal clasificado ha huido? Venezuela está quedando para que vengan los saqueadores de tumbas, los garimpeiros y los depredadores de todo género, dispuestos formar parte de la red que destruye el ambiente y se lleva el petróleo, el oro, los diamantes, la bauxita, el coltán y todas las demás riquezas que Maduro les permite.
Maduro se encuentra incapacitado para resolver las demandas de la sobrevivencia cotidiana. Con él se agravarán todas las carencias que hoy padecemos.
Si quiere seguir gobernando en medio del caos que ha provocado, Maduro tendrá que intentar demoler todo vestigio de democracia, pensamiento crítico y organizaciones independientes. Esta, al menos, será su intención. No logra cristalizar sus aspiraciones por dos razones básicas: el país ha sacado fuerzas del subsuelo para encararlo y la comunidad democrática internacional de la región y de buena parte del planeta, se le plantó de frente. Para Maduro, 2019 ha sido un año de sorpresas desagradables. Juan Guaidó se convirtió en el líder indiscutible de una oposición renacida y la figura en torno de la cual se aglutina la mayoría de las fuerzas que se oponen al régimen. La comunidad internacional actúa con un nivel inusual de compromiso y solidaridad con los demócratas venezolanos. La entrada progresiva de la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja, la victoria obtenida en la OEA con el reconocimiento a Gustavo Tarre y el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, representan muestras inequívocas del compromiso de las naciones democráticas con Venezuela. A Maduro solo lo acompañan las dictaduras del continente y del mundo, o gobiernos como el de López Obrador, atrapados por la telaraña que la izquierda cavernícola tejió desde hace décadas en América Latina.
En medio del aislamiento, impopularidad y quiebra financiera que lo agobian, Maduro optó por redimensionar el sistema represivo que lo resguarda. Le teme a las FAN. No confía en el Ejército, la Aviación, ni la Marina, a pesar de intenso proceso de fanatización ideológica al que esos componentes han sido sometidos. Viró hacia la Guardia Nacional, que fue desdibujándose progresivamente. Los esfuerzos que se realizaron en el pasado por profesionalizarla se olvidaron. Ahora es un aparato de choque, que reprime a mansalva y se ha incrustado en el esquema construido a lo largo de dos décadas, cuyo centro reside en la corrupción. Junto a la GNB, el sistema represivo madurista está compuesto por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), la Milicia Bolivariana y los colectivos. Los cuatro primeros cuerpos poseen un revestimiento formal. Al menos en su forma jurídica, son órganos del Estado. Se financian con fondos públicos y aparecen en un renglón del Presupuesto Nacional. Esta característica obliga a Mauro a guardar algunas apariencias formales. Deben sujetarse a ciertos códigos y normas jurídicas.
En cambio los colectivos, llamados ahora ‘cuadrillas de paz’, son agentes libres. Grupos paramilitares. Irregulares dispersos integrados por delincuentes que actúan en misiones ad hoc. El régimen los financia con fondos de la Nación, pero sin que nadie sepa cuál es la procedencia de esos recursos, ni estén sometidos a ningún control o supervisión institucional. Nadie conoce la partida del Presupuesto donde aparecen. Su naturaleza ilegal los convierte en un arma mortal al servicio irrestricto de Maduro.
La ONU declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. Igual debería suceder con los colectivos armados. Sería un golpe noble al instrumento represivo más brutal con el que cuenta Maduro. Eje de su sistema represivo informal.
Trino Márquez
@trinomarquezc
